Las cuatro laminas que protegen la sastrería de la familia Acosta en el cantón La Labor de Jayaque son el reflejo de una situación donde luchar es parte del día a día. Parte de esta entrega aún no tiene recompensa: 400 uniformes que padre, madre, hijos y empleados confeccionaron a un saldo final de $3,500, $8.75 por unidad, monto que después de varios meses el gobierno no logra saldar, en detrimento de su situación financiera y crediticia.
Pero hay otro motivo que sorprende a Germán, el que es conocido como “el sastre de los Acosta”. Desde hace varias semanas se replica una amenaza: el gobierno quiere multar a los sastres y costureras con el 2 %, según contrato, lo cual muchos ven con lupa arbitraria debido a que no cumplieron con los tiempos, dentro de la prórroga que otorgó el Ministerio de Educación (Mined).
El titular de esta cartera, Hato Hasbún, no quiso referirse ayer al tema de las multas, pero aseguró que ya todo está pagado (a los proveedores). Es más, sostuvo que ya están trabajando en los nuevos contratos para el próximo año.
Una costurera que tiene su negocio en Mejicanos recuerda como el Ejecutivo, a pesar de haber entregado a tiempo la tela para fabricar la vestimenta, no midió la cantidad exacta y obligó a que los proveedores cubrieran el déficit de su materia prima con créditos, lo cual le generó costos que aún no logra asumir.
“Aunque el programa nos ha ayudado a tener un ingreso fijo y a generar empleos, de poco sirve cuando los pagos llegan tarde y uno tiene que sostener la deuda que uno contrae con los bancos. Lo peor es que uno cumple, a pesar de que el gobierno viola los tiempos”, afirmó la microempresaria, quien solicitó no ser identificada.
Sobre las amenazas de multas (del 2 %) que el Mined quiere ejecutar en base a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la fuente coincide en relación a que son los directores de los centros escolares los emisores de la decisión de los “asesores pedagógicos” del Mined.
Hasbún esquivó ayer las consultas sobre las supuestas multas y por el contrario, aseguró que este año “ya tenemos todos los pagos realizados”, aunque luego se contradijo al declarar que “aunque es probable que en el departamento de administración pueda ser que aún se deba algo”.
Una proveedora de uniformes señaló que “aunque se tratan solo de advertencias (lo de las multas) realmente uno no comprende el propósito cuando yo como dueña del taller he hecho un doble esfuerzo para salir con la producción en menos de 60 días como la ley indica. Es una situación desgastante”, agregó.
En el caso de dicha propietaria, logró entregar 700 uniformes a una inversión de $1,000. Pero la deuda del Mined asciende a casi $12,000, cifra con la que busca adquirir maquinas para acelerar su producción, según sus proyecciones; mientras tanto, el proceso para fabricar los uniformes que serán entregados el próximo año ya está un 50 % avanzados, dijo Hasbún.
Inconformidades
Otra de las intimidaciones del gobierno sobre los artesanos se relaciona con los próximos contratos de zapatos, útiles y uniformes.
Acosta recuerda que hubo presión sobre ellos cuando el Mined les afirmó que las entregas debían realizarlas incluso antes de la finalización del contrato. Caso contrario llegarían sanciones económicas o la exclusión del listado de proveedores de la entrega para 2014. Chantaje oficial.
“Allá por marzo y abril, cuando estábamos con la primera entrega se nos dijo que si nos retrasábamos nos quedaríamos fuera del segundo proceso. Afortunadamente logré terminar con todos los uniformes y ya en este comenzaré la inscripción para el otro año”, sintetizó. Además, aún no logra cobrar la devolución de Renta del período 2012-2013.
“El gobierno ha dado trabajo con estos programas pero debe de ser ágiles con los procesos . Nuestros talleres son pequeños y en mucho casos son negocios de subsistencia. Y si no se paga a tiempo no podemos sobrevivir”, dijo Acosta.
El director presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), Ernesto Vilanova, confirmó las denuncias al respecto de muchos sastres y confeccionistas agremiados a la institución y pidió al gobierno que desista de una práctica ‘contradictoria’, en relación a los saldos pendientes con dichas microempresarias. “Los plazos que da el gobierno en estos contratos son relativos a la capacidad de pago que Educación tiene. Lo ideal sería entregar anticipo de obra, así como sucede con las grandes empresas. Eso les dará liquidez y solvencia”, analizó.
El tema de pago a proveedores ha tomado relevancia debido al atraso de hasta más de 90 días con el que el Gobierno le paga a sus proveedores.