Aunque el Gobierno trabaja actualmente en una serie de reformas legales para mejorar el sistema de pensiones no será sino la próxima administración quien tendrá que ejecutar las medidas de forma plena.
“Este gobierno no tendrá problemas para pagar. Los problemas van a venir después”, dijo el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, la semana anterior, cuando visitó la Asamblea Legislativa.
El documento de estas reformas, que se supone que estaba listo desde febrero, aún no sale a la luz pública, a pesar de que los economistas y las mismas administradoras de pensiones han insistido en hacer reformas al sistema cuanto antes.
El presidente Mauricio Funes aseguró hace unas semanas que será este gobierno quien presente las reformas, pero el mismo superintendente adjunto de pensiones, Omar Iván Martínez, duda de que sea éste quien aplique las medidas.
“Yo no creo que vayan a sacar estas reformas en estos momentos”, dijo hace unos días el analista económico Claudio de Rosa.
El contexto político, de cara a una elección presidencial, complica las cosas.
El camino, además, está minado por una serie de demandas que se han acumulado con el tiempo y que están poniendo más presión a las autoridades.
No sólo tendrá que afrontar la ejecución de unas reformas polémicas que podrían incluir la modificación a los años de jubilación y cotización, sino que además deberá resolver exigencias como las de un grupo de 13 mil jubilados que exigen una pensión vitalicia además de afrontar la resolución a varias demandas de inconstitucionalidad que ya son del conocimiento de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia y que exigen una mejor rentabilidad.
Además el panorama fiscal presiona aún más las medidas. Con una deuda que supera el 56 % del Producto Interno Bruto y un déficit de casi el 4 % de cuya mitad corrresponde a las pensiones, el próximo gobierno está condenado a aplicar una medicina drástica y a correr contra el tiempo.
Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, el número de pensionados subió en 2,026 personas pasando de 144,679 jubilados en mayo de 2012 a 146,705 en mayo de este año.
Es un incremento de 1.4 % que va subiendo mes a mes y que obliga a las autoridades a contraer más deuda para financiarlo.
Por el otro lado tiene el reto de aumentar la rentabilidad del fondo de pensiones.
No solo preocupa el gasto que se debe hacer hoy para pagar a los que ya se están jubilando , sino también, el panorama que se le heredará a miles de personas que están ingresando al sistema y que esperan una pensión justa cuando llegue su jubilación.
Esa pensión depende de los intereses que se vayan ganando con las inversiones que las AFP hagan a futuro y que, a su vez, están ligadas a reformas a la Ley de Inversión, que permitiría a las administradoras, invertir en el mercado internacional.
Impuestos
Otro de los temas que el nuevo gobierno podría asumir es elevar los impuestos como una alternativa para financiar la presión fiscal de las pensiones.
“¿Cuál es la lucha de este gobierno?: que no se suban los impuestos para pagar pensiones”, dijo el ministro.
Sin embargo, de Rosa asegura que el próximo gobierno, aunque no quiera hacerlo, tendría que arriesgarse a subir impuestos, pues la situación fiscal actual está tan deteriorada que las alternativas no serían muchas.
El crecimiento económico es la única salida para crecer, según estableció hace una semana el Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal.
Sin embargo, el ministro Cáceres asegura que el tema de las pensiones es uno de los “sacrificios” que el país deberá hacer para reducir la deuda.
Entre las reformas que se plantean está aumentar la edad de jubilación.