El impuesto del 1 % sobre los ingresos brutos que el Ministerio de Hacienda aplicó a partir de 2012 se volverá el “harakiri” para sus ingresos a partir del próximo año.
El viceministro de ingresos de esa cartera de Estado, Mauricio Guardado, confirmó ayer que en 2014 el Gobierno dejará de percibir unos $32 millones debido a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional gravar con ese tributo a las empresas.
“Eso nos va a afectar como alrededor de $32 millones el próximo año”, indicó.
Dicha cantidad es el monto que Hacienda recaudó en concepto del impuesto al 1 % sobre las ventas totales este año, y que corresponde al año fiscal 2012.
Se indicó que esa cantidad era parte de las estimaciones de ingresos que el Gobierno planteó en el presupuesto general para 2014 y con el que pretendía cubrir parte de todos los gastos que ha aumentado en los últimos años.
Para recuperarlos, el fisco tendrá que intensificar el combate a la elusión y la evasión fiscal y esperar a que el crecimiento económico del país supere el 2 %.
Sin embargo, como la ley no es retroactiva, las empresas que pagaron este impuesto este año ya no pueden obtener ni un cinco como reintegro. “Ya lo pagado, está pagado”, dijo Carlos Cativo, director de impuestos internos del Ministerio de Hacienda.
Esto, a menos que a la hora de declarar sus tributos, Hacienda tenga que devolver una parte de lo retenido en pago a cuenta, cada mes.
El impuesto del 1 % aplicaba para las empresas con rentas gravadas mayores a $150 mil. Según dispuso el Ministerio de Hacienda, al declarar sus impuestos, estas compañías debían pagar ya sea el 30 % de la renta sobre sus utilidades y a la vez hacer el cálculo con el 1 % de sus ingresos brutos. Si al hacer el cálculo del 1 % la cantidad a pagar era mayor, no se pagaría el 30 %.
Desde la implementación de esta medida las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, rechazaron el impuesto pues aseguraron que dañaba la equidad de tributación.
De hecho, fue esta inequidad una de las razones que los magistrados de la Sala argumentaron para declarar inconstitucional los artículos 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Los magistrados de la Sala coincidieron en que este impuesto afectaba a las empresas pues se aplicó “sin considerar los costos de producción invertidos o gastos de operación realizados para generar dichos ingresos”.
“Tales disposiciones violan la equidad tributaria, en su manifestación del principio de capacidad económica”, determina la resolución.
El impuesto afectaba a muchas empresas que por la naturaleza de sus negocios (subcontratos o combustibles) percibían cientos de dólares, pero de los cuales obtenían pocas ganancias.
Los distribuidores de combustible lograron no ser incluidos en esta reforma porque justificaron que sus ingresos por la venta de combustible son millonarias en comparación a sus utilidades, pero que era debido al tipo de negocio que manejaban.
Guardado explicó que el próximo año, cuando las empresas declaren sus impuestos en abril, se verificará quiénes han presentado su declaración conforme a los requerimientos legales, pero ya no se cobrará el 1 %, solo el 30 % establecido en la reforma tributaria.
Bajos ingresos
El dato preocupa en el contexto de la baja recaudación de impuestos que ha tenido Hacienda en el último año.
Desde inicios de 2013 la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyó hasta en casi $20 millones y en los últimos meses su crecimiento se ha mantenido en 1 o 1.6 %.
No así la recaudación del impuesto sobre la renta, que ha superado en más del 14 % lo recaudado al año pasado.
Además, a octubre de este año los impuestos al consumo (aplicados a bebidas carbonatadas, alcohol, cigarros y armas, entre otros) han bajado $10.6 % lo que representa una caída en los ingresos de $1.9 millones.
Guardado detalló que estas baja se deben a que “no ha habido crecimiento económico” y que por tanto “no nos ha ayudado a generar facturas de ese IVA que necesitamos”.
En su último informe de coyuntura económica, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) aseguró con preocupación que a septiembre de este año el déficit fiscal del país ha aumentado un 40 %, lo que representa $650 millones.
En 2012 Hacienda proyectó que este año se lograría reducir el déficit fiscal a 3.3 % del PIB, pero el mismo ministro de Hacienda ha aclarado que éste déficit será de 4 % al final del año.
El tanque de pensamiento atribuye este incremento al desorden presupuestario que el Gobierno ha hecho en los últimos años al sobre estimar los ingresos (creer que serán más altos que los logrados el año pasado) y al subestimar los gastos (presupuestar menos de lo que en realidad se gastará).
Este año, por ejemplo, el Gobierno estimó un crecimiento económico del 2.3 %, con lo cual las proyecciones de ingresos eran mucho mayor a lo que se recaudará al final del año, con un crecimiento que no superará el 1.9 %, según confirmó la misma presidenta del Banco Central de Reserva, Marta Evelyn de Rivera.
Fusades explicó, incluso, que este déficit pondrá en aprietos al Gobierno para pagar a proveedores del Estado y a los empleados públicos (salario y aguinaldo) a final del año. Sin embargo Hacienda dice que todo está controlado.