En octubre del año pasado la Asamblea Legislativa dio sus votos para que el Gobierno emitiera $800 millones de eurobonos en el mercado bursátil a cambio de que éste fuera austero y cumpliera con ciertas condiciones enmarcadas en un pacto de sostenibilidad fiscal.
Entre esos compromisos estaba reducir el déficit fiscal al 2.7 %, bajar al 20 % la emisión de Letras del Tesoro (Letes) o deuda de corto plazo y a que las instituciones redujeran el 10 % la compra de bienes y servicios.
Cuando el Gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley de responsabilidad fiscal la idea era que los ingresos públicos y los gastos estuvieran equilibrados.
Pero los meses pasan y el Gobierno no da señales de seguir la dieta. Por el contrario, el Gobierno sigue con dificultades financieras a pesar de que sus ingresos han aumentado.
Los exportadores, proveedores, transportistas y otros sectores a quienes el Gobierno les debe más de $200 millones solo escuchan una frase: “no hay dinero”.
El Gobierno ha hecho dos cosas para reducir sus gastos, pero ninguna de ellas tiene un exacto sistema de medición: una es un decreto de austeridad que el presidente Mauricio Funes firmó el año pasado y que le pedía a las instituciones reducir el 10 % la compra de bienes y servicios.
El viceministro de Hacienda, Roberto Solórzano, aseguró que “ya hay algunas instituciones que lo están aplicando”, pero no mencionó cuáles eran porque aún se están haciendo los análisis.
Al respecto, la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa pidió a la unidad de análisis que solicite esa información, pero el Ministerio de Hacienda aún no ha enviado los datos.
La segunda cosa que se hizo para reducir el gasto fue emitir un decreto de retiro voluntario con el que se despedía a trabajadores ya jubilados y se pretendía un ahorro de $17 millones. Sobre el mismo tampoco hay datos de cuántas personas se han acogido a este beneficio y si ha dado resultado en el ahorro del Estado.
La comisión de Hacienda también pedirá al fisco un informe sobre esas plazas.
Sin cumplir
El resto de medidas a los que se comprometió el Ejecutivo siguen en proceso. El déficit fiscal, que tendría que cerrar en el 2.7 % del Producto Interno Bruto este año, contrario a reducirse, sigue aumentando a tal grado que algunos economistas creen que podría ser del 4 % o más si la economía no crece a un ritmo del 2 %.
El Banco Central de Reserva indica que el déficit fiscal (incluido pensiones y fideicomisos) de 2012 fue de $813 millones, lo que representa casi el 4 % del PIB de 2012.
Ni el Fondo Monetario Internacional, cuyos representantes visitaron en marzo pasado el país, creen que se pueda alcanzar un déficit como el proyectado y más bien, pidieron al Gobierno que se apliquen para lograr un déficit del 3 %.
Además tampoco se ha enviado a la Asamblea la reforma con la cual el Gobierno tendría que reducir la emisión de deuda flotante o Letes del 40 % al 20%, para que quede plasmada en el Proyecto de Presupuesto 2013.
Por el contrario, las Letes siguen usándose como la tarjeta de crédito para financiar la complicada caja chica del Gobierno.
Para el caso, de los $800 millones de bonos que se suponía serían pagados a los inversionistas que compraron deuda en 2003, y que no la reclamaron este año, se pagaron $400 millones de un saldo de $866.77 con el que terminó en diciembre del año pasado.
Con el abono de los $400 millones, el saldo hubiera bajado a $466.77 de no ser porque el Gobierno volvió a colocar este año otros $177 millones, con lo cual el saldo actual es de $639 millones.
La diputada de ARENA y miembro de la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Mariela Peña Pinto, dijo que esto parece “una rueda de caballitos”, porque el Gobierno paga deuda, pero inmediatamente vuelve a adquirir otra, que ni siquiera explica para qué lo usa.
El coordinador del programa del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), José Ángel Tolentino, dijo al respecto que reducir o no la emisión al 20% no es tan relevante si se toma en cuenta que el presupuesto de este año es de $4,073.1 millones y que el 20 % de esa cantidad son $814.6 millones, por lo que cree que aunque el Gobierno no tenga una reforma legal, puede emitir holgadamente otros $800 millones. No obstante, hizo hincapié en que esa cifra presiona las finanzas del país.
“De los $400 millones ya agarraron otros $177 millones y no nos han dicho para qué lo han usado”, dijo Peña Pinto.
Por su parte, el diputado del Fmln, Orestes Ortez, añadió que se solicitará a mitad del año una evaluación de los Letes colocados y pagados.