El Consejo Superior del Trabajo, el único organismo tripartito para el diálogo y la concertación que le quedaba al país, después del fracaso del Consejo Económico y Social (CES), está suspendido desde hace más de nueve meses y a juzgar por la posición de sus miembros, seguirá así por tiempo indefinido.
Pese a que en su agenda hay temas importantes como la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que pide al Gobierno reintegrar al sector empresarial en 19 autónomas de las que fueron excluidos, y también tiene pendiente dar su opinión y sugerencias a la Asamblea Legislativa sobre la ley de indemnización universal, y la ley reguladora de la prestación económica por retiro voluntario, el organismo ni siquiera se ha reunido desde febrero pasado.
El impasse está centrado en el nombramiento de los representantes del sector trabajador, que tiene derecho a ocho representantes titulares y a ocho suplentes dentro del Consejo. El Gobierno y el sector privado también tiene el mismo número de representantes.
A pesar de que 33 de 46 organizaciones ya se pusieron de acuerdo en quienes serán sus representantes y presentaron su listado en el tiempo establecido por el Ministerio de Trabajo, el titular del ramo, Humberto Centeno, se ha negado a validarlos porque asegura que no están incluidas otras nueve organizaciones, conocidas por su estrecha relación con el partido FMLN.
El Consejo está acéfalo desde el 28 de febrero, fecha en la que terminó el periodo de la representación del sector trabajador.
Ricardo Soriano, representante de la Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción, Similares, Transportes y de Otras Actividades (Fesincontrans) y asesor en el Consejo hasta febrero, asegura que el problema se creó desde que el número de sindicatos aumentó como la espuma con la llegada del FMLN al gobierno.
Las estadísticas del Ministerio de Trabajo registran que hasta agosto de este año estaban inscritos 618 sindicatos tanto del sector público como el privado. En 2008 apenas eran 213 sindicatos. “Se crearon más sindicatos con la misma gente porque el Gobierno es el mismo, las alcaldías son las mismas”, dijo.
Soriano dice que las nueve organizaciones que el Ministro de Trabajo quiere que se incluyan en la representación del CST son afines al FMLN y muchas de ellas apenas se han creado.
Entre estas organizaciones están la Federación de Unidad de Trabajadores y Trabajadores de El Salvador (Fuersa), la Confederación de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (Confuersa) _creada en noviembre de 2012_, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador (Feasies) y la Federación Sindical de El Salvador (FESS).
El representante de esta última federación, Reinaldo Ortiz, negó que su agrupación tenga alguna vinculación política, aunque no quiso responder por las otras asociaciones. En cambio se refirió al resto de 33 organizaciones como “los que siempre quieren tener el hueso”.
Sin embargo, Soriano asegura que el récord histórico que tienen sus organizaciones y el aporte que han dado al Consejo a lo largo de estos años los hace merecedores de la representación ante el Consejo.
El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) es uno de los proyectos que nació del Consejo.
Soriano dice, además, que son mayoría y por tanto el ministro debió haber aceptado la lista de representación. “Él (el ministro) tenía que haber aceptado porque era la voluntad de los trabajadores”.
Pero Ortiz asegura que aún cuando las nueve organizaciones sean minoría, debían tener representación en el Consejo. “Nunca han dado el espacio a otra gente, solo los mismos y no informan nada”, indicó el líder sindical.
Documentación a la que este periódico tuvo acceso muestra el listado de las 33 organizaciones y también las advertencias que el ministro Centeno les hizo para presentar nueva documentación.
Trabas
Mientras el Ministerio de Trabajo se rehusa a aceptar a los representantes del sector laboral, importantes leyes duermen el sueño de los justos.
La resolución de la OIT que pide al Gobierno reintegrar a representantes de la empresa privada en las juntas directivas de 19 autónomas debe ser discutido por el Consejo para que éste a su vez, envíe sus consideraciones a la Asamblea Legislativa y se revierta el decreto legislativo que los desplazó de instituciones como CEL, CEPA, ISSS y Fonavipo, entre otras.
Otro de los temas importantes es la opinión y sugerencia a la Ley de Indemnización Universal y las reformas a la Ley de Retiro Voluntario, que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar antes del 31 de diciembre de este año.
David Reyes, diputado de ARENA y miembro de la comisión de Trabajo en la Asamblea Legislativa, explicó que a pesar de que se les solicitó su opinión, la acefalía del Consejo les impidió tener respuesta.
Al final tuvieron que entrevistar a cada sector por separado, pero para Reyes, lo ideal hubiera sido que fuera el Consejo, como institución, el que hubiera presentado su postura. “Nos preocupa mucho que el Consejo esté acéfalo pues al final de cuentas a quien afecta es al trabajador y sus derechos”, dijo el legislador. “Es una verdadera lástima no contar con la opinión del Consejo, que es la única entidad en la que se expone las ideas de todos los sectores”.
Este periódico solicitó la opinión del ministro de Trabajo, Humberto Centeno, sobre el tema, pero la unidad de comunicaciones explicó que mientras los sindicatos no se pongan de acuerdo, no se puede convocar a una reunión del Consejo.
Los representados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) han reiterado que estas son prácticas dilatorias para no estudiar el tema de la OIT y que, prácticamente lo que el ministro Centeno busca es “desarticular al Consejo Superior de Trabajo”. continúa en la PÁGINA 00 r rr viene de la PÁGINA 00