Los altos índices de violencia han dañado a los sectores económicos más vulnerables del país. Lamentablemente, la criminalidad también ha sido el talón de Aquiles de la pequeña y mediana empresa (Pymes).
La extorsión ha sido uno de los principales motivos por los que muchos empresarios optan por cerrar sus negocios y buscar la clandestinidad, al incorporarse al sector informal del comercio.
De esa forma los empresarios se mantienen en movimiento constante y logran evadir el inminente peligro al que ellos se enfrentan. En muchos casos, según explica Víctor Rodríguez, presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), algunos empresarios simplemente cierran actividades y trasladan sus negocios bajo otro nombre al sector informal.
Esto se traduce en un impacto significativo a la economía y en el pago de impuestos, pues se calcula que el sector informal ha crecido aproximadamente un 45 % a nivel nacional.
De acuerdo con Ernesto Vilanova, presidente del Consejo Nacional de la Pequeñas Empresa de El Salvador (Conapes), se estima que más de 10 millones de dólares se pierden en un lapso de 6 a 8 meses cuando las empresas cierran sus actividades.
Vilanova expresa que en cuanto a las extorsiones, la pequeña empresa ha sufrido una pérdida de dos millones de dólares anuales, aproximadamente.
En un comunicado emitido por Conapes, se establece el grave impacto de la delincuencia para el sector, considerando que entre dos a tres empresas se cierran mensualmente debido a las extorsiones.
Con esto, el Consejo expresa que “el crimen organizado y las pandillas tienen una influencia directa y son el principal obstáculos para el crecimiento”. El comunicado detalla que Conapes presentó hace siete meses una investigación en donde señaló que las actividades delictivas incrementarían a finales del 2013 y principios del 2014.
De igual forma, establece que no existe un plan para bajar los índices delincuenciales en las zonas más vulnerables del país como Mejicanos, Apopa, Soyapango, Lourdes y Armenia, entre otros.
Para Conapes, es inaudito que no existan programas por parte del Gobierno para combatir la violencia y los daños colaterales que esta trae.
Con argumentos similares, Víctor Rodríguez opinó que “el estado debería darle la importancia que se merece ya que las pymes representan el 96 % de la economía”. Continuó diciendo que el Gobierno no ha generado las condiciones necesarias para crear un desarrollo propicio de este sector.
Sin soluciones
Ernesto Vilanova considera que es difícil argumentar alguna posibilidad de disminuir la fuga de empresarios al sector informal, debido a que no está a disposición del sector minimizar el impacto. Es aquí en donde debe intervenir el estado mediante políticas contra el crimen; sin embargo, agregó Vilanova, estas no existen.
Para los pequeños empresarios, las extorsiones son el impacto más duro que han recibido; actualmente es el problema que más les ha afectado. La problemática reside en que muchos empresarios deciden pagar la renta impuesta con tal de no ser expuestos a problema alguno.
Rodríguez dijo que la mayor preocupación del sector es que no se han brindado propuestas concretas por parte de los candidatos presidenciales, lo cual pone a las pymes a la expectativa del nuevo Gobierno.