Una inminente reforma al sistema de pensiones que ya se estudia en secreto en la Asamblea Legislativa, será presentada de forma oficial “después que terminen las elecciones” presidenciales, según confirmó ayer el presidente Mauricio Funes.
Las reformas saldrían de un diagnóstico que ya tienen en sus manos los diputados de la Asamblea y que propone un aumento en la edad de jubilación, la eliminación de la pensión vitalicia e incluso volver al sistema de reparto, entre otras medidas.
Pero a pesar de que el mismo Presidente consideró que el tema “es serio”, decidió dejarlo para el final de su mandato y después de las elecciones pues a su juicio, haberlo discutido antes hubiera “distorsionaba el debate”.
“Existe un proyecto de reforma. Está en mi despacho pero lo voy a discutir con los diputados después que pasen las elecciones, que pase esta calentura electoral porque en calentura electoral se distorsionan las cosas”, afirmó.
Agregó que el tema fue “sondeado” con los diputados y que ninguno de ellos tuvo interés en discutirlo. Lo mismo pasó con el tema de los impuestos, para el que también hay un proyecto de ley que aumentaría los tributos.
“Sondeamos con los diputados y ellos no tenían interés en discutir tema de impuestos y pensiones”, dijo el mandatario.
Funes aseguró que “someterlo en la Asamblea en un momento en el cual se está decidiendo la primera magistratura, distorsiona el debate”, a pesar de que ambos temas hacen presión en las finanzas públicas cada día que pasa.
La “papa caliente” será presentada a la Asamblea Legislativa antes que termine esta administración.
El interés por discutir el tema llega a tan solo pocos meses de que el Gobierno termine sus funciones. “El tema es serio”, dijo Funes.
Durante los cincos años de esta administración no se hizo ninguna reforma crucial para elevar la rentabilidad de los pensionados, o para permitir a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invertir el dinero en el exterior para que lograran más ganancias.
Y la única modificación que este gobierno promovió en la Asamblea Legislativa no fue precisamente para mejorar las futuras pensiones de los jubilados pues solo modificó la Ley para elevar la cantidad de dinero que el Gobierno puede tomar de los fondos de pensión del sector privado. En 2006, durante la administración de Antonio Saca, se aprobó una reforma que obligó a las AFP a invertir el 30 % de sus fondos en certificados del Estado. En 2012 y bajo solicitud del Ministerio de Hacienda, la Asamblea aprobó elevar ese porcentaje al 45 %, con lo cual, casi la mitad del dinero de los cotizantes actuales es prestado al Estado para que pueda pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.
Las nuevas reformas que serán presentadas a la Asamblea Legislativa están basadas en un diagnóstico que la Superintendencia del Sistema Financiero y el Ministerio de Hacienda solicitaron hacer para conocer las ventajas y desventajas del actual sistema, privatizado en 1998 y que además contiene sugerencias para mejorar el sistema.
Según ha adelantado el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, las medidas no serían del agrado de los trabajadores salvadoreños, pues éstas van desde la disminución de los beneficios para los actuales cotizantes, así como el aumento en la edad de jubilación y los años de cotización.
Cáceres ha dicho, incluso, que podría eliminarse el decreto 100, que también fue aprobado en septiembre de 2006, y que le dio a más de 130 mil personas el beneficio de recibir una pensión de por vida.
También estarían contenidas reformas para aumentar la rentabilidad de las cotizaciones, que a la fecha no ganan lo suficiente, por estar amarradas a las inversiones obligatorias que las Administradoras de Fondos de Pensión deben hacer al Estado y las restricciones que hay para invertir en el exterior.
De ese 45 % de dinero prestado, el Gobierno solo paga una tasa de interés del 1 %, que no permite que las cotizaciones de los trabajadores se multipliquen y que, por tanto, no les garantiza una buena pensión en el futuro. Sin embargo, el Gobierno paga a otros inversionistas extranjeros una tasa de mercado de entre 8 y 9 % cada vez que les presta dinero.
Durante la campaña presidencial, solo el candidato y ex presidente Antonio Saca propuso subir las pensiones a los jubilados. Los otros dos candidatos presidenciales no detallaron cuáles serían sus propuestas sobre este tema.
Presión a las finanzas
Las pensiones son el talón de Aquiles de las finanzas del Estado. El mismo presidente Funes dijo ayer que la deuda previsional crece $400 millones cada año, es decir, unos $33 millones al mes y un poco más de $1 millón cada día.
Según la presidenta de la AFP Crecer, Ruth de Solórzano, son más de 100,000 las personas que se contaban cuando al ISSS y al INPEP se les acabó el dinero para pagar a los jubilados. Además había otro medio millón de personas que alguna vez cotizaron al sistema público y que luego se pasaron al sistema privado.
De Solórzano explica que pagarle a ese número de personas es mucho más sagrado que pagar la planilla de empleados del Estado pues es un compromiso adquirido por ley que debe honrarse sí o sí.
Pero la administración del dinero público que se hizo en el gobierno de Antonio Saca hizo que el Gobierno no tuviera dinero para pagarles, por lo que se creó la reforma de 2006 que obligó a las AFP a prestarle al Estado.
El presidente Funes reconoció que esta reforma fue una solución parcial al problema, pero que no impidió que la deuda fuera creciendo año con año. Aún así, no se planteó ninguna reforma al respecto.
Actualmente la deuda total del país representa el 56.6 % del Producto Interno Bruto, pero de ese total, un 11 % es deuda previsional que crece todos los días por la presión de las pensiones que deben pagarse a los jubilados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y los que se afiliaron al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), que suman unas 100,000 personas.
El Gobierno asegura que esta es una “deuda heredada” y se niega a verla como un compromiso adquirido por ley.
Las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) insistieron en que el tema se discutiera con total seriedad y bajo argumentos técnicos, pero las autoridades no movieron el tema.
Rentabilidad
La rentabilidad es el punto clave para que las pensiones pudieran mejorar en los próximos años, pero la que menos se discute a la hora de discutir el tema. Pese a que las AFP han insistido en que se aprueben más facilidades para la inversión del dinero, el Gobierno sigue sin aprobar mejoras a ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, y no elimina las restricciones para invertir en el exterior, lo que permitiría a los cotizantes, obtener mejores tasas de interés de mercado.
En la Corte Suprema de Justicia también se estudia una demanda de inconstitucionalidad por los bajos intereses que paga el Gobierno por utilizar los fondos de los cotizantes.