Un grupo de jubilados, que forma parte de más de 13 mil personas que ya están tramitando su pensión, asegura que el actual sistema está tratando de forma desigual a los pensionados, pues mientras unos recibirán su pensión mientras les duren sus ahorros y luego aceptar una pensión mínima, otros tendrán una pensión de cuota fija de por vida.
Los jubilados, agremiados en la Asociación de Pensionados del Sistema de Ahorro para Pensiones (APSAP), le echan la culpa a las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó en 2006 y que dividieron a los “optados” (que optaron por el nuevo sistema) en dos grupos con beneficios diferentes.
En ese año el Gobierno creó una figura legal llamada Fideicomiso de Pensiones (FOP) que le permitió tomar dinero privado del sistema de pensiones para pagar a los jubilados del sistema antiguo (ISSS e INPEP) pues el FMLN se negaba a aprobarles más préstamos.
Junto a ese Fideicomiso, la Asamblea también aprobó el Decreto 100, que reformó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y que definió nuevos requisitos para pedir la pensión y estableció el 23 de septiembre como la fecha clave para dividir a los grupos.
El primer grupo, conocido en la jerga de las AFP, como “pre FOP” es el que quedó fuera de esa reforma. Son unos 20 mil pensionados para quienes las condiciones de jubilación quedaron de la siguiente manera: se jubilarían al cumplir la edad (55 años las mujeres y 60 años los hombres) o al cumplir 30 años de cotización antes del 31 de diciembre de 2004. Su pensión sería de acuerdo con lo que ahorraron en su cuenta individual y el Gobierno les completaría con un Certificado de Traspaso y un Certificado de Traspaso Complementario que, en esencia, son los fondos que el jubilado cotizó al ISSS y al INPEP para agregárselos a su cuenta individual.
Para este grupo, la pensión sería el resultado de dividir el total de sus fondos entre el número de años de esperanza de vida. Así, si un pensionado, al final de su vida laboral, tiene un fondo total de $10 mil, por ejemplo, ese dinero se tiene que dividir entre el número de años que se espera que viva y luego dividirlo por 12 meses.
Cuando el dinero de la cuenta individual se acaba, el Gobierno está obligado a pagarle una pensión mínima de $207.
El otro grupo se creó justo en 2006, posterior al 23 de septiembre de 2006 y hoy es conocido como “grupo FOP”.
A ellos, el Gobierno les dijo: ya no les daré CT y CTC, pero a cambio, les daré una pensión -cuota fija- para toda la vida. Para recibir la pensión vitalicia, este grupo tendría que cumplir un solo requisito: haber cumplido la edad de pensión después del 23 de septiembre de 2006 (antes de 2017 las mujeres y 2022 los hombres).
Su pensión ya no estaría definida por el saldo de su cuenta, sino por una tabla que el Gobierno dejó estipulada en la Ley. La cuota de pensión a recibir sería el resultado del promedio de salario cotizado en los diez últimos años.
Las primeras cuotas de esa pensión salen del dinero que el ciudadano ha cotizado, pero en cuanto este fondo se acaba, la AFP toca las puertas del ISSS y el INPEP, le recuerda que tiene una deuda con ese pensionado y éste, a su vez, recurre al Fideicomiso para poder obtener el dinero y pagar su deuda.
Las cifras oficiales indican que en este grupo hay unas 200 mil personas que tendrán pensión fija hasta morir.
Para los representantes de esta asociación estas reformas crearon un “trato desigual” entre los “optados” pues a pesar de que todos han cotizado el mismo tiempo y cumplido la edad, no todos tendrán una pensión digna hasta que mueran. “He hecho cuentas y a mí el dinero solo me alcanzará para unos siete años”, dijo uno de los jubilados, que optó por no dar su nombre.
La Asociación ha buscado el apoyo de algunas fracciones legislativas para que se reforme la ley y se les “compense” con una pensión vitalicia, pero hasta ahora solo tienen la promesa de discutir el tema.
Según los representantes de la Asociación, la mayoría de la gente que aún no se ha jubilado, ni siquiera sabe a qué se enfrentará. “Yo no sabía que la pensión no iba a ser vitalicia”, dijo otra de las afectadas.
“Las cuentas van en picada libre. Va a llegar un momento en que no tengamos nada”, dijo otro de los jubilados.
Rentabilidad
Los jubilados pre FOP no estarían tan preocupados si la rentabilidad que ganan sus pensiones no fuera tan mínima como es (1.4 % de interés en promedio en 2012).
Según Ruth de Solórzano, presidenta ejecutiva de la AFP Crecer, dijo que el crecimiento del fondo de pensión de estas personas depende de la rentabilidad que generen.
“Este grupo ‘pre FOP’ podría multiplicar su dinero si la rentabilidad fuera más alta”, dijo.
Esta rentabilidad es la ganancia que obtienen las pensiones al invertirse en deuda del Estado.
Pero de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero, a febrero de este año, el Estado apenas pagó 4.97 % de rentabilidad real por usar los fondos privados. Eso es mucho, pues en años anteriores, el Estado ha pagado hasta 1 %.
Hace un mes, el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad por los bajos intereses que el Gobierno paga por usar los fondos de pensión.
Si las pensiones no obtienen ganancias, el saldo se gasta con más rapidez.
De Solórzano dijo que el decreto de 2006, “como mecanismo de financiamiento para el déficit es efectivo, pero como mecanismo para rentabilizar el fondo de pensiones, no nos ayuda, porque no tiene una tasa de mercado”, dijo.
Para que estas pensiones se multiplicaran fácilmente, el Gobierno tendría que pagar intereses en el orden del 9 %.
Este periódico solicitó a la Superintendencia adjunta de Pensiones información sobre este caso, pero las autoridades no la proporcionaron.
Reformas
El tema está en la sartén caliente pues desde hace varios meses el Gobierno está haciendo un diagnóstico para evaluar las deficiencias que presenta el actual sistema de pensiones.
En febrero el superintendente adjunto de pensiones, Omar Iván Martínez, dijo que se están analizando temas como la edad de jubilación, los años de cotización y la rentabilidad de los fondos de pensión, entre otros.
El diagnóstico pretende encontrar las deficiencias del sistema y las posibles soluciones que logren desahogar al Gobierno, que en estos momentos gasta $1.1 millones diarios para pagar a los jubilados tanto del sistema público como la cantidad que les corresponde a los “optados”.
El reporte de la Superintendencia SSF indica que a febrero, los pensionados por vejez eran 90 mil 411, otros 2 mil 826 son pensionados por invalidez y 52 mil 297 son beneficiarios por sobrevivencia.