El peso significativo que ejercen sobre las finanzas públicas los $21,000 millones de deuda previsional ( que viene desde 1969 como herencia del sistema antiguo) mantiene complicado el panorama de mediano plazo para los trabajadores del nuevo sistema, quienes solo reciben 1.14 % como tasa de interés por la compra de Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Estos bajos intereses limitan la generación de rentabilidad, y presagian una baja pensión para los futuros pensionados.
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), reconoce que si no se cambia el esquema actual las pensiones futuras se verán afectadas.
Además, señala, la posibilidad de una reforma integral de pensiones, no solo pasa por elevar la edad de jubilación, incrementar la tasa de cotización o reducir los montos de pensiones a determinadas edades; también conlleva buscar un sistema que cuente con un 100 % de financiamiento “sin deuda”, para derramar más beneficios, confirmó René Novellino, presidente de Asafondos. “Tenemos que recordar que el sistema actual se formuló deficitario. Se subestimaron los riesgos en función de los beneficios. Por ello es que cambiar el sistema no implica eliminar la deuda, pero puede asumirse con menor presión hacia el Estado”, reconoció.
Por ello, el principal punto pasa por comenzar a modificar la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, porque así se puede establecer un monto mínimo de interés para los CIP, ya que actualmente, recae el cálculo según la tasa Libor, cuando lo ideal sería definir una tasa local como referencia más una sobretasa y un rango interés mínimo y máximo.
En un ejemplo aleatorio actual, de cada $100 del fondo de pensiones , $53 se usan para el Fideicomiso que apenas paga una tasa máxima de
1.37 % de interés. Ahí se vuelve imperativo mejorar la rentabilidad hasta en un 5%, porque de este modo se podrá mejorar la pensión hasta en un 25 %, sintetizó Novellino.
Lo otro que el experto reconoció es que las AFP están limitadas por la ley para comprar emisiones de bonos, por lo que se debería de plantear varias opciones en las que se puedan financiar proyectos productivos, como sucede en varios países sudamericanos, donde con lo que cotiza el trabajador, se logran costear obras pública y de logística, aunque esto también requiere agilizar el estudio y la aprobación de la Ley de Fondos de Inversión.
“Los fondos de los salvadoreños deben de contar con más alternativas de inversión para que el riesgo esté diversificado y se accedan a más mecanismos de contingencia, dándole incluso al país inversionistas institucionales para financiar proyectos productivos”, indica el Diagnóstico de Pensiones de Asafondos, realizado por el mismo Novellino.
Esto permitirá evitar circunstancias como cuando las AFP tuvieron que comprar en junio de 2013, emisiones de bonos con baja calificación del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), u otros mecanismos que conlleven riesgo para las pensiones de los salvadoreños.
Otras propuestas válidas
Mientras el actual gobierno continúa sin asumir el peso del problema fiscal para las arcas del Estado, Asafondos recomienda que se pueden desarrollar figuras de ahorro previsional voluntario, cerrar espacios de evasión y establecer pensiones escalonadas según el tiempo de cotización, procurando así que más personas reciban su jubilación.
El otro elemento crucial es aumentar la cobertura, algo que trasciende el tema de las pensiones, porque se necesita contar con una base más sólida de la Población Económicamente Activa (PEA) en el sector formal, algo que por el momento no sobrepasa el 45 %, según Novellino. “En un sistema de recursos limitados, elevar la edad es una forma de diferir el problema. Si la tasa (de rentabilidad) no la maneja el Estado, sin duda que la pensión puede ser más alta”, finalizó el representante de Asafondos.
Cuando se terminaron las reservas técnicas del viejo sistema que administró el Seguro Social (ISSS) y el INPEP, se acumularon $343 millones en reservas, con lo que se le pagó a los trabajadores que se indemnizaron en la transición al sistema de capitalización, flujo que se terminó en 2002 y que luego, en 2006, dio paso a los Fideicomisos para seguir cubriendo ese pago.
Se calcula que más de 1.8 millones de salvadoreños nunca cotizaron al sistema anterior.