El Gobierno seguirá emitiendo más deuda en los últimos cinco meses que le quedan a la administración Funes. Al menos $450 millones están seguros, según explicó ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
De esos hay $350 millones que serán emitidos en nuevos bonos y que servirán para refinanciar una deuda que el expresidente Elías Antonio Saca obtuvo para programas de salud y educación, y cuyo plazo vence el otro año, según indicó.
El decreto ya está listo y Hacienda solo espera el momento adecuado para colocarlo en el mercado de valores.
Además hay otros $100 millones que pueden considerarse como nueva deuda y que serán incluidos en el presupuesto de 2014.
De esos, $60 millones serán dirigidos para el pago de pensiones y otros $40 millones adicionales serán sumados al plan de gasto, aunque Cáceres no dio el detalle de su destino.
Con este y otros gastos más, el déficit fiscal proyectado para 2014 rondará entre el 3.5 % y 4 %, muy lejano a la promesa de un déficit del 2.7 % que el gobierno hizo cuando aún era asesorado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un programa radial, el analista Mauricio Choussy dijo que con estos números “el ministro se queda corto”, porque el déficit fiscal del país alcanzará los $1,000 millones el próximo año y además deberá financiar esos $350 millones en bonos.
“Probablemente va a tener que emitir más deuda porque ese déficit está desfinanciado”, aseguró.
Hace un año el gobierno emitió $800 millones para pagar gasto corriente y liquidar la mitad del saldo de corto plazo (Letras del Tesoro o Letes).
Para el economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), José Ángel Tolentino, no será extraño que el próximo año la nueva administración tenga que emitir una cantidad similar debido al grave problema fiscal que tiene el país.
Juan Héctor Vidal, quien acompañó a Choussy en la entrevista, agregó que la emisión de estos bonos evidencia que “las gavetas del Ministerio de Hacienda están vacías”.
El gasto, centrado en las remuneraciones y en transferencias de subsidios, además del pago obligatorio de las pensiones, ha llevado al gobierno a recurrir a más deuda cada año.
De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Reserva, la deuda total pública a julio fue de $14,579.4 millones , que representan el 56 % del Producto Interno Bruto.
De hecho, la deuda total creció un 9 % entre junio y julio, según indican las cifras oficiales.
Lo peor de todo es que más del 66 % de lo que se liquida cada año solo va para el pago de intereses.
El informe de ejecución presupuestaria del primer semestre del año (enero a junio) que elabora el Ministerio de Hacienda indicó que de los $382 millones que se han pagado como servicio de la deuda, $253.8 millones, equivalen al 66.4 %, que fueron destinados solo al pago de intereses. El resto va para capital.
Es inevitable
Para José Ángel Tolentino, es inevitable que este gobierno emita más deuda para el próximo año.
El bajo crecimiento económico, que apenas llegó al 1.5 % del PIB el año pasado, no logra suplir todos los gastos que el Gobierno ha incrementado a lo largo de su administración.
“En un contexto de bajo crecimiento económico el endeudamiento es inevitable”, dijo.
Si el país tuviera un crecimiento que superara el 2 %, los ingresos fueran más y se necesitaría de menos deuda.
Choussy sostuvo que el tema sigue siendo preocupante y que si no se toman medidas correctivas ahora, las consecuencias serán desastrosas en el futuro.
La Mesa Fiscal organizada por Funde y en la que participan más de 25 reconocidos economistas del país ha pedido al gobierno que tome medidas correctivas fiscales para que el país no se enfrente a una crisis mayor en el futuro.
Muchos de estos préstamos ha sido destinados para financiar programas sociales y subsidios, que el gobierno ha considerado la mayor inversión social de los últimos tiempos.
Sólo en el primer semestre de este año el gobierno ha destinado más de $400 millones para financiar subsidios como el del agua, el gas propano y otros.
Pero además ha destinado otros $166 millones en gasto social, en el que se incluyen programas como el Vaso de Leche, los uniformes, zapatos y útiles escolares, así como pensiones a familias en extrema pobreza, un gasto que para el economista Choussy no tiene nada de inversión. Para él una real inversión sería mejorar la calidad de la educación que reciben los jóvenes. “Los subsidios están sirviendo para comprar popularidad y todo esto lo vamos a tener que pagar”, acotó.
El tema se vuelve imperativo, sobre todo en momentos en que Hacienda elabora el presupuesto 2014, que será ejecutado en su primeros seis meses por la actual administración y el resto, por el próximo gobierno que resulte ganador de las elecciones de febrero.
El proyecto de presupuesto aún no se ha presentado a la Asamblea Legislativa, pero Cáceres aseguró que estará por el orden de los $4,700 millones, por lo que tendrá un 3 % de aumento respecto al del presupuesto vigente.
En el plan de gastos se incluiría la propuesta de que todos los subsidios que entrega actualmente el gobierno queden establecidos en una ley de la República para que así cualquier partido que llegue al poder tenga que entregarlos.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) ha recomendado al gobierno no subestimar los gastos del presupuesto ni sobreestimar los ingresos.