La Corte Suprema de Justicia tiene entre sus expedientes pendientes varios recursos de inconstitucionalidad que las empresas presentaron el año pasado respecto al cobro del 1 % de impuesto mínimo sobre la renta y también sobre el cobro del 5 % por los dividendos.
A juicio de los empresarios, estos dos impuestos son inconstitucionales porque vulneran la igualdad de condiciones para la empresa privada. Además, significan una doble tributación, pues Hacienda cobrará sobre dividendos que ya fueron gravados.
La CSJ aún no ha resuelto sobre estos recursos. La preocupación de los empresarios es que Hacienda da como plazo hasta el 30 de abril para que las empresas entreguen sus declaraciones de renta.
“Estamos preocupados porque esto va a afectar considerablemente las finanzas de las empresas”, aseguró Pablo Durán, presidente de la Unión Mipyme.
Quienes ya lograron quitarse ese gravamen fueron los distribuidores de combustible, quienes el año explicaron al Ministerio de Hacienda que con un impuesto sobre los ingresos totales, sus negocios se irían prácticamente a la quiebra. En octubre de 2012 los diputados de la Asamblea Legislativa hicieron una modificación a la Ley de Impuestos sobre la Renta y los excluyeron del pago del 1 %.
Esta exención les da mayores argumentos al resto de empresarios para asegurar que el impuesto es inconstitucional pues no se aplica a todos por igual a pesar de tener las mismas condiciones.
De igual forma, Durán aseguró que ya solicitaron una cita al ministro de Hacienda para exponerles sus dificultades y presentarles números reales de empresas que perderían todas sus utilidades por este cobro.
Autoliquidación
Los empresarios quieren además que el Ministerio de Hacienda haga un sistema mucho más expedito para pagar sus impuestos.
Con el objeto de tener efectivo cada mes, Hacienda les retiene a las empresas el 1.75 % del total de sus ingresos, con lo cual, al final del año, la empresa tiene acumulada esa cantidad en concepto de renta, lo cual el fisco certifica a través de un documento.
Muchas empresas resultan con saldo a favor, que el Gobierno no les devuelve sino que lo apunta para el impuesto del próximo año.
Para Durán, lo ideal sería que el Gobierno les descontara ese dinero de otros impuestos que deben pagar y con ello, las empresas tendrían más liquidez.