Un estudio realizado por el consultor argentino Eduardo Melinsky muestra que en los próximos años los compromisos fiscales del gobierno salvadoreño en materia previsional tendrán un costo creciente.
Para el consultor, el desequilibrio fiscal comenzó en 2003, cuando se aprobó una reforma al sistema de pensiones que permitió que los optados (los cotizantes que se pasaron al nuevo sistema por voluntad propia) tuvieran las mismas jubilaciones que paga el Sistema Público de Pensiones (SPP).
“Eso implicó una ruptura en las condiciones de equilibrio y un costo fiscal que anuló parte de los beneficios de la reforma de 1996”, afirmó Melinsky, quien es doctor en ciencias económicas actuariales.
El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el cual estableció un mecanismo automático de financiamiento intergeneracional, también provocó una mayor carga financiera previsional.
“Eso significó que de las inversiones del SAP se pudieran pagar los beneficios pendientes del sistema anterior, financiando en el largo plazo el costo fiscal heredado del INPEP, del ISSS y de la reforma de 2003”, explicó.
El crecimiento de los compromisos del Estado tiene tres vertientes, según Melinsky. El primero es el compromiso con el Sistema Público de Pensiones (SPP) por el orden de 400 millones de dólares anuales, una cifra que en los próximos años tenderá a incrementarse a los 500 millones de dólares.
El segundo, el compromiso con los optados al Sistema de Ahorro Pensiones (SAP), que hoy por hoy implican pagos de unos 180 millones de dólares anuales, que en los próximos 15 años también llegarán a 500 millones de dólares aproximadamente.
El tercero, es el pago del servicio de la deuda, ya que esos casi 600 millones de dólares se administran bajo un esquema de emisión de Certificados de Inversión Provisional (CIP) a 25 años.
La emisión de los CIP se efectúa cada año, pero ese servicio de financiamiento se paga actualmente una cuota anual de unos 120 a 130 millones de dólares.
Sin embargo, dichos servicio es de carácter creciente, por lo cual estima que en 2030 podría llegar a 1,000 millones de dólares, y representarían el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En la actualidad, ese servicio significa el 2 por ciento del PIB.
Pide transparencia
En el estudio sobre el costo fiscal de las pensiones en El Salvador, Melinsky recomienda que en el abordaje del tema de pensiones, y por ende, de cualquier reforma que se esté elaborando, se aplique transparencia, objetividad y profesionalismo.”Y la transparencia pasa por la difusión de los datos, mientras que la objetividad pasa por mostrar los flujos de fondos que surgen a partir de la aplicación del marco normativo a los datos disponible sobre afiliados e inversiones”, afirmó.
Para lo anterior, aseguró que hay recomendaciones específicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización Internacional de Seguridad Social y de la Asociación Actuarial Internacional.
Para el profesional es importante que los distintos sectores -en los ámbitos académicos, empresarial y político- debatan todo lo relacionado a pensiones sobre la base de estudios actuariales y con una visión técnica y no política.