Bajo el criterio jurídico del interés legítimo la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) consideró que la Superintendencia de Competencia (SC) debe de acelerar el proceso sancionatorio sobre el conglomerado Alba por no solicitar permiso de concentración económica, a pesar que no haber autorizado a la gremial como parte de las investigaciones.
Asimismo indicó que el Consejo Directivo de dicha institución debe de ampliar la averiguación sobre el grupo debido a la procedencia del capital y a los procedimientos de compra de varios agentes de mercado, según confirmó Javier Argueta, director Legal de ANEP. Incluso solicitarán, en esa etapa, ser parte de las indagaciones pertinentes, aportando diversas pruebas y documentos.
Por ello el abogado reconoció que el argumento de la SC de negar el interés legítimo es no reconocer el derecho de la libre asociación y al mercado, ya que la competencia es un asunto, a su juicio, de “interés público”.
“Nosotros queríamos intervenir porque es un interés público del mercado. Pero hoy solicitamos que primero se resuelva lo de la multa y luego, antes de emitir la autorización de concentración se investigue sobre las ganancias de Alba y la forma de eliminar la competencia del mercado”, valoró Argueta.
Al referirse al interés legítimo ANEP hace referencia a que la gremial representa a la mayoría del sector privado en el país y que tanto sus fundamentos como los de la SC consisten en velar que las leyes del mercado se cumplan y que no se generen distorsiones que busquen prácticas anticompetitivas.
En este sentido la gremial advirtió que espera que el proceso sea transparente, ya que tienen indicios de que hay gente frenando las investigaciones allegada a los grupos de influencia e interés de las empresas Alba.
“La SC ha sido muy rigorista y parcial. Incluso vemos dualidad en el proceso porque nuestra tarea es la defensa sectorial pero ellos dicen que no es una práctica anticompetitiva, a pesar de que en la sanción de Alba están aceptando las violaciones”, agregó Argueta.
Hay que recordar que José Luis Merino, asesor de Alba, reconoció hace varias semanas que “olvidaron” realizar el procedimiento y que pagarán la multa, que será de un 6 % de los activos del grupo o 5,000 salarios mínimos.
Jorge Daboub, presidente de la ANEP, solicitó a la SC que la multa sea “ejemplarizante” y aseguró que el accionar de los negocios Alba van de la mano con lo que hacen las instituciones del actual gobierno.
“Esas empresas son políticas, no comerciales. Nacieron para comprar voluntades o realizar otras maniobras”, añadió.
Así, Argueta analizó que existen diferentes coincidencias entre la oferta política del partido de gobierno y las estrategias de Alba en mercados como alimentos, medicinas, lineas aéreas e incluso energía.
“Toda asociación tiene la posibilidad de promover los mecanismos de protección de los intereses relacionados con los fines institucionales, eso es lo que n o entiende la SC pero esperemos que proceda de acuerdo a su ley porque sí hay antecedentes en la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional”, detalló.
Sobre los anuncios y las técnicas mercadológicas de Alba, la gramial subrayó que también se debe investigar si hay o no publicidad engañosa, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con el pago de impuestos y las operaciones.
La ley de Competencia indica que el monto máximo para concentrar es de $131 millones (en activos) y $151 millones de ventas y que esta práctica no debe de desplazar ni absorber mercados o fijar precios.