Los representantes de diferentes gremiales regionales de transportistas de carga anunciaron ayer que no aislarán a El Salvador del comercio regional, a pesar de haber anunciado que a partir de este jueves no ingresarían por las fronteras terrestres como medida de protesta por el pago del Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).
Así, para el 31 de mayo próximo esperan que el gobierno salvadoreño tenga lista la derogación del pago del impuesto a vehículos pesados extranjeros o que excluya del “tributo solidario” a todos los camiones, rastras y contenedores que presenten la póliza de un seguro de responsabilidad civil, el cual –según ellos– cubre indemnizaciones de hasta $6,000.
En caso de que la decisión no este definida para la fecha los transportistas informaron que el 1 de junio (día que se cumplen cuatro años de gobierno del presidente Funes), “se cerrarán fronteras y se guardarán las unidades por la ilegitimidad de la medida”.
“Hemos cedido porque consideramos que se necesita el tiempo para que el presidente (Funes) evalúe lo que sugerimos y pida la revocación”, se limitó a reflexionar Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (Astic).
Más allá de estos conflictos, los líderes del transporte de Centroamérica confirman un aumento en los últimos 15 días de hasta 20 % de los costos de los fletes (aproximadamente $40), sobre todo por el pago de la “contribución solidaria” y las horas extra que se le deben de cancelar a los motoristas y personal de apoyo por las demoras en las aduanas para cancelar el Fonat y otros trámites paralelos.
Al respecto, el viceministro de Transporte, Nelson García, dijo desconocer la situación y recordó que las demoras son causadas por los procedimientos aduanales de rigor y por los tramites de cada país.
“Que hayan atrasos en las fronteras no son una cuestión del Fonat, no es algo que comenzó el 2 de mayo. Esto siempre ha existido, los transportistas lo saben”, aceptó.
No obstante informó que crearán una comisión para que todas las instituciones del Estado involucradas en el Fonat “aceleren procesos”. Para ello se emitirá una tarjeta donde se detallará el pago de los $10, $65 o $115 por empresa de transporte o vehículo, no por motorista.
Por su parte el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, afirmó que cuando una ley o un impuesto no se analiza con criterios técnicos se presentan problemas que estancan el libre comercio y que generan una significativa reducción de competitividad.
“La cadena de valor se está retrasando y está tan integrada que si un pedido no se despacha a tiempo debido a la falta de una materia prima todo se trunca. Eso está pasando con el Fonat”, ejemplificó
Quien refuerza esta posición es Julio Juárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Guatemala (Ati) y del Consejo Centroamericano de Transporte (Concetrans). Este empresario reconoció que la doble tributación no es una medida adecuada e incluso se atrevió a calificarla de “inconstitucional”.
“Nosotros al entrar al país pagamos un impuesto para que las mercancías pasen. Y el salvadoreño paga su matricula y derecho de circulación. Entonces, ¿por qué más pagos?”, se cuestionó.
Ante todo este contexto los transportistas añadieron que “no ven en el gobierno una clara posición de querer eliminar el impuesto” pero que, durante los próximos 10 días asumirán el costo que implica el Fonat.
Hay que destacar que Astic, junto con 115 transportistas salvadoreños presentaron a mediados de mayo un recurso ante la Sala de lo Constitucional del la Corte Suprema de Justicia para que se declare “inconstitucional” el impuesto a través del Fonat. La medida aun no procede, según comunicó Alfaro.