Las actuales medidas de subvenciones estatales que realiza el gobierno para beneficiar a la población salvadoreña están generando una estela de desgaste en las finanzas públicas que podría ser insostenible en los próximos años, a criterio de economistas que reconocen que en el primer semestre de 2013 se gastaron $393 millones al respecto.
Para Luis Membreño, economista local, en El Salvador la mayoría de subsidios se orienta al consumo y no a la productividad , pero sobre todo no están “bien racionalizados” y estratificados.
“El reto del país es reducir las ayudas para que no generen un gasto mayor de $150 millones, algo que es coherente con la situación económica del país”, consideró.
En este punto hay que comparar que casi un 22 % de los $4,712.8 millones que le ingresaron al Ejecutivo en 2012 se utilizaron en pagar subvenciones. Incluso, según Membreño, el gobierno aún debe $45 millones en diferentes rubros, detalle que demuestra la debilidad técnica global del proyecto.
“En la coyuntura actual los subsidios deben ser temporales. No deben ser impactados por el incremento de costos, como lo que ha pasado con el gas o la energía”, recordó.
Bajo esta perspectiva, Membreño comparó como, con los $140 millones que costó el subsidio al gas propano, el gobierno puede construir hasta dos carreteras o modernizar hospitales “sin recurrir a la banca multilateral”.
“Sobre endeudamiento y subsidios no encajan, complican las deterioradas circunstancias crediticias y de inversión pública”, detalló.
Bajo ingreso por persona
Rigoberto Monge, asesor económico de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), agregó que los subsidios no están contribuyendo a elevar el ingreso por habitante, el cual se mantiene a un ritmo del 0.6 % de crecimiento, retomando datos del Banco Central de Reserva.
“Los objetivos de los subsidios no alcanzan porque no tienen bien definidas las estrategias de focalización y aumentan la presión fiscal”, reflexionó el experto.
De este modo, los subsidios se desprenden del endeudamiento porque se utilizan recursos de largo plazo que, a criterio de Monge, dan lugar a un futuro escenario de un déficit fiscal de -4.3 % del Producto Interno Bruto (PIB).
“¿Cómo se asegura la eficiencia de estos programas? Políticamente sí pueden ser rentables y sostenibles, pero a las próximas administraciones públicas les pasará factura”, detalló Monge.
Otra circunstancia que se debe subrayar es que hay demasiadas instituciones involucradas en la administración de las subvenciones y que no existe un enfoque estandarizado para pagar los beneficios.
Un ejemplo representativo es cómo el gobierno cambió en tres ocasiones la forma de pago del subsidio del gas, detalle que ha generado mayores costos.
“Hay dispersión en la administración y por lo tanto sería ideal crear una forma de pago único o buscar la descentralización de las cadenas de pago”, recomendó Monge.
Ambos analistas económicos coincidieron en que hay que priorizar austeridad y otras medidas de ahorro inmediatas.
Uno de los principales gastos, que también incluyen las subvenciones del Estado, demuestran este complicado contexto y se relacionan con el consolidado de costos de los programas sociales de la actual administración pública, que ascendieron a $1,015 millones en el 2012, según cifras oficiales.
Esto incluye programas como la pensión básica universal, la entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares, el subsidio al gas, electricidad, agua y transporte colectivo y Comunidades Solidarias Urbanas y Rurales, entre otras erogaciones.