La deuda que el gobierno tiene con exportadores y pequeños empresarios es un dolor de cabeza de nunca acabar que ha puesto en riesgo el funcionamiento de los negocios más pequeños, afirman representantes del sector privado.
Solo en la devolución del IVA, el Ministerio de Hacienda debe alrededor de $48 millones a los exportadores, dijo recientemente el presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Pablo Durán, durante la presentación de una estrategia para levantar las exportaciones que fue hecha al candidato a la presidencia de ARENA, Norman Quijano.
Durante ese encuentro la gremial hizo énfasis precisamente en que la tardanza del Estado en cancelar sus compromisos resta liquidez a un sector que encima afronta el haber perdido el 6 % en concepto de “Drawback” (un incentivo a las exportaciones).
El atraso en la devolución del IVA detalló el representante de la gremial de exportadores alcanza hasta los nueve meses, con el agravante de que cuando los empresarios reciben el pago bajo la figura de notas del Tesoro Público deben perderle un porcentaje del valor cuando los venden en el mercado financiero.
Otro de los sectores habitualmente afectado por el impago es la industria de la confección de uniformes y de zapatos, de acuerdo con Ernesto Vilanova, director presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), y Víctor Rodríguez, presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCIS).
“La mayoría de los empresarios que han estado con problemas por la deuda del Gobierno son los fabricantes de zapatos. Hubo un tiempo en que hasta estaban quebrando”, dijo Rodríguez, quien añadió que los ministerios son los más tardados en pagar sus deudas, y entre las autónomas, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El director presidente de Conapes aseguró además que los pequeños empresarios esperan hasta seis meses por el pago.
Para este tipo de negocios, de acuerdo con Vilanova, es muy duro un atraso semejante porque disminuye la liquidez para pagarle a los proveedores de la materia prima.
Los empresarios de transporte público también reciben con tardanza el pago de la compensación, al igual que empresas que ofrecen productos y servicios al Ministerio de Salud.
Surgen propuestas
El sector privado ha empezado a diseñar propuestas para recibir el pago a tiempo.
“Lo que nosotros estamos haciendo es preparando un proyecto para que al pequeño empresario se le ceda una orden irrevocable de pago a través de la banca del Gobierno, que puede ser Banco de Fomento, Banco Hipotecario, Banco de Desarrollo, para que a través de estos bancos les paguen inmediatamente después de que tengan el aval de entrega y que puedan ellos obtener de inmediato el dinero”, explicó el representante de Conapes.
Una idea similar ya está en el radar del Ministerio de Hacienda. El titular de la cartera, Carlos Cáceres, confirmó a mediados de julio que ya trabajan en la modalidad de pago conocida como factoraje, con el que se espera que el tiempo de espera se reduzca a 60 días, todavía 30 días más tarde de lo que estipula la ley.
Con esta modalidad, se busca que los proveedores del Gobierno tengan la oportunidad de ofrecer su constancia de pago en una plataforma electrónica para que cualquier banco o institución de mayor liquidez la compre, explicó el ministro de Economía, Armando Flores, quien ha trabajado de cerca en el proyecto.
Los exportadores y pequeños empresarios tienen actualmente la oportunidad de transar los papeles que reciben como compromiso de pago; sin embargo pierden un porcentaje.
En el caso de los exportadores, la pérdida es de hasta el 5 % al vender las notas del Tesoro Pública, según Durán; mientras que los que reciben “quedan”, según el presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales, pierden hasta 20 % al comerciar estos documentos.
Sobre la idea de Hacienda y Economía, Durán ya advirtió que implementarla implicará un compromiso de pago del Gobierno, porque de lo contrario se duplicarían los efectos negativos para los empresarios.
El presidente de Coexport explicó en una entrevista hecha a mediados de julio que si el Gobierno no cancela a la institución financiera en el tiempo estipulado el valor del documento, la garantía recaerá sobre el proveedor que vendió ese documento, y será él quien tendrá que pagar la deuda y no la dependencia de Gobierno que recibió el producto o servicio.
Lo ideal, según el empresario, sería que el Gobierno no necesitara de este sistema para pagar. “El Gobierno debería dar ejemplo de pago. Esto se interpreta como la incapacidad del Gobierno para pagar, debido a su situación financiera”, aseguró.
Por otro lado, el presidente de SCIS afirmó que el proyecto de ley para la micro y la pequeña empresa que ha presentado la Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa (Conamype) contempla el pago a tiempo a los proveedores, pero a juicio de Rodríguez, las medidas son ambiguas y se quedan cortas.
“Nosotros estamos proponiendo que hayan sanciones al no pagar en un tiempo estipulado”, comentó el representante de la Sociedad de Comerciantes e Industriales.
Rodríguez enfatizó que además de provocar la quiebra de algunas empresas, el impago merma el crecimiento de los negocios que logran sobrevivir, porque mantienen paralizada la ganancia que perciben por ofrecer sus servicios y productos al Gobierno. Al final, la realidad de la pequeñas empresas que realizan negocios con el Gobierno no ha sido el cuento color rosa que planteó la reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) al obligar a las instituciones estatales a adquirir 12 % de sus compras con las Mypes.