El costo de los subsidios no solo es excesivo ($400 millones en 2012) sino que provoca un enorme derroche de recursos, y lo peor es que los beneficiarios no aprecian dicha ayuda, según indican un grupo de analistas consultados por El Diario de Hoy.
En ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) recomiendan focalizar subsidios como el de la energía eléctrica, el agua y el gas propano; convirtiéndose este en el reto del país para los próximos años para reducir la presión que atraviesan las finanzas públicas y evitar el despilfarro de los recursos.
El año pasado, el gasto en subsidios representó un poco más del 2 % del PIB al superar los $400 millones, una cantidad excesiva, según los analistas consultados, el cual ha crecido a lo largo de este Gobierno.
Según el estudio de 2012 “Incidencia Distributiva de los Subsidios en El Salvador”, elaborado por el BID y el Banco Mundial, se podrían generar un ahorro de entre el 0.2 % y el 0.3 % del PIB si se impulsa una reforma en la distribución de las ayudas estatales que filtre a muchos hogares de altos ingresos que actualmente gozan de dichas subvenciones.
A juicio de ambos organismos internacionales, el subsidio al agua potable es el más regresivo, de los tres evaluados en el estudio “Incidencia Distributiva de los Subsidios en El Salvador”, tomando en cuenta que está concentrado en los familias que viven en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), es decir, en hogares de mayor poder adquisitivo.
El año pasado la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) erogó alrededor de $70 millones, $17.4 millones más que en 2011, para ayudar a los hogares que consumen entre tres y 50 metros cúbicos, y que representa al 97 % de la población con ese servicio básico.
Según el autor del estudio, Leopoldo Tornarolli, si se quiere ayudar a las familias de menores recursos el subsidio al consumo del agua potable no es el mejor mecanismo ya que las familias más pobres ni siquiera cuentan con una conexión del servicio.
Para el exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, el impacto de subsidiar al 97 % de la población con el vital líquido no solo representa un lastre para las arcas del Estado, sino para la misma Anda que deja de invertir ese dinero en ampliar la red de distribución de agua o en mejorarla, sin incluir que el subsidiarla provoca despilfarro del recurso, dijo el analista.
“El problema es que por estar haciendo esos programas no se produce suficiente agua para darle a todo el mundo”, sostuvo el exfuncionario.
Una consecuencia similar tiene para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) el subsidiar a las familias que consumen hasta 200 kilovatios hora mensualmente.
El Gobierno prevé usar $96 millones para subsidiar la energía eléctrica este año, menos de los más de $100 millones que gastó el año pasado, según el medio de propaganda oficial Transparencia Activa.
Aún así, de acuerdo con el informe del BID y el BM “existe la posibilidad de mejorar la focalización de este subsidio, contribuyendo a su vez a incrementar el ahorro fiscal”.
Para el exdirector de Fitch Ratings El Salvador, Mauricio Choussy, la solución es más clara: “la idea de la subsidiariedad del Estado es que se atienda principalmente a los pobres, y las personas que consumen más de 100 kilovatios/hora definitivamente ya no son pobres”.
El analista explicó que “Cel está pagando ese subsidio, y lo que está sucediendo es que Cel tampoco cuenta con los recursos para atender la demanda energética futura del país. Está minando la capacidad de inversión de la institución”, afirmó.
La única subvención que ha tratado de ser focalizada a juicio de los analistas es la del gas licuado; sin embargo, ambos señalaron el accidentado proceso que al final resultó con resultados de poco impacto.
Primero, el Ministerio de Economía (Minec) decidió que solo subsidiaria el gas a los hogares con un consumo menor a los 99 kilovatios/hora, luego se extendió hasta las familias que consumen hasta 199 kw/h. A la lista se fueron sumando los negocios de subsistencia, las escuelas y los comedores de caridad, lo que redujo sustancialmente el ahorro.
Al respecto, el economista Luis Membreño aseguró que “el gas se trató de focalizar en base al consumo de energía y no necesariamente el que consume menos electricidad es el más pobre”.
El BID y el BM señalan que uno de los logros de la racionalización es la eliminación del contrabando, la eliminación del incentivo al sobreconsumo y el aumento de la cobertura; pero, recalcan que “aún existen oportunidades para mejorar” sin afectar a los más pobres.
Membreño opina que gozar de este beneficio no debe solo estar sujeto al consumo de la energía eléctrica, sino de la ubicación geográfica y de un estudio socioeconómico, por lo que sugiere echar mano del mapa de pobreza para determinar dónde están los hogares que sí deben recibir la ayuda.
El subsidio al transporte público también urge de una reforma, de acuerdo con los economistas, quienes insisten en que es un error el ayudar a la oferta, es decir a los buseros, en lugar de subsidiar a la demanda, por lo que sugieren un cambio de mecanismo.
Para Hinds el actual modelo de ayuda al transporte colectivo únicamente ha propiciado que los empresarios se llenen de buses viejos a cambio de recibir una jugosa compensación, dejando de lado mejorar la calidad del servicio.
Choussy, por otro lado, ve en la implementación del nuevo sistema de pago en los buses y microbuses, por medio de tarjeta, una oportunidad para determinar la cantidad real de pasajeros que transportan las unidades, por lo que será más fácil identificar a quiénes subsidiar y por cuánto.
El año pasado el Gobierno gastó más de $60 millones en la compensación a los empresarios del transporte público.
La propuesta de Membreño es que el Gobierno comience a trabajar en un número de identificación para las familias que reciben uno o más subsidios para llevar un mejor control de cuánto es lo que se le da a cada persona y a cada hogar.