Justo hace una semana, la Dirección General de Aduanas implementó el cobro de 18 dólares por la revisión no intrusiva a las mercancías que ingresan o salen por las diferentes fronteras de El Salvador.
El cobro de la tasa por las inspecciones con rayos X son parte de un proyecto de modernización de las aduanas impulsado por el Gobierno y dado en concesión por 10 años a la empresa Cotecna-Smith.
Sin embargo, las fallas que se registraron desde el primer día en el sistema electrónico de las aduanas dejaron en evidencia que no estaba listo para su implementación.
La prisa se tradujo en un caos que motivó a los transportistas de carga a estacionar los furgones en los pasos fronterizos en señal de protesta.
Los costos al comercio intrarregional, luego de una semana de caos en las fronteras, son incalculables, sostienen las gremiales del sector privado. Lo cierto es que muchas empresas tendrán que pagar multas o fianzas por no entregar a tiempo los pedidos, otras simplemente pierden credibilidad ante sus clientes.
Además, la modificación que sufre la estructura de costos (al alza), al final afecta a los consumidores, que termina pagando precios más altos por los productos.
Para la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), las fallas en la implementación del sistema le restan competitividad al país, porque incrementan el costo y el tiempo de exportaciones e importaciones, y por ende encarece los costos de la producción en general.
“De por sí el país tiene problemas con la burocracia, como alta tramitología, altos costos de energía, infraestructura ineficiente para tener una plataforma exportadora adecuada, entre otros, y estos fallos en las aduanas vienen a sumar a toda esa cadena de dificultades que tenemos para poder ser competitivos en el mercado nacional e internacional”, afirmó Luis Cardenal, presidente de la CCIES.
En otros países, en donde se ha implementado este servicio de inspecciones, es el gobierno el que paga el costo, pero se financia con los ingresos que se recibe cuando se detectan contrabandos, evasión fiscal u otros abusos.
Otra crítica o problema de índole legal, que señala la gremial, es el pago del servicio o inspección que en algunos casos no se da, porque no todos los furgones son inspeccionados.
Asimismo observó que el hecho de que la recaudación del nuevo impuesto solo beneficiará a un negocio internacional (el consorcio suizo alemán Cotecna-Smith, a quien el gobierno concesionó el servicio de las inspecciones no intrusivas con rayos X), y al final el gobierno se quede recibiendo ingresos adicionales solo cuando se detecten evasiones o contrabandos.
“Creo que está bien que se concesionen proyectos que el Estado no pueda ejecutar, pero se tienen de hacer de forma transparente y aquellos que tomen la responsabilidad de prestar los servicios estén adecuadamente preparados y evitar tantas complicaciones que provocan más atrasos y burocracia”, expresó.
De hecho, un estudio elaborado recientemente por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) reveló que el costo de un furgón en Centroamérica es más caro que en otras latitudes. Por ejemplo, un contenedor de China a El Salvador cuesta $3,500, mientras que de El Salvador a Miami vale $4,200, cuando la distancia es 20 veces menor.
“Entonces cómo podemos ser productivos, competitivos, atraer inversiones que nos utilice como plataformas logísticas para exportar a otros países, si tenemos toda esta cantidad de trabas y cuando implementamos medidas lo hacemos de tal manera que todo se viene a complicar”, expresó.
La logística debería de haber sido mejor planificada antes de implementarlo, porque tal como está lo único que ha logrado es afectar seriamente las exportaciones e importaciones. Las fallas según los mismos empleados de aduanas han expresado se debe a que “el sistema se ha saturado” o que “el Internet se cayó porque no ha soportado la sobrecarga de trámites”.
Es ahí, donde la gremial se pregunta por qué no se hicieron las instalaciones de Internet adecuadas para la demanda de trámites que se presentarían, y además, por qué no se hicieron las respectivas pruebas piloto para determinar cómo funcionaría el sistema.
“Se anunció con bombos y platillos la gran modernización de aduanas, pero que no sea solo un edificio pintado, sino que sea todo un proceso de equipamiento, capacitación al personal, de mejor atención al usuario, mayor rapidez, mayor eficiencia… Si no se tenía todo esto no era conveniente implementar esta medida”, comentó Cardenal.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) explicó que la modernización de las aduanas, a través de un sistema tecnológico y equipos no intrusivos, es una propuesta que ha sido planteada año con año, a través de los Enade, como un mecanismo que traería beneficios en dos vías: A las empresas, porque les permite que la mercadería sea revisada y despachada de manera expedita; y al gobierno porque significa un mayor control y recaudación de impuestos.
Desde el punto de vista de la ANEP, para el país es conveniente que funcione un sistema tecnológico que permita que las empresas puedan hacer su declaración en línea antes de que la mercadería llegue a las aduanas terrestres, marítimas o aéreas.
“Lamentablemente, al establecer un cobro de 18 dólares el gobierno introdujo una distorsión”, expresó Waldo Jiménez, director de asuntos económicos de la ANEP.
La gremial tampoco está de acuerdo en que el pago de la tasa que hacen todas las empresas, aunque no toda la mercancía pasa por los rayos X, “un dinero que va para la empresa que está prestando a el servicio, y eso nos parece un encarecimiento del sistema”, añadió. El cobro de la tasa fue rechazado por un organismo de talla regional, como es la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (Sieca), porque viola tratados del comercio regional.