El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) anunció recién que ya terminó las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega para eliminar el cobro “ad valorem” -de 0.26 % sobre el valor total de mercaderías por contenedor-, el cual se aplicaría por escanear cada camión que pase con mercadería por las fronteras de Nicaragua.
En vez de ello, se aplicará una tasa estándar, que podría rondar los $15 a $18, similar a lo que se cobra en el resto de países de Centroamérica.
En junio, el gobierno de Ortega envió una propuesta de ley a la Asamblea Nacional de Nicaragua, para que se aprobara entregar en concesión a una desconocida empresa panameña, la facultad de instalar escáneres (sistemas de rayos ‘X’) en las siete fronteras del país.
Aunque la aprobación de esa ley era necesaria para modernizar el sistema de aduanas nicaragüense, y para cumplir compromisos internacionales en materia aduanera, la queja del sector privado se centra en el costo que tendrá la inspección de cada contenedor: mientras que en cualquier frontera de Centroamérica se pagan entre $15 a $18, en Nicaragua se decidió que se cobraría el 0.26 % del valor de la mercadería a revisar.
La excusa que se le dio a los legisladores (y que estos validaron al aprobar la Ley tal como les fue enviada por Ortega) es que se requería cobrar ese porcentaje para permitir que Alvimer –la desconocida empresa privada a la que se le otorgó la concesión- pudiera recuperar su inversión inicial, calculada en unos $21 millones.
El problema es que con el nivel de intercambio comercial que tiene Nicaragua en este momento, ese monto se recupera en menos de un año y medio, de donde resulta que el concesionario obtendría ganancias millonarias (estimadas por economistas locales en $250 millones) durante los 15 años que dura la concesión que le otorgó el Estado. Por supuesto, si crecen las exportaciones e importaciones, las ganancias de la empresa serían mayores.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, había advertido que la decisión de cobrar “ad valorem” implicaba que cada contenedor que exportaran los empresarios nicaragüenses tendría que pagar hasta $260 al pasar por los puestos fronterizos, “lo que atenta en contra de la competitividad de las empresas, porque sus similares de la región solo pagan unos $15 al cruzar sus respectivas fronteras”, aseguró.
Ahora dice que se envía un buen mensaje para el sector empresarial ya que eliminando esa medida, se hace prever que se respetará la normativa vigente de la Organización Mundial del Comercio referente al tema aduanal.
Adicionalmente, dado que Nicaragua no tiene puertos importantes en el Caribe (por donde se mueve la mayor parte de la carga que va hacia Europa, el Golfo de México o la costa este de Estados Unidos), y tiene que sacar su mercadería por Puerto Cortés (Honduras) o Puerto Limón (Costa Rica), el exportador nica terminaría pagando unos $275 por contenedor. El cobro también hacía prever que en breve habría mayores niveles de inflación.