El Salvador reprobó dos indicadores del Asocio para el Crecimiento que tienen que ver con seguridad según el último informe al 31 de mayo.
La falta de una fuerza de tarea que esté integrada por policías y fiscales para la protección de los pasajeros del transporte público ha permitido que la inseguridad se mantenga en niveles preocupantes, pese a que la Policía mantiene el plan Bus, según se desprende del tercer informe semestral del convenio bilateral El Salvador y Estados Unidos denominado Asocio para el Crecimiento.
Técnicos que trabajan en el cumplimiento de las 14 metas que tienen que ver con la seguridad pública y la administración de justicia, explicaron que se trabaja también con los responsables del SITRAMSS, que se encuentra en proyecto de construcción, para que sea incorporado al sistema de seguridad que pretende impulsar el referido tratado bilateral.
También se sugiere que para mejorar la protección de los usuarios del transporte público es necesario estrechar la coordinación interinstitucional con la Policía con el propósito de que se echen andar estrategias y acciones para prevenir la delincuencia dentro de buses y microbuses.
En el transcurso de este mes se darán a conocer los resultados de una encuesta con la que se espera medir los cambios de la percepción de seguridad que tienen los usuarios en las rutas del transporte en el último año.
Una de las metas principales del Asocio para el Crecimiento es garantizarle la seguridad a los salvadoreños que hacen uso del transporte colectivo cuando se dirigen hacia sus centros de trabajo.
Urgen aprobar ley para quitar bienes a delincuentes
Otros de los cuestionamientos planteados en el informe es que pese haber presentado el anteproyecto de la Ley de Pérdida de Dominio a la Asamblea, esta aún no ha sido aprobada.
Los técnicos que trabajan en este tema explicaron que se le denomina “pérdida del dominio” porque el bien o inmueble que sea incautado a un delincuente, legalmente nunca fue del criminal porque lo obtuvo con dinero producto de hechos delictivos.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos sigue con la asistencia técnica a la Fiscalía para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Investigación Financiera para poder perseguir los delitos financieros como el lavado de dinero y el descubrimiento de capital de origen delictivo.
Además las autoridades estadounidenses se han comprometido a trabajar en el desarrollo de sistemas de administración de los bienes que sean incautados a los delincuentes, una vez que la ley sea aprobada.
El informe destaca la necesidad de que tanto la Fiscalía como la Policía puedan mejorar sus capacidades para poder investigar el lavado de dinero, tal como lo contemplan otras leyes.
Otros de los atrasos que señala el tercer informe tiene que ver con la falta de la asignación presupuestaria al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al momento de elaborar el documento que corresponde al periodo de noviembre de 2012 a mayo de 2013.
Señala que pese a que se han nombrado a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aún “no se ha cumplido el proceso de transferencia del presupuesto y como resultado su actuación es limitada, razón por la cual este punto se encuentra bajo la meta”.
Señala que el IAIP funciona en un local temporal, cuyo alquiler es financiado por el gobierno de Estados Unidos.
Destaca que la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción revela que desde el 8 de mayo de 2012 a la fecha del informe, las oficinas de acceso a la información recibieron 13 mil 911 peticiones de información, de las cuales el 99.4 por ciento fueron resueltas de forma positiva.
Una de las variables de las 14 que tienen que ver con la seguridad y administración de justicia que destaca el documento es lo relativo a la atención sicológica e intervención de crisis en los centros de atención a víctimas de la violencia doméstica.
Entre los resultados logrados en este periodo por el Programa de Fortalecimiento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos se destaca la atención a 400 víctimas de la violencia intrafamiliar, la ayuda a 1,210 niños en ludotecas a través de terapia de juego, y se les dio asistencia a 227 víctimas de abusos sexuales.
El informe señala que un sondeo realizado en un centro de atención a víctimas situado en Ciudad Delgado reveló que de los 99 casos de violencia doméstica que se presentaron a los tribunales, en 97 de los cuales, los acusados recibieron una condena, en el periodo del 1 de noviembre de 2012 y finales de febrero de 2013. En el año 2009, antes de que iniciara el referido programa, se conocieron 323 casos de violencia intrafamiliar y solo uno fue judicializado.
Además el documento destaca la asistencia técnica que proporciona el gobierno de Estados Unidos en las investigaciones que realiza la Fuerza de Tarea Antiextorsión para reducir el impacto de este delito en las pequeñas y medianas empresas.
Para ejecutar los distintos programas de cooperación y asistencia técnica contemplados en el Asocio para el Crecimiento, la Agencia USAID tiene proyectado invertir $100 millones de dólares en cinco años.