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Trabajadores demandan al Goes por pagar bajo interés al usar pensiones

Enrique Anaya, representante del Comité de Trabajadores en Defensa de Ahorros de Pensiones, presenta la demanda de inconstitucionalidad ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia. foto edh / lissette lemus
Enrique Anaya, representante del Comité de Trabajadores en Defensa de Ahorros de Pensiones, presenta la demanda de inconstitucionalidad ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia. foto edh / lissette lemus

Por Karen Molina/Óscar Iraheta nacional@eldiariodehoy.com

Abr 10, 2013- 20:00

Por cada 100 dólares que un inversionista le presta al Gobierno, cuando este coloca eurobonos, el Estado le paga $7 de interés, pero a los trabajadores salvadoreños, que también son inversionistas, les paga apenas un poco más de $1 cuando toma “prestado” de sus ahorros de pensiones.

Así lo expuso ayer un grupo de sindicalistas unidos al Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones, que interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 223-A y 91-m de la Ley del Sistema de Ahorros de Pensiones.

Estos artículos obligan a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) a invertir los fondos de sus cotizantes en Certificados de Inversión Previsionales (CIP).

Los demandantes también pidieron a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el artículo 12-c de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que fija la tasa de interés que rinde o devenga la inversión en los mismos certificados.

A juicio de los demandantes, la tasa de interés que se paga por la utilización de los ahorros de los trabajadores “es exigua, irrazonable y desproporcionada, alejada de modo evidente de los parámetros de los mercados financieros”.

Estas disposiciones, según los peticionarios, obligan a los trabajadores salvadoreños a someter sus ahorros a dichas tasas en menoscabo de su libertad de inversión, de contratación y de propiedad, consagrados en la Constitución de la República.

El representante legal del comité de trabajadores, Enrique Anaya, explicó que mientras el Estado paga a los inversionistas internacionales, por los eurobonos, una tasa del 7.63 por ciento de interés anual, a los trabajadores salvadoreños cotizantes se les paga, por la inversión en los CIP, una tasa de 1.37 por ciento anual. Es decir, “se ha obligado a los trabajadores a ¡regalar el dinero de sus ahorros al Estado”.

Lo que se paga a los trabajadores salvadoreños “no cubre ni siquiera la inflación”, subrayó el abogado.

Según los trabajadores, desde 2006 a la fecha el Gobierno ha extraído de los fondos de pensión un aproximado de $2,000 millones para pagar a los jubilados del sistema público. Sin embargo, los cotizantes de las AFP han dejado de percibir más de $125 millones anuales debido al bajo interés que se les paga si se compara con la tasa que el Gobierno paga a los inversionistas extranjeros por la compra de deuda.

“Si el Estado no nos cancela estos millones de dólares, nuestra pensión presente y futura está seriamente amenazada”, explicó Ricardo Soriano, coordinador del Comité de trabajadores, que aglutina a más de 220 sindicatos y 115 mil trabajadores a nivel nacional.

Estos hechos han generado “una tormenta perfecta” en perjuicio de los trabajadores cotizantes, en tanto que ha generado una tendencia de constante disminución de la rentabilidad de los fondos de pensiones al punto de mostrar signos negativos.

Los peticionarios advierten también que hay una excesiva concentración de las inversiones de los fondos previsionales en títulos de deuda pública, al punto que el 50 % de la inversión de los fondos de pensiones está en dichos certificados y casi el 35 % está en otros títulos de deuda pública.

Todo esto opera así pese a que “la inversión en los CIP no es, de ninguna forma, un medio de óptima utilización de los recursos de la seguridad social”, sino que causa “un grave perjuicio” a los trabajadores cotizantes, en tanto que por los eurobonos el Estado paga hasta prácticamente seis veces el interés generado por los certificados, explicaron los demandantes. “Se coloca a los cotizantes en condición de desmejora o hasta imposibilidad de acceso a una pensión digna… despojados del fruto de su trabajo”, dicen los peticionarios en su escrito.

Problemas fiscales

“Las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa a la Ley SAP, a iniciativa del Gobierno de la República, no fueron económicamente neutrales, sino que respondieron a intereses políticos y no a nuestros intereses como ciudadanos y trabajadores cotizantes, implicando un grave perjuicio a nuestros ahorros de toda la vida”, agregó Soriano.

Cálculos de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) indican que a medida que transcurren los años, la rentabilidad que generan las cotizaciones de un empleador constituyen la mayor parte de la pensión que recibirá a la hora de jubilarse (ver gráfico).

Si el cotizante no recibe una rentabilidad suficiente, el dinero de la pensión será menor a la hora de jubilarse.

Asafondos ha sostenido que la situación fiscal del país ha condicionado a que el Estado recurra constantemente a los CIP para financiar el pago de las pensiones de los jubilados del sistema anterior (ISSS e INPEP).

El tema es aún más preocupante porque el año pasado la Asamblea Legislativa aprobó que el límite de la utilización de los fondos de pensión pasara del 35 % al 45 %, con lo cual aumenta la posibilidad de que el Gobierno use más dinero de los pensionados.

Además las AFP no pueden invertir ese dinero en el exterior, a pesar de que esto podría permitir una mayor rentabilidad de las pensiones.

Asafondos ha insistido en que si el Gobierno equilibrara mejor sus finanzas reduciría el déficit fiscal, podría honrar su compromiso con las personas que se están jubilando y no necesitaría más certificados previsionales.

No obstante, el déficit fiscal del país es aproximadamente el 4 % del Producto Interno Bruto, mientras que el crecimiento económico apenas fue del 1.5 % en 2012.

Los demandantes creen que el Gobierno debería reducir sus gastos para tener más disponible para pagar a los jubilados.

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