La Superintendencia de Competencia inició ayer un procedimiento sancionador contra Alba Petróleos de El Salvador, Sociedad por Acciones de Economía Mixta de Capital (SEM), por no haber solicitado autorización de concentración económica para presuntas concentraciones o fusiones con otras empresas.
La señal de alarma fue lanzada a principios de febrero pasado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), cuando solicitó ante la Fiscalía General iniciar una investigación sobre los posibles ilícitos en las operaciones de Alba Petróleos. El mismo procedimiento realizó ante la Superintendencia de Competencia, sustentando la petición que “la Ley de Competencia es clara en exigir a empresas con activos superiores a los $131,6 millones o ingresos mayores a $157 millones, que soliciten permiso previo para comprar o fusionarse con empresas existentes, a fin de evitar que se den prácticas desleales que distorsionen el mercado y afecten a miles de empresas y consumidores”.
Luego de analizar la solicitud formal presentada por ANEP (el 5 de febrero), la SC inició una investigación de oficio (el 13 de febrero 2013), con la intención de determinar si Alba Petróleos había infringido o no la Ley de Competencia por las concentraciones de sus negocios.
En esa ocasión, la SC aseguró que los agentes económicos están obligados por la Ley de Competencia a solicitar autorización antes de llevar a cabo una concentración económica, para evaluar si con ello habrá una limitación significativa de la competencia. Cinco meses después, Francisco Díaz Rodríguez, Superintendente de Competencia, confirmó que dicha empresa “omitió solicitar autorizaciones antes de efectuar ciertas operaciones que constituirían supuestas concentraciones económicas (adquisiciones o fusiones)”.
El funcionario añadió que la actuación previa, como su nombre lo sugiere, es un procedimiento preliminar a través del cual la SC investiga y examina hechos, circunstancias, en las que pueden existir prácticas ‘anticompetitivas o violaciones a la ley.
“De las actuaciones previas se desprenden indicios suficientes para presumir la existencia de tales prácticas, entonces se entabla el procedimiento sancionatorio, al mismo tiempo, que se le informa al agente económico que se le investigará por la presunta comisión de determinada práctica anticompetitiva o violación a la ley”, explicó Díaz.
La instancia gubernamental aseguró que en la documentación presentada por Alba Petróleos, y agentes económicos involucrados en las operaciones, se encontraron cinco operaciones efectuadas que cumplirían los supuestos establecidos en la ley para considerarse concentraciones económicas.
“Se trataría de operaciones efectuadas entre agentes económicos independientes entre sí y se habrían excedido los umbrales monetarios establecidos en el artículo 33 de la Ley”, detalló el funcionario.
Dicho artículo dice que las concentraciones que impliquen la combinación de activos totales que excedan a 50,000 salarios mínimos anuales en la industria o que los ingresos totales de las mismas excedan a 60,000 salarios mínimos anuales urbanos en la industria deberán solicitar autorización previamente a la Superintendencia.
Según las disposiciones legales de la SC, Alba Petróleos tiene 30 días calendario para ejercer su derecho de defensa, contados a partir de ayer (18 de julio).
Luego abrirá a pruebas por 20 días hábiles y, finalmente, el Consejo Directivo decidirá si ha habido una violación a la Ley de Competencia.
Voceros de Alba Petróleo informaron ayer por la tarde que el caso se encuentra en estudio, y posiblemente ofrezcan declaraciones esta semana.
–EDH