Debido a la necesidad de contar con un aparataje burocrático que responda a las necesidades de la población, la Subscretería de Gobernabilidad y Modernización del Estado entregó la propuesta de anteproyecto de Ley de la Función Pública.
Esta normativa busca derogar la Ley de Servicio Civil, la cual es considerada por las autoridades gubernamentales como obsoleta, ya que data de 1961 y no logra responder a los desafíos del sector público, según indicó Hato Hasbún, secretario de Asuntos Estratégicos.
“La estructura del Estado hay que modernizarla, hay que hacer un proceso de transformación para lograr cambios. Lo más importante para que una ley sea aplicada es que la construyamos juntos, tiene que ser la expresión fundamental de la construcción participativa, porque así se crea el Estado”, expresó.
Dentro de los puntos que destacan del anteproyecto, está la creación de la Autoridad Rectora de la Administración Pública, entidad que se constituirá como el ente rector de la estructura pública.
Este lo integrarán tres órganos desconcentrados y con independencia técnica: el Instituto Nacional de Formación de la Función Pública, las Comisiones de la Función Pública y el Tribunal de la Función Pública.
José Antonio Morales, subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, indicó que la propuesta ya está lista y que será presentada a la Asamblea Legislativa en los próximos días.
“Este es un día histórico, hemos llegado al final de un proceso de consulta ciudadana en el que han participado representantes de más de cien instituciones; ha sido un ejercicio verdaderamente democrático, coherente con la política de participación ciudadana para construir algo diferente”, agregó.
Morales indicó que otro de los puntos fuertes del anteproyecto es que crea mecanismos para defender los derechos laborales ante las actuaciones de funcionario y servidores públicos que violen sus derechos fundamentales. “Queremos reforzar el derecho a la organización a partir de varios pilares como la protección de la libertad sindical, la negociación colectiva y los mecanismos de solución de conflictos colectivos jurídicos y económicos o de intereses”, señaló Hasbún.
La embajadora de Estados Unidos en el país, Mari Carmen Aponte, indicó que una parte fundamental de la modernización del Estado es la eficiencia de las instituciones, a través de una profesionalización de los trabajadores públicos.
“Nos complace grandemente que la presidencia haya dado un paso tan importante como es la creación de esta moderna legislación, sabemos que este es un esfuerzo esencialmente del Gobierno de El Salvador y que muestra su voluntad política”, consideró la diplomática.
El gobierno asegura que este proyecto tiene la aprobación de todas las instancias involucradas, incluidos los sindicatos que aglutinan a los empleados públicos.