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Gobierno obliga a las AFP a comprar “bonos basura”

Decreto para que Fonavipo emita $40 millones faculta a las AFP a adquirir títulos sin calificación

Estos son los apartamentos que siguen sin ofertarse, pese a que han sido devaluados.
Estos son los apartamentos que siguen sin ofertarse, pese a que han sido devaluados.

Por Juan José Morales nacional@eldiariodehoy.com

Jun 11, 2013- 22:00

Una deuda de $50 millones del gobierno con la banca multilateral abre la posibilidad de que en El Salvador los ahorros de pensiones que administran las AFP comiencen a utilizarse para comprar Certificados de Inversión sin calificación, según la ley que ampara el salvataje del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) por sus problemas de liquidez y solvencia financiera.

Los ahorros de pensiones ascienden a la fecha a casi $7,100 millones.

La medida contradice la vigente Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, que indica que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no pueden adquirir instrumentos financieros “de baja calificación”, como es el caso de las emisiones que realizará Fonavipo desde julio por ser una institución, para Fitch Ratings, con “categoría D” y baja capacidad de pago.

Pero al revisar el art. 3 de la ley de Emisión de Certificados de Inversión de Fonavipo, aprobada el jueves pasado, además de no justificar el mecanismo en el Registro Público Bursátil, se exime la responsabilidad de que la autónoma se registre como un emisor de valores y que califique “el riesgo” al respecto.

El viceministro de Vivienda y presidente de Fonavipo, Roberto Góchez, justificó dicha decisión con el argumento de que la ley decretada “da automáticamente una buena calificación a la medida”, obviando incluso que el Estado, como garante de la emisión, perdió el respaldo de la calificadora Moody’s en marzo del presente año cuando amenazó con reducir la calificación de los bonos soberanos, debido a su situación fiscal.

“No hay ningún problema con los fondos de pensiones. La emisión de certificados está garantizada por la ley (aprobada la semana pasada con 56 votos) y tienen alta calificación, sin riesgo alguno”, contrastó el funcionario.

Pero, para algunas voces del sector, el Ejecutivo está “acorralando” a las AFP y creará una situación donde el fondo actual para las jubilaciones de los trabajadores “terminará pagando un débito ajeno”.

Un analista del sector consultado por El Diario de Hoy confirmó que con estas decisiones se está desnaturalizando el mercado bursátil salvadoreño porque eliminar las calificaciones es como “quitar candados para la discrecionalidad en el uso del dinero”.

“El capital de pensiones recibirá un golpe por los intereses de la deuda de Fonavipo y porque genera un golpe de confianza significativo en el sector. Da la impresión que se quiere utilizar un fondo de los trabajadores para pagar deuda pública”, analizó la fuente, que pidió el anonimato.

Góchez, ante este análisis, dijo que es un juego político de la coyuntura y que su misión actual es sanear la institución, a pesar de que aseguró tener recursos propios que no tienen relación con la emisión de Certificados.

“Fonavipo es una institución sana, con $70 millones de capitalización desde hace dos años. Pero ese dinero es para otras inversiones, otros proyectos, no para pagar deuda, eso no tiene que ver con la baja calificación que nos dio Fitch”, contradijo.

En este sentido el funcionario no respondió cuando se le preguntó porque no invirtió parte de este dinero para saldar la deuda de $40 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y porque optó por la emisión de esa otra herramienta de deuda.

“Yo busqué otros mecanismos con el Ministerio de Hacienda y otras instancias. Pero no hubo respuesta”, simplificó Góchez.

Dentro de la ley, otro de los problemas tiene relación con el garante de la emisión. El artículo 4 dice que si al finalizar el programa Casa para Todos hay obligaciones pertinentes, el Estado “las cubrirá”. Pero en el artículo 1, hay una contradicción: los $40 millones emitidos en la certificación “gozarán de la garantía del Estado de El Salvador”, algo que genera ambigüedad sobre el papel del gobierno en este conflicto. “Da la impresión que el gobierno se compromete, luego deja que las AFP respondan con el fondo previsional y por último, si no se logra el saneamiento, al terminar el proyecto de viviendas, actuará. Y todo esto, insisto, devaluará el sistema bursátil que se ha construido”, razonó el especialista.

Al preguntarle a Góchez sobre los certificados dijo que en un mes y medio serán colocados en el mercado a una tasa de interés de hasta 8 %, pero no dio más información argumentando “secreto bancario”.

“No puedo revelar más información, hay que esperar que el presidente (Funes) mande a publicar la ley y se comenzarán con los mecanismos de la emisión. En un plazo de tres meses quizás paguemos los primeros $10 millones”, explicó.

Riesgos y garante débil

Francisco Bertrand Galindo, exsuperintendente del Sistema Financiero, dijo que la ley del “salvataje” de Fonavipo está redactada otorgando privilegios y prebendas a la institución y que la obtención del dinero para el crédito “puede comprometer” las jubilaciones de los salvadoreños.

“Hay un problema técnico: primero Fonavipo va a recibir un crédito puente por un lado que no está contemplado en el decreto, pagar los $10 millones para obtener la recalificación y a partir de ahí captar la diferencia. Pero eso es, de seguro, la estrategia financiera del gobierno”, acotó.

El otro problema que Bertrand Galindo visualiza sobre este contexto es que los cotizantes pagarán los intereses de la emisión de bonos, dado el actual sistema de pago de pensiones que proviene del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el cual genera mínimas tasas de interés.

“Comprometer estos fondos es algo delicado porque los intereses (de la emisión de Fonavipo) serán mayores a los del fideicomiso, quizá entre un 7 y 9 %”, detalló.

En el caso de los recursos provenientes de la emisión de Certificados, el también abogado recuerda que Fonavipo no puede usar el dinero en cuestiones operativas o financieras sino que debe invertir en papeles de rentabilidad y de poco riesgo, en otras palabras valores seguros. “La autónoma debe ajustar el valor de la vivienda si quiere cubrir con más rapidez la deuda porque actualmente no tiene capacidad de pago, su liquidez y solvencia son demasiado bajas”, sugirió Bertrand Galindo.

Dijo que el Estado, como garante, no tiene condiciones de responder por el nivel de endeudamiento y el déficit fiscal. “Más allá de la calificación, hay un elemento de riesgo adicional que no va a estar en las calificaciones formales pero sí en los análisis. El problema del fondo de pensiones ya se complicó vía indirecta por el caso Fonavipo y la rentabilidad de los títulos”, finalizó.

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