Las firmas internacionales Saam Puertos S.A., Grup Maritim TCB, Bolloré Ports Logistics e International Container Terminal Services fueron precalificadas para continuar con el proceso de concesión del Puerto de La Unión, según confirmó ayer la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
Con sedes en Chile, España, Francia y Filipinas, respectivamente, las concesionarias participarán en febrero de 2014 en el proceso de licitación pública internacional para definir durante la segunda quincena de mayo próximo la adjudicación de la operadora que manejara la Fase I de la terminal portuaria, que nunca ha sido utilizada en su totalidad.
El presidente de CEPA, Alberto Arene, confirmó que las firmas cumplieron los requisitos técnicos y financieros en relación a la Ley de Concesión del Puerto de La Unión, por lo que son firmas que cuentan con un capital mínimo de $40 millones y tienen experiencia en el manejo de 600,000 contenedores entre 2010 y 2012.
“No vamos a sacrificar la licitación por consideraciones de tiempos. Queremos que la concesión sea exitosa, de acuerdo con las exigencias del mercado y las necesidades para el país”, reflexionó Arene.
Por ello el gerente de Concesiones de CEPA, Carlos Federico Paredes, recordó que las operadoras precalificadas conforman “la lista corta” del proceso, ya que cuando se convoque a la licitación podrán participar empresas de Estados Unidos o de la Unión Europea, por los tratados comerciales vigentes.
“Nunca se ha presentado un caso donde una empresa se apegue al Tratado de Libre Comercio o al Acuerdo de Asociación para usar esta opción preferencial. Sería inédito”, recordó Paredes.
Edwin Molina, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de CEPA, indicó que las firmas y la autónoma desarrollarán un proceso de conversaciones para despejar diversas dudas de los términos de referencia de la licitación o, posteriormente, incluir adendas a las bases.
Batimetría hasta en enero
Uno de los puntos más complejos del proceso de concesión se relaciona con el dragado del canal de acceso, el cual se encuentra azolvado y no permite el acceso de buques de gran calado.
Ante eso Arene confirmó que en enero de tendrá el estudio de batimetría, realizado por la firma japonés Eco, para conocer el estado real del canal y el análisis financiero que determinará si CEPA comprará una dragadora o contratará a una firma para estos trabajos.
“CEPA entregará el canal de acceso dragado al operador. Luego puede definirse una modalidad de costos compartidos para mantenerlo en buenas condiciones. Es algo que se evaluará”, subrayó Paredes.
El puerto de La Unión costó casi $186 millones y se financió con fondos de CEPA y del Banco Japonés de Cooperación Internacional.