Aumentar el IVA y reducir las cotizaciones de los que aportan al sistema de pensiones es una alternativa de financiamiento que ha propuesto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ampliar la cobertura previsional de los más pobres y, además, ampliar la base de cotizantes.
En su más reciente libro “Mejores pensiones, mejores trabajos, hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe”, el organismo señala que aumentar el IVA permitiría recaudar entre el 1 o 2 % del PIB de los países latinoamericanos, con lo cual, se podría financiar una ampliación de la cobertura de pensión para quienes nunca han cotizado y que no están protegidos en su vejez.
Además, la reducción de las cotizaciones podría incentivar a un mayor número de cotizantes para que se integren al sistema formal.
Hoy por hoy, solo cuatro de cada diez personas cotizan a un sistema previsional, según datos del BID incluidos en el libro.
La alternativa que plantea por el organismo se sustenta en que en América Latina solo cuatro de cada diez personas mayores de 65 años están recibiendo una pensión contributiva, después de haber aportado con su trabajo. Y quienes reciben una pensión no contributiva (que no aportaron al sistema) reciben menos de $10 diarios.
En El Salvador, hay más de 600,000 adultos mayores censados, pero de ellos solo 125,000 reciben pensión por vejez, por lo que el resto está desprotegido y no tiene ninguna opción de ingresos para sus necesidades básicas, con lo cual su pobreza aumenta.
Como alternativa, el Gobierno implementó hace varios años un programa social denominado “Pensión básica universal”, pero éste solo llega a unas 28,154 personas en 75 municipios.
Además, los beneficiarios solo reciben $50 al mes, lo que significa un ingreso diario de $1.60 al día.
El mismo presidente de la República, Mauricio Funes ha reconocido que el dinero que se les entrega a a los beneficiarios no es suficiente, pero ha dicho es lo que le permiten los ingresos del Estado.
“Estamos conscientes que 50 dólares no es suficiente, pero esto es lo que la capacidad financiera del Estado nos permite dar”, dijo Funes en julio de este año, cuando anunció, a través de radio, que incluiría a 4,000 adultos más al programa de ayuda estatal.
Esa carencia de fondos, contrasta con el creciente número de adultos mayores, hace que El Salvador sea uno de los países que está en condiciones de aplicar a esta fórmula, que ya ha funcionado en otros países como Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, que tomaron esta medida hace décadas.
“De esta forma se compensaría el carácter regresivo de este impuesto, se reforzaría la relación entre el pago de impuestos y el uso de esos ingresos, y se favorecería una gestión de los recursos más responsable, al limitar la extensión de los beneficios a la recaudación disponible”, señala el documento.
A pesar de que en El Salvador la mayor parte de la población es joven (el 63.7 % de la población es menor de 30 años según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012) y que el 65.2 % y el 34.8 % son personas económicamente activas en el área urbana y rural, respectivamente, apenas un 29.5 % cotizan a un sistema previsional.
El tema cobra mayor relevancia al conocer proyecciones del aumento que en 2050 el número de adultos mayores en toda América Latina se habrá triplicado.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cifra de adultos mayores en la región pasará de los 38 millones actuales a más de 140 millones en 2050, es decir, que se triplicará y alcanzará la quinta parte del total de la población.
En El Salvador los adultos mayores representaban en 2012 el 11 % de la población total, según la EHPM, elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos.
Tema espinoso
Pero la propuesta del BID resulta ser un tema muy espinoso para los políticos salvadoreños, sobre todo si se discute en un momento electoral.
El mismo BID reconoce que
este tema es sensible pues reformar las pensiones no está entre las prioridades de los ciudadanos ni de los partidos políticos.
Para el caso, El Salvador está a las puertas de una elección presidencial en la que sus candidatos prometen ampliar los beneficios para las personas adultas, pero ninguno de ellos explica de dónde vendrá el financiamiento.
El presidente de la República propuso la semana pasada a la Asamblea Legislativa que programas como la “pensión básica universal” queden establecidos por decreto para que continúen a pesar de los cambios presidenciales, pero no explica cuánto dinero de más implicará para las arcas del Estado ni cómo será financiado.
Pero entre todas las alternativas de financiamiento, el IVA no está entre ellas, aunque organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya lo había recomendado al Gobierno en años anteriores.
Por el contrario, el presidente Funes ha descartado que aumente el IVA en lo que queda de su administración y antes que eso, ha priorizado la contratación de más deuda de corto y mediano plazo, que le está costando miles de dólares en pago de intereses a los ciudadanos.
Eso le ha costado al país que su deuda total represente hoy más del 50 % del Producto Interno Bruto.
Pero el BID indica, por el contrario, que este es un buen momento para llevar a cabo reformas como la planteada pues su población es joven y está en un momento socioeconómico y fiscal que podría darle margen a aumentar el IVA, que hoy es del 13 %.