Mientras las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están preocupadas por generar mayor rentabilidad para los ahorros de los trabajadores, el gobierno busca cómo hacer frente al pago de pensiones de quienes se van jubilando en el antiguo sistema del ISSS y del INPEP, instituciones que ya no tienen dinero para pagar esas mensualidades.
En el esquema anterior, conocido como de reparto, el gobierno, a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), es el responsable de pagar las pensiones a los trabajadores jubilados y a los próximos a retirarse de su vida laboral, que aún cotizan con ambos institutos.
Según la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), a octubre de 2012, había 29,895 personas afiliadas al Sistema de Pensiones Público (SPP), de los cuales, 16,361 aún estaban cotizando, y a quienes tanto el ISSS como el INPEP deberán responder cuando se jubilen.
Según la misma fuente, siempre a octubre del año pasado, había 100,247 personas pensionadas por parte del ISSS y del INPEP, a quienes el gobierno les paga en promedio $350 cada mes, más un aporte igual de aguinaldo, por lo que en 2012 el Ministerio de Hacienda presupuestó cerca de $427 millones.
En la actualidad, “la deuda correspondiente a pensiones asciende a $426.9 millones”, afirmó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, durante el balance de la gestión económica del gobierno presentado pocos días antes del feriado de fin de año.
El titular de Hacienda recordó que esta deuda es la principal causa del amplio déficit fiscal del país. Actualmente ronda el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y las pensiones aportan 1.7 puntos porcentuales.
Por su parte, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, aseguró luego de dicho informe que según los cálculos hechos por la cartera de Hacienda, esta deuda se elevará de 426.9 millones en 2012 hasta los $1,000 millones dentro de cinco o seis años.
El acumulado de la deuda de pensiones podría llegar a $10,000 millones dentro de 20 años. “Ahora los flujos anuales, el ministro (de Hacienda) calcula que para 2016 o 2017 van a estar en $1,000 millones, esos $426.9 millones que son anuales ahorita van a ser mil millones anuales, de aquí a cinco o seis años, a pagar anualmente para cubrir pensiones”, dijo Acevedo. “Esas son las proyecciones, solo de los bonos ‘A’ (Certificados de Inversión Previsional clase ‘A’). Por eso es que el tema de pensiones es tan crítico ver cómo se arregla”, añadió.
La preocupación es mayor cada año que viene, debido a que esa deuda de más de $420 millones por año va creciendo cada vez más y obligará a que el gobierno busque la manera de financiarla, con adquisición de deuda, si es que no se cambia el esquema de beneficios de las pensiones, explicó.
No habrá reformas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó hacer reformas para darle sostenibilidad al sistema de pensiones y bajar la presión fiscal, pero pese a ello, Acevedo y el mismo superintendente adjunto de Pensiones, Omar Iván Martínez, descartaron que este gobierno tenga planes al respecto.
Martínez comentó el año pasado que todas las propuestas están encaminadas a incrementar la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores y disminuir la carga fiscal que tiene el Estado para pagar las pensiones de los actuales jubilados bajo el SPP.
Otras modificaciones en estudio son permitir invertir parte de los fondos de pensiones en títulos valores del exterior, siempre que estén registrados en el Mercado de Valores de El Salvador por medio de un representante local de esos fondos de inversión, con el objeto de minimizar el riesgo y garantizar su retorno, añadió Martínez.
En esto coincidió con el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino, quien confirmó las pláticas que la industria viene sosteniendo con el Gobierno.
En términos generales se le ha propuesto a la Superintendencia reformas relacionadas con garantizar que los afiliados coticen de forma regular y revisar el régimen de inversión de los fondos, así como la tasa de interés que se paga a los Certificados de Inversión Previsional para elevar la rentabilidad del fondo, dijo.
El funcionario agregó que deben crearse más opciones para invertir en el exterior por medio de fondos de inversión registrados en el mercado de valores salvadoreños con el menor riesgo y la mayor seguridad e invertir en multifondos de infraestructura.
Añadió que se busca también cerrar espacios a la evasión y a la disparidad del número de cotizantes al régimen de salud y de pensiones y hacer conciencia a los trabajadores de que coticen más, de forma voluntaria para que su pensión sea mayor cuando se retiren, entre otras.
En tanto, el especialista en pensiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, Fabio Bertranou, confirmó que el FMI propuso la misma receta que le dio a Europa para disminuir la crisis fiscal de los años recientes, que es aumentar la edad de retiro y el monto del aporte de trabajadores y empleadores. Pero esto debe pasar por un consenso.
Bertranou, quien participó en septiembre pasado en un foro sobre reformas a sistemas de pensiones en América Latina, explicó que esas medidas no están siendo planteadas en El Salvador, pero existe la conciencia del problema creciente de la deuda previsional que hay que resolver.
Entre las reformas mencionó la que se implementó en Chile en 2008, donde se estableció un sistema mixto, el cual combina el ahorro individual que puede ser administrado por privados y el esquema público o de reparto, que se financia con contribuciones de los trabajadores y el aporte estatal, así como volver al antiguo, pero eso debe ser parte del consenso, afirmó.
Reformas recientes
Para no caer en insolvencia con el pago de las pensiones, en junio del año recién pasado la Asamblea Legislativa aprobó que hasta un 45 % de los fondos de pensiones se invirtiera en Certificados de Inversión Previsional (CIP-A), para garantizar el pago a los pensionados del INPEP y del ISSS.
La deuda previsional del gobierno comenzó a acrecentarse a partir de 2006, tras la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), y ya acumula $2,400 millones, según la diputada efemelenista Lorena Paña.
Sin embargo, al agotarse las reservas técnicas que ambos institutos tenían para seguir pagando las pensiones de los antiguos y futuros jubilados, en 2006 se creó el FOP, que capta los recursos necesarios para ello por medio de los Certificados de Inversión Previsional (CIP “A” y CIP “B”).
Pese a todo, el presidente del BCR reiteró que “el Ejecutivo ha sido muy claro de que no se va a cambiar ningún parámetro que vaya a afectar a los pensionados o a la gente que está próxima a pensionarse”.