Cumplir el proceso formal para solicitar información pública no siempre garantiza que se obtenga como manda la ley. Así le sucedió a este medio cuando utilizó los canales establecidos por la Unidad de Acceso a la Información de la Presidencia de la República (UAIP) para conseguir detalles sobre la comitiva oficial que viajó a Cádiz, España, el pasado noviembre.
El 30 de noviembre de 2012 se solicitó formalmente y por vía electrónica a la UAIP de la Presidencia información sobre el número de funcionarios que acompañaron al presidente Mauricio Funes a la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que fue celebrada en la ciudad puerto de España el 16 y 17 de noviembre anterior.
Asimismo, se pidió al Oficial de Información de la Presidencia, Pavel Benjamín Cruz Álvarez, el número, nombre y cargo oficial de las personas que acompañaron al Presidente, así como el trabajo específico que realizaron en dicha actividad y qué justificación se hizo para su inclusión en la comitiva gubernamental.
Además se le pidió el detalle de los costos del viaje de todas esas personas, incluido el del Presidente de la República, tales como el monto de los boletos, estadía y viáticos.
Toda la petición fue fundamentada en el derecho a buscar y recibir información de toda índole establecidos en la Constitución, tratados internacionales y la misma Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
La primera respuesta de la UIAP, enviada vía electrónica y firmada por Cruz Álvarez, llegó el 3 de diciembre de 2012 y en ella se hacía una prevención, que la solicitud hecha por este periódico debía enviarse en forma escaneada en la que se leyera la firma del demandante y con copia de documento de identidad, lo cual fue subsanado ese mismo día.
La prevención y posterior subsanación se hizo conforme a lo establecido en el artículo 66 de la LAIP y el artículo 54 del Reglamento de esa misma normativa.
Un día después, la petición fue admitida por la UAIP y se fijaba a partir de esa fecha 10 días hábiles para brindar la información requerida. Pero al cabo de este plazo que dicta la ley, la UAIP emitió otra resolución en la que, amparándose en la misma normativa, ampliaba el plazo a cinco días.
Ese plazo terminó el viernes 21 de diciembre pasado y la información solicitada o alguna otra notificación nunca llegó. El gobierno entró ese viernes a su periodo vacaciones de fin de año, regresó a sus labores el 3 de enero y no hubo noticias.
El viernes pasado y hasta que se le pidió al oficial de información de la Presidencia una explicación sobre el incumplimiento, esta fue su respuesta: “Hago de su conocimiento que la resolución final del expediente con número de referencia 77-2012, está en proceso de notificación”.
La LAIP no especifica un plazo de espera luego de terminado el plazo en que debe dar respuesta a la solicitud de información, sino que califica de falta leve el incumplimiento y fija una sanción.
Este retraso ocurre pese a que en sus resoluciones para este caso, el oficial de información de la Presidencia refleja que tiene claro que “el derecho de acceso a la información pública en beneficio de los particulares tiene como fin contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado”.
Y además que “las entidades de gobierno deben facilitar proactivamente cierta información relacionada a la gestión cotidiana de los negocios públicos y, por otra parte, tener a disposición aquella información que por su naturaleza pueda ser gestionada a petición de los particulares”.
Entonces, ¿por qué negar una información sobre el uso de los recursos del Estado y en este caso para cumplir una misión oficial al exterior?
Sobre quiénes integraron la delegación a Cádiz se conoció de la Primera Dama y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato; el canciller Hugo Martínez; el secretario de Asuntos Estratégicos Franzi Hasbún; el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el Secretario Técnico, Alexander Segovia, el secretario de comunicaciones David Rivas, y el director del Instituto Nacional de la Juventud, Miguel Pereira, entre otros.
Numerosa comitiva
Sin embargo, aparte de esos funcionarios, se supo extraoficialmente que la comitiva la integraron unas 33 personas, entre ellas el embajador de El Salvador en España y dos ministros consejeros de la embajada en ese país.
En esa lista se incluía a una intérprete cuando el idioma predominante de la cumbre era el español, a un consejero de protocolo de Pignato, a la directora y subdirector de protocolo y órdenes, el secretario jurídico de la Presidencia, el secretario privado, el director de eventos y el director de ceremonial diplomático.
También figuraban ocho miembros del Estado Mayor Presidencial cuando, según medios españoles, Cádiz estaba blindada por la llegada de los gobernantes.
En su momento se buscó confirmar este listado en Casa Presidencial pero no resolvieron. Primero, personal de Comunicaciones prometió transmitir la petición a quien correspondía.
Luego se le pidió vía correo electrónico la misma información al secretario de Comunicaciones, David Rivas, pero tampoco contestó.
Rivas se encontraba entonces en Cádiz, al igual que otros miembros de Comunicaciones como el director de prensa Carlos Portillo; el fotógrafo Mauricio Sandoval y el camarógrafo Melvin Chávez.
Se solicitó también la información al subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marco Rodríguez, y éste pidió que se utilizara los canales establecidos por la LAIP.
Dilación y silencio
Pero seguir el proceso que duró más de un mes ha resultado en vano, pese a que en sus resoluciones preliminares, el Oficial de Información Cruz remarca la obligatoriedad de los entes estatales a brindar la información de carácter público y el derecho del ciudadano a acceder a esos datos.
De hecho, el artículo 10 de la ley de acceso a la información establece que las instituciones están obligadas de oficio a dar los listados de viajes internacionales autorizados financiados con fondos públicos.
Cruz tampoco adujo en ningún momento que tal información fuese restringida; aunque en su resolución del 17 de diciembre pasado, en la que se dan una ampliación del plazo de cinco días hábiles, se fundamenta en el artículo 71 de la LAIP en la que dice que esa decisión se tomará cuando “no se pueda entregar la información en tiempo por la complejidad de la información u otras circunstancias excepcionales”.
En este caso, el oficial Pavel Cruz Álvarez argumenta que al ampliar el plazo, no significa una “aptitud de causar menoscabo al derecho de acceso a la información pública”, ni a “dilaciones indebidas o negligencia en la sustanciación del proceso”.
Y además advierte que “a fin de garantizar la integridad y delimitación de la información solicitada por la peticionaria, se requiere de un esfuerzo adicional”, en este caso de la Presidencia, para otorgar la información.
Según la ley, no proporcionar la información pública solicitada en los plazos establecidos es una infracción leve que acarrea una sanción para el infractor, en este caso el oficial, de entre uno a ocho salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios.
En el artículo 75 de la LAIP, también se establece que cualquier falta de respuesta a una solicitud de información en el plazo establecido habilitará al solicitante a acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública, para que este determine si la información requerida es o no reservada o confidencial.
Pero el problema es que el Instituto no ha sido integrado por el presidente Funes, pese a haber ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo obliga a hacerlo.
Sobre ese viaje, el presidente Funes ha informado que lo concluyó de manera exitosa.
Hace un mes, Funes se defendió de señalamientos de ARENA sobre el gasto en viajes. “¿Cuáles viajes? Que me digan cuáles son esos viajes de más, si yo incluso casi no viajo”, reaccionó el mandatario, y de paso dijo que el viaje a Cádiz había sido “exprés”.