Todas las semanas dos empresas cierran operaciones, como mínimo, en el país debido a la difícil situación financiera que atraviesan, provocada, en su mayoría, por el cobro de las extorsiones de los pandilleros y por los atrasos que tiene el Gobierno para pagarles por los bienes y servicios cuando son sus proveedoras, según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria.
El director ejecutivo de esa gremial, Federico Hernández, apuntó que esta situación ha sido notoria desde hace cinco meses y que lo han podido comprobar a través del pago de membresía que las empresas pagan para ser socias de la gremial.
“Hemos tenido de uno a dos empresas en promedio que tienen que salirse de la Cámara porque no tienen para pagar la cuota. Siempre dicen que es por el problema económicos. Otros lo hacen por la delincuencia. Se ven obligados a cerrar. La situación es seria”, sostuvo el dirigente empresarial.
En cuatro años de estar a cargo de la dirección ejecutiva, Hernández asegura que nunca había visto esta situación con tanta frecuencia.
Y entre todos los negocios son las micro y pequeñas empresas las más afectadas. Estos pequeños negocios emplean entre una y 50 personas y debido a que sus flujos de efectivo son mínimos, el dinero contante y sonante es imprescindible para que sigan operando.
El dato fue confirmado por el director presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa (Conapes), Ernesto Vilanova, quien conoce de primera mano el problema.
“Esto es una realidad. Hay muchas empresas que están cerrando por varios motivos. Dentro del Consejo hay 11,730 pequeños empresarios y de esos el 70 % está siendo extorsionado. Siguen en el negocio, pero ya no con los comercios abiertos”, aseguró. “Nosotros hemos catalogado que el país está en manos del crimen organizado”, agregó.
A pesar de que los pandilleros aseguran tener una tregua con la que se han reducido los homicidios, Vilanova dice que “no hay empresario en este país que no esté pagando una extorsión”. Y con pesimismo dice que “eso nunca se va a acabar”. “Capturan a tres, pero andan miles de ellos”, expresó, con preocupación.
El poco efectivo que les queda a los negocios se vuelve el pago para los pandilleros.
Y por si esto no fuera poco, los empresarios también están cerrando sus negocios porque el Gobierno les compra sus bienes y servicios, pero no les paga a tiempo.
Zapateros y costureras, que invirtieron sus ahorros en materia prima para surtir a las escuelas de uniformes, aún siguen esperando su paga.
La falta de fondos ha sido la excusa permanente del Gobierno, a pesar de que estas ayudas estatales ya estaban contempladas en el Presupuesto General de la Nación.
Para comprobar cuántas empresas están en este problema, el mes pasado la Cámara se dedicó a pasar una encuesta entre todos sus agremiados y en menos de una semana ya tenían a 62 que estuvieron dispuestos a responder las preguntas.
De estas, el 94 % dijo que el Gobierno se ha retrasado en el pago por sus bienes o servicios y quien más les debe es el Órgano Ejecutivo, donde están concentrados los servicios de salud y educación.
Las extorsiones y los retrasos del Gobierno parecen provocar la misma reacción de miedo entre los empresarios. No denuncian por temor a ser el blanco de próximos ataques.
Hernández dice que aunque 62 empresas parece un número pequeño, el problema de impago es mayor porque la mayoría de las empresas que proveen al Estado no dio información por temor a que no las vuelvan a contratar en una futura licitación o que les retrasen aún más el dinero que les deben.
“El problema está, pero no sabemos qué tan grande es porque los empresarios están temerosos”, dijo el funcionario.
De hecho, este periódico ha intentado publicar en varias ocasiones las experiencias de estos comerciantes, pero muchos de ellos se niegan a denunciar los atrasos porque creen que el Gobierno les retendrá aún más su pago o que no serán contratados en una futura licitación.
Lo mismo ocurre con las extorsiones. Aunque la mayoría de las empresas paga una cuota mensual o semanal a los pandilleros, la Unidad antiextorsiones de la Fiscalía apenas reportó 227 denuncias en marzo de este año.
“La situación económica que están pasando en estos momentos la micro y pequeña empresa es seria”, recalcó Hernández.
“Una pequeña empresa no puede sobrevivir si el Gobierno decide acumularle una deuda de más de 120 días”, dijo Hernández.
Vilanova dijo que si la economía se mantiene es porque las pequeñas y medianas empresas siguen trabajando a pesar de las dificultades, pero lamentó que el presidente Funes diga que este es uno de los rubros a los que ha ayudado.