Que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no inviertan en los certificados de inversión que emitirá el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) recomendó ayer la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), a menos que este cumpla con los requisitos que se aplican a otros emisores.
Fusades sostiene que la emisión de estos certificados exime de la obligación de clasificación de riesgo que se exige a otros emisores semejantes, planteando un doble estándar bajo el supuesto de que la garantía estatal elimina los riesgos.
Para el tanque de pensamiento, invertir el ahorro para pensiones sin cumplir requisitos sería una contradicción, ya que vulnera los principios de una gestión prudente.
El mes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 393, que le da luz verde a Fonavipo para emitir Certificados de Inversión por $40 millones para que los negocie en el Mercado de Valores.
“Estas disposiciones vulneran y contradicen los principios que orientan la gestión de los fondos de pensiones y la estricta regulación aplicable a las AFP en la administración de los mismos, así como las sanas prácticas financieras… Por tanto, efectuar tales inversiones sería inconveniente e incompatible con la naturaleza del ahorro previsional”, apuntó Fusades.
Con la venta de dichos certificados, Fonavipo espera pagar un préstamo que le otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $50 millones para financiar el programa “Casa para todos”.
Sin embargo, el mal desempeño de Fonavipo provocó que Fitch Ratings le redujera la calificación de riesgo, desde “A”+ hasta “D”, luego del incumplimiento de la obligación de pago de una cuota de $10 millones con el BCIE.
El pago de la primera cuota de ese préstamo venció en mayo de 2013, pero el deudor no contó con los recursos necesarios para efectuarlo, debido al deterioro financiero que está enfrentando. La cancelación de la cuota se efectuó hasta el 26 de junio de 2013, tal como confirmó ayer la institución estatal.
José Tomás Chévez, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano y presidente de Fonavipo, confirmó ayer que a finales de mes los inversionistas podrían tener en sus manos dichos certificados, pues están “corriendo” con los trámites.
“Lo primero que se hará con los fondos es pagar el crédito del BCIE, porque de alguna manera se estructuró, no con los plazos que un proyecto de construcción amerita”, expresó.
El funcionario añadió que pronto comenzarán con un plan agresivo de comercialización de las viviendas, porque esos flujos son los que respaldarán la emisión de los Certificados de Inversión.
No obstante, Fusades cree que conceptualmente el artículo 3 del Decreto Legislativo contradice el objetivo de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, la cual establece una serie de regulaciones sobre las inversiones, tales como contar con dos calificaciones de riesgo, límites para diversificar el riesgo y exige que los instrumentos financieros cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores.
La Fundación advirtió que debe tenerse presente que el objeto del ahorro previsional es el pago de pensiones, no son recursos sobre los que se puede disponer libremente. Es un ahorro obligatorio que les pertenece a los cotizantes, y está registrado en su cuenta individual, pues renuncian a una parte de su consumo presente para poder disfrutar de una pensión razonable en el futuro.
Por otra parte, es urgente evitar que las AFP continúen siendo obligadas a realizar inversiones que perjudiquen a los cotizantes, como es el caso de los Certificados de Inversión Previsional (CIP-A) —usados por el Estado para financiar el pago de pensiones del antiguo sistema público— que devengan una tasa de interés bajísima (cerca de 1.2 % a mayo) que no corresponde con su plazo de 25 años. La tasa de mercado de éstos debería rondar el 7 % u 8 %. Este diferencial impacta la rentabilidad de los fondos e incidirá en que a futuro las pensiones serán menores.
El patrimonio acumulado por los fondos de pensiones hasta abril de 2013 ascendió a $7,141.5 millones (30 % del PIB) y los sectores en que se invierte no han cambiado sustancialmente; lo grave es que más del 82 % del total se invierte en títulos del sector público. Esta a alta concentración de las inversiones se debe a la rigidez de las reglas vigentes y al poco desarrollo del mercado de capitales del país.
Dichas reglas incluyen las compras obligatorias de CIP-A, que inmovilizan un porcentaje importante del portafolio (hasta 45 % del fondo) siendo una limitante para que El Salvador aproveche el ahorro previsional para financiar el desarrollo económico.
La rentabilidad de los fondos de pensiones ha disminuido en el tiempo por varias razones, aunque la caída se profundizó en los últimos años. En diciembre de 2011 registró el 2.8 % nominal y -2.1 % en términos reales, pero en el último año mejoró, exhibiendo en abril de 2013 el 6.3 % nominal, semejante al real.
Fusades concluye que Fonavipo es un emisor que no cumple los requisitos, tiene baja calificación crediticia y alto riesgo de impago, y está alejada del umbral de riesgo permitido por ley para los fondos de pensiones.