Un estudio realizado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) entre 425 micro y pequeñas empresas, demostró que las pandillas, y su acción delincuencial, siguen siendo la principal amenaza a sus operaciones.
El 72 % de las microempresas son extorsionadas, siendo la delincuencia el mayor obstáculo que limita la inversión y proyección del gremio empresarial, en todas sus esferas.
De acuerdo con una encuesta pasada entre el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS) y la Unión Mipymes, el 25 % de los microempresaris ha sufrido algún tipo de agresión delincuencial entre abril y junio de 2013; 28 % de las empresas han sido víctima de crímenes, la cifra supera en un 10 % el índice presentado en el primer trimestre de 2013.
“Lo más grave es que el 58.2 % de los empresarios entrevistados afirman que no tienen ningún interés de invertir en el país, debido a las condiciones de delincuencia que impera en todos los ámbitos”, explicó Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de ANEP.
Aunado a estas cifras están los costos que tiene que asumir el sector en materia de seguridad. Los empresarios, de acuerdo con un estudio realizado por el PNUD, gastan $500 millones al año en la seguridad de sus furgones, alarmas, servicio de GPS, seguridad privada, flota vehicular, alarmas y pruebas poligráficas, entre otros.
Más de $1 millón al mes
Las micro y pequeña empresa, establecidas formalmente, en la actualidad pagan en concepto de extorsiones entre $1 y $1.5 millones al mes, es decir, que cancelan en promedio $18 millones al año.
La cifra no incluye al sector transporte que paga cerca de $24 millones anuales en concepto de extorsiones.
“Si bien estas cifras afectan a todo el sector privado, cuando analizamos la situación solo para la micro y pequeña empresa, la situación resulta ser mucho más grave”, aseguró Jiménez.
Se reveló también que en promedio dos negocios están cerrando sus puertas cada semana, de acuerdo con el estudio realizado entre julio y agosto de 2013, y que se ejecutó en municipios con altos índices delictivos, que además ya han sido declarado libres de violencia.
“Estamos preocupados, hay inestabilidad y zozobra, nos preocupa que el crimen organizado tiene secuestrado al país y es por la falta de una política de seguridad del gobierno”, indicó Ernesto Vilanova, presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes).
De acuerdo con la investigación realizada por ANEP, el 40 % de las extorsiones y hechos delictivos contra empresario o sus negocios, provienen de delincuentes que están encerrados en los diferentes penales, mientras que el otro 60% es de delincuentes que están en libertad.
Según las declaraciones obtenidas por la gremial, existen 250 mil pandilleros, cifra que dista de la manejada por las autoridades, que aseguran que hay 167 mil pandilleros.
Estas pandillas operan a nivel nacional, el 43 % en la zona central del país, otro 32 % en el oriente y el 25 % en el occidente, en donde el fenómeno se está agudizando.
Entre los delitos de mayor impacto para el quehacer productivo están las extorsiones, en primer lugar; luego el narco menudeo y, en tercer lugar, los asaltos a los negocios o a sus flotas vehiculares.
Los empresarios indican que la tregua que se dio entre el gobierno y los delincuentes fue un fracaso, que ha traído como consecuencia una mayor intensidad en el accionar de las pandillas.
“Las pandillas van a tener un capital político, con el que van a ganar terreno y podrán negociar, lo que resulta preocupante porque como empresarios aún no vemos una política de seguridad por parte del gobierno”, detalla Vilanova.
Otras de las preocupaciones del empresariado es que ante la situación que atraviesan, muchos de los negocios al no alcanzar a pagar las extorsiones se ven obligados a cerrar los negocios, generando pérdida de empleos. “Muchas víctimas tienen un negocio de subsistencia, es increíble a veces a las tiendas les caen los delincuentes pidiéndoles $20 o $30 diarios”, comenta Víctor Rodríguez de la Sociedad de Comerciantes e Industriales de El Salvador (SCIS).
Ante esa situación han buscado reunirse con las autoridades de Seguridad Pública, solicitud que viene desde hace dos años sin recibir respuesta. “Al fiscal se le han pedido tantas audiencias y no puede dar ninguna para hablar del tema, esa es parte de la irresponsabilidad de las autoridades”, dijo Rodríguez.
Manifestó que deben terminar los privilegios para los delincuentes.