Pasar de un capital de $1 millón a $500 millones, depender de un gobierno extranjero en menoscabo de la soberanía nacional, patrocinar al partido oficial y tener entre sus asesores a alguien que ha sido vinculado con la narcoguerrilla de las FARC son razones suficientes para que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) considere una “amenaza para la seguridad nacional” a la empresa Alba y le vuelva a demandar al Fiscal General que la investigue.
Así se resume la denuncia que la cúpula empresarial expuso ayer ante periodistas y directores de diferentes medios de comunicación y que, anunció, llevará la próxima semana ante el Ministerio Público, “con evidencias”.
El director ejecutivo de la gremial empresarial, Arnoldo Jiménez, hizo un recuento de hechos que fundamentan sus señalamientos y de cómo en la Asamblea Legislativa se han ido abriendo espacios en la ley para permitirle a Alba Petróleos que pueda diversificarse en varios rubros (Ver recuadro en siguiente página).
Los empresarios aclararon que si bien esta no es un acusación formal, pero cumplen su deber ciudadano de interponer un aviso o denuncia de posibles hechos ilícitos.
No obstante, indicaron que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Luis Martínez, debería investigar a Alba con la misma importancia que le da a casos como Cel-Enel.
La principal asociación privada del país relaciona las incidencias de Alba Petróleos y sus subsidiarias con la actual coyuntura política y económica del país porque considera que su forma de operar viola el artículo 67 de la Ley de Partidos Políticos, al financiar a través de Energía para El Salvador (Enepasa) una parte de la campaña del FMLN, junto con la concentración de mercados por su forma anticompetitiva de comprar o financiar empresas.
Lo vinculan con las FARC
El presidente de la ANEP, Jorge Daboub, recordó que hay un caso pendiente que salpica al conglomerado: el periódico español El País vinculó en 2008 presuntamente al principal asesor de Alba, José Luis Merino, en supuesto tráfico de armas para la narcoguerrilla colombiana de las FARC.
“Así como el Fiscal creó con diligencia comisiones para investigar otros casos en el país, sería muy positivo que iniciara una investigación sobre el origen de los fondos de Alba y su relación con otros gobiernos o grupos que están fuera de la ley”, reiteró el presidente de ANEP.
Por su parte, Jiménez cuestionó sobre los resultados de una investigación que se realizó a finales de la administración del expresidente Antonio Saca, la cual se relacionaba con una información que se encontró en las unidades de almacenamiento de la computadora personal del exjefe de las FARC, Raúl Reyes, y que demostraban el supuesto vínculo entre el partido FMLN-Alba y dicha organización armada.
“La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿dónde están los resultados de esa investigación? Es importante aclarar esos vínculos porque en esa computadora el periódico Wall Street Journal (de Estados Unidos) asegura que hasta las FARC planeaban un secuestro para financiar al FMLN”, cuestionó Jiménez.
La ANEP incluso fue más allá y citó otros artículos periodísticos basados en declaraciones del exsubsecretario de Estado de los Estados Unidos, Otto Reich, quien plantea una posible relación entre Irán y Venezuela para lavar dinero y apoyar a diversos grupos terroristas de Medio Oriente.
Ni Merino ni otros dirigentes del FMLN estuvieron disponibles ayer para comentar los señalamientos. (Ver nota en siguiente página).
Influencia venezolana
“Hay una fuerte influencia de Venezuela en la región porque se sigue un manual titulado ‘Construyendo Alba desde Los Pueblos’, que debe ejecutarse paso a paso para adquirir el poder económico y político”, recalcó Daboub.
Los empresarios son enfáticos: hay una incidencia de Venezuela en la política doméstica de El Salvador porque hasta el presidente de dicho país suramericano, Nicolás Maduro, admitió en agosto pasado que apoya las actividades del FMLN a través de Alba.
Acá Jiménez relató cómo, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario español ABC, los dirigentes del FMLN han estado pagando la deuda petrolera contraída con PDVSA, la compañía nacional de petróleo venezolana, con cargamentos de café entregados a un precio por encima del mercado, lo que da margen para operaciones encubiertas.
En este sentido, a inicios de septiembre la diputada venezolana María Corina Machado le dijo en una entrevista a El Diario de Hoy que los ciudadanos de su país ven el proyecto Alba con poca claridad, cero rendición de cuentas del petróleo que envían y hasta como un instrumento político.
“Para nosotros este no es un tema electoral. Es una cuestión de soberanía y queremos denunciarlo para alertar al país sobre este peligro, como ya lo hemos hecho en temas económicos y de desarrollo”, agregó Daboub, quien insistió en el desgaste del tema Alba para las instituciones públicas relacionadas con el sistema político, sobre todo en la coyuntura actual
Alba y los mercados
El otro tema que se relaciona con el conglomerado es su forma de participación y de ‘concentración’ en varios sectores de la vida económica del país.
La ANEP insiste en que Alba no está haciendo más grande el pastel de la riqueza y por lo tanto no está ayudando al crecimiento del país, ya que su modo de operación se caracteriza por prácticas anticompetitivas que terminan englobando segmentos de los mercados.
Ante esto ya existe un procedimiento en la Superintendencia de Competencia (SC), ente que confirmó que Alba no solicitó permiso de concentración económica y que no autorizó la participación de la ANEP dentro del proceso sancionatorio del conglomerado.
“La Superintendencia nos negó el interés legítimo y de esa forma está deja de lado el derecho de la libre asociación y del mercado. Ellos deben de investigar las prácticas de Alba porque desplazan mercados con los subsidios que provienen de Venezuela”, subrayó Jiménez.
Lo otro que señalan los representantes empresariales tiene que ver con las relaciones entre los anuncios de Alba, las acciones de la SC y modificaciones a leyes existentes o creaciones de nuevos marcos legales.
El caso más reciente que se señaló es el de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (Veca, S.A. de C.V.) la cual, aunque no forma parte del grupo, sí recibe financiamiento de Alba por $14 millones, según lo confirmó hace varios meses José Luis Merino, asesor del grupo de empresas.
Acá Jiménez ve varias coincidencias. La primera es la publicación de una consultoría a finales de junio que recomienda crear condiciones de competencia del mercado de transporte aéreo de pasajeros en el país, mientras que la segunda es la reciente aprobación de reformas a la Ley Orgánica de Aviación Civil para un mayor control tarifario y una política de cielos abiertos.
“Es una relación donde todas las entidades del Estado participan para beneficiar a los negocios de Alba y de un partido político. Sin duda que hay intervención y favoritismo”, declaró Daboub.
Otro punto a analizar es el de la relación entre PDV Caribe S. A., filial de PDVSA, y Enepasa, la parte accionaria que representa a El Salvador en el proyecto económico, la cual maneja fondos de alcaldías y que, a razón de Jiménez, conlleva la necesidad de una mayor contraloría.
Empero, en los registros de comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) no aparecen los estados financieros de 2011 y 2012 de Alba, solo el balance general para poder renovar su matrícula de comercio y poder mantener el nombre de la empresa para lo que resta del presente año.
En los estados financieros que debe, Alba debe informar al Registro de Comercio el total de su activo, las deudas a largo plazo, los intereses, su patrimonio, el pago de impuestos, cuentas por cobrar y los montos no recuperables, entre otros aspectos.
ANEP reiteró que aportarán todas las pruebas necesarias ante la FGR y la SC.