Con números en mano, Fusades desvaneció ayer las acusaciones del Gobierno de haber manipulado información oficial al asegurar en su Cuarto Informe de Coyuntura de 2012 que entre 2006 y 2011 más de medio millón de salvadoreños pasaron a vivir en situación de pobreza, y puso al descubierto que los cálculos del Ministerio de Economía fueron hechos con estadísticas desactualizadas.
“Reiteramos con absoluta seguridad que las cifras mencionadas son correctas”, aseguró ayer, Álvaro Trigueros, Director del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), y ante la recriminación presidencial de ser brazo intelectual del partido ARENA dejó en claro que al tanque de pensamiento “nadie jamás le ha doblado el brazo”.
Para llegar a la conclusión de que 640 mil personas se convirtieron en pobres entre 2006 y 2011, Fusades utilizó el Censo Poblacional de 2007, el documento idóneo por excelencia en materia demográfica, y que tras un ajuste determinó que la población era de seis millones, explicó Pedro Argumedo, analista del DEC. El Ministerio de Economía, por otro lado, utilizó la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2006, que arrojó una población de siete millones, indicó.
Sobre esta base, los cálculos del tanque de pensamiento indicaron que con una tasa de pobreza, en 2006, de 38.1 % y con una población de seis millones, el número de hombres y mujeres viviendo bajo el umbral de pobreza ascendía a 2.3 millones; mientras que con una población superior en un millón, para el Minec, el número de pobres sumó 2.6 millones, 300 mil más.
Tras haber explicado de dónde obtuvieron los datos que alimentaron el informe, Argumedo indicó que la diferencia “no era un problema de restas”, tal y como se apresuró a decir el ministro de Economía, Armando Flores, el lunes pasado, sino de “usar información desactualizada”.
En lo que sí coincidieron ambas instituciones fue en el número de habitantes en 2011. Los datos manejados de la EHPM de ese año sostienen que la población salvadoreña ascendió a 6.2 millones, y de ellos 2.9 millones eran pobres.
La “simple resta” de Flores cambió con un sustraendo mayor y desactualizado, y llevó al Gobierno a asegurar que Fusades había “alterado información oficial”, porque sus números indicaban que la población pobre aumentó solo en 300 mil.
Argumedo recalcó que siguiendo la lógica oficial respecto a los datos poblacionales alrededor de 767 mil personas desaparecieron entre 2006 y 2011.
“Estadísticamente hay un error que corregir, porque así como un médico cuando hace buenos diagnósticos puede recetar buenas medicinas (a su paciente); cuando hace un mal diagnóstico, con mala información, ese paciente se le pude morir”, concluyó el analista de Fusades.
Piden acción
Más allá de la polémica, “nos preocupa que más de la mitad de la población se encuentre en pobreza”, enfatizó Trigueros. “En nuestro informe de coyuntura hemos tratado de buscar qué está pasando y hemos encontrado que el país no está generando los empleos que se necesitan para que la gente obtenga ingresos y supere la condición de pobreza”.
Al respecto la investigadora de Fusades, Carolina Alas de Franco explicó que siete de cada 10 salvadoreños tienen que engrosar las cifras de informalidad o de autoempleo, porque no encuentran una fuente de trabajo formal.
Detrás de las escasas oportunidades está el lento crecimiento económico y que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina ha situado a El Salvador como el país que menos avanza en la región. A la pobreza la alimenta la falta de Inversión Extranjera Directa (IED) y el retroceso en ranking mundiales como el “Doing Business” del Banco Mundial, en el cual el país retrocedió 28 posiciones.
Los resultados del estudio de Fusades provocaron que la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, solicitara ayer en la Asamblea Legislativa un informe al presidente Mauricio Funes para que explique el incremento de salvadoreños en situación de pobreza.
Trigueros subrayó que los empleos se generan con confianza, con el cumplimiento de acuerdos, con la transparencia en el presupuesto , con seguridad ciudadana y jurídica y con leyes para promover la inversión. “Proponemos que el Gobierno se haga cargo y promueva el diálogo por el bien de El Salvador”, afirmó.