Con la idea rectora de modernizar el aparato burocrático y la gestión de las instituciones públicas, el gobierno central tiene listo un anteproyecto de ley para cambiar el perfil y el estatus laboral de más de 150 mil empleados de los tres Órganos del Estado.
La propuesta de Ley de la Función Pública será presentada los próximos días ante la Asamblea Legislativa para buscar que la mayoría de empleados pasen a un régimen de mayor estabilidad, y que se tengan nuevos mecanismos de selección y control del personal, entre varios aspectos, en un contexto donde la Ley de Servicio Civil es obsoleta (data de 1961).
Según cifras de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, el Órgano Ejecutivo emplea un estimado de 21 mil salvadoreños de los cuales 5 mil 790 están bajo la modalidad de contratos por servicios profesionales.
Esto, según José Antonio Morales, titular de dicha oficina gubernamental, obedeció a una práctica donde se obligaba a que los empleados dejaran de formar parte del esquema de Ley de Salarios a cambio de aumentos salariales, lo cual elevó por más de 10 años en un 15 % el gasto corriente en relación al pago de planilla.
“Si queremos contar con un Estado fuerte debemos mejorar las instituciones para que vayan en sintonía con las políticas públicas. Eso es lo que buscamos con este cuerpo legal, hacer del burócrata un servidor profesional”, afirmó.
En este sentido el principal punto de la iniciativa es crear una Autoridad Rectora de la Administración Pública (que sustituirá el Tribunal del Servicio Civil), la cual no solo se encargará de todo lo relacionado con la profesionalización y la gestión de calidad de los burócratas. También centralizará los contratos laborales, la búsqueda del recurso humano e incluso implementará sistemas de pago electrónico (tarjetas de débito) y la libre elección de un banco para recibir la remuneración.
“Es una ley bastante integral que busca dar pasos importantes en materia de gobierno electrónico y reducir la burocracia a un mínimo necesario para inyectarle mayor dinamismo a nuestras obligaciones”, reconoció Morales.
La ley también busca limitar los cargos de confianza y “despartidizar” las contrataciones de empleados en todos los cargos, ya sean operativos, técnicos o ejecutivo porque las actuales escalas salariales no corresponden en muchos casos al grado de responsabilidad y de productividad de los trabajadores. “La tradición estatal indica que hay un desorden por el clientelismo y patrimonialismo. Y por eso los gobiernos no acumulan la experiencia de sus antecesores y cambian de personal y es ahí cuando todas las políticas se descartan y se retrocede”, agregó Morales.
Por ello la ley incluso se enfoca en el desarrollo de una carrera dentro de las instancias gubernamentales e indica que los ministerios contarán solo con siete cargos de confianza los cuales tendrán que abandonar sus cargos al finalizar la gestión.
Otro de los elementos son la creación de varios entes “desconcentrados” como el Instituto Nacional de Formación de la Función Pública, las Comisiones de la Función Pública y el Tribunal de la Función Pública, este último será el que se encargará de dirimir conflictos laborales.
Sindicatos, con cautela
Más allá de estas propuestas, los trabajadores gubernamentales sostienen que esta ley niega varios derechos fundamentales, sobre todo la organización de huelgas, contratos colectivos, escalafones e incluso estabilidad salarial.
Roberto Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (Sitramha), afirmó que con la normativa se legalizará el mecanismo de los puestos de confianza en las dependencias públicas y con ello se contradice la instauración de la “meritocracia” que busca el gobierno con la Ley.
“Lo que nosotros queremos es una ley donde el trabajador tenga mayor protagonismo en la toma de decisiones y que se le proteja ante cualquier circunstancia ajena al clima laboral. Eso es muy importante”, subrayó.
No obstante, Morales es de la opinión que los sindicatos son los mas favorecidos con esta posible ley y recordó que 11 confederaciones y federaciones de sindicatos participaron en el proceso de consulta”.
“Ellos serán los más beneficiados porque la ley incluye pilares como la protección de la libertad sindical y mecanismos de solución de conflictos colectivos”, destacó.
En este sentido tanto Morales como Gómez esperan que la ley sea aprobada lo más pronto posible, aunque el líder sindical consideró que los diputados deben de realizar diversas observaciones y cambios para que esta propuesta se consecuente en relación con los intereses de los burócratas.
La ley de Función Pública derogará la actual Ley del Servicio Civil y no se aplicará a los empleados de instituciones del gobierno que tienen marcos legales específicos como la carrera diplomática, docente y administrativa.