Cuando Susana Romero Crespo decidió a los 15 años dejar la casa de su madre para empezar una vida de familia con un hombre 11 años mayor que ella, no imaginó el calvario que le esperaba.
Tres años después, en un supuesto arranque de celos, su compañero de vida, José Mario Valladares, mató con un corvo al bebé de ambos, de apenas 10 meses, e intentó hacer lo mismo con su otro hijo de tres años y con Susana.
El homicidio del niño fue el punto final de una relación de pareja marcada por la violencia, el abuso del alcohol y las carencias de dinero, cuyo escenario fue una humilde casa situada en el cantón Las Isletas, de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
Horas después de haber sepultado a su hijo, el 24 de septiembre de 2012, Susana se lamentaba de haber iniciado a su corta edad una relación sentimental con Valladares, pese a los consejos de su mamá y de varios conocidos, quienes le auguraron el fracaso.
Valladares está preso por homicidio agravado, así como por homicidio y feminicidio tentados. La joven relató que lo conoció porque vivía cerca de su casa y él solía ir a encontrarla cuando ella se dirigía a la escuela.
Los galanteos y las promesas de amor y de estabilidad económica que Valladares le hizo la llevaron a aceptarlo; al poco tiempo, quedó embarazada.
Si se toman en cuenta ciertos aspectos legales, detallados y explicados por la Fiscalía General de la República (FGR), la unión de pareja que tenían Susana Romero Crespo y José Mario Valladares constituía un delito.
En El Salvador, la relación sexual que se consigue mediante engaños o mediante un consentimiento viciado, entre una persona mayor de 18 años y una de entre 15 y 17 años, es tipificada por la ley como el delito de estupro, el cual se castiga con penas de entre cuatro y 10 años de cárcel. Sin embargo, las autoridades no le imputaron estupro al sujeto que tenía 26 cuando inició su relación con la joven de 15.
La jefa de la Unidad del Menor y la Mujer de la sede de la Fiscalía General de la República en San Salvador, Nory Flores, sostiene que para que este delito se dé la relación sexual entre el adulto y jovencita tiene que ser voluntaria, pero debe existir un engaño de por medio.
“El 99 por ciento de los casos de estupro son contra mujeres. Por la edad de las víctimas, aunque ellas den su consentimiento, no se han desarrollado plenamente en su capacidad para decidir en qué momento tener sexo y con quién”, explica Flores.
Un caso de estupro que sí llegó a los tribunales y acaparó la atención pública fue el que habría cometido Dennis Alas Morales, de 27 años, jugador del club deportivo Luis Ángel Firpo y excapitán de la Selección Nacional de Fútbol.
El jugador fue acusado, en octubre pasado, de haber sostenido una relación carnal con una menor de edad, a quien habría conocido a través de la red social Facebook y a quien también le habría dicho que era soltero y que solo tenía un hijo a su cargo.
Los supuestos encuentros sexuales habrían ocurrido entre octubre y diciembre de 2011. Un mes después, la pareja supuestamente inició un noviazgo y en ese tiempo Alas le habría insistido a la víctima que siguieran teniendo sexo, aunque ella se negaba.
“Él le decía que la amaba, que no estaba casado y que no tenía compromiso con nadie”, reza la acusación de la Fiscalía contra el deportista. Pero la adolescente habría descubierto que Alas era casado, lo que le provocó una depresión. Al conocer el verdadero estado civil del jugador, los padres de ella lo denunciaron.
Desde el pasado 1 de noviembre, Alas permanece bajo arresto domiciliar por cuatro meses, tras haber pagado una fianza de 10 mil dólares. Mientras, la Fiscalía se encuentra reuniendo pruebas en su contra para vencerlo en juicio.
Mayoría de casos no se castiga
Las estadísticas del Ministerio Público revelan que 2012 cerró con más de mil casos de este delito, cometidos en todo el país, según la fiscal Flores.
De ese total, 22 expedientes fueron abiertos solo en la Unidad del Menor y la Mujer de San Salvador, mientras que 98 fueron contabilizados en la oficina fiscal de Santa Tecla, que atiende a 14 municipios de La Libertad, entre ellos Quezaltepeque, San Juan Opico y Colón.
La funcionaria dijo que cada caso varía y que muchos no salen a la luz, por lo que difícilmente se puede establecer si el ejecución del delito ha disminuido, se ha mantenido o va al alza.
Buena parte de los casos ha quedado en la impunidad debido a que algunas de las víctimas, estando ante el juez, se retractan de la versión inicial que dieron a las autoridades, de modo que a la Fiscalía se le imposibilita demostrar que hubo engaño a fin de obtener acceso carnal.
“En algunos casos que se han judicializado, la víctima, al final, termina diciendo: ‘la verdad, él no me prometió nada’ y en base a eso el juez decide sobreseerlo (liberarlo)”, anota Marleny Recinos, jefa de la Unidad del Menor y la Mujer de Santa Tecla.
Las fiscales Flores y Recinos coinciden en que la actitud de las víctimas obedece a que, en la mayoría de casos de estupro, el agresor y la víctima tienen una relación de noviazgo o marital, por lo que están enamoradas y por ello se abstienen de colaborar con las autoridades.
El estupro no debe verse como algo “natural”
La mayoría de casos de estupro que ha llegado al Ministerio Público ha sido conocida por las alertas emitidas por instituciones garantes de los derechos de los niños y adolescentes; así como por el personal de los hospitales y unidades de salud, quienes están obligados a informar a las autoridades cuando atienden a una menor de edad en estado de embarazo.
Irónicamente, en algunos casos atendidos por las autoridades, los mismos progenitores de las adolescentes víctimas de estupro consentían el noviazgo entre sus hijas con personas mayores.
Para las delegadas de la Fiscalía que fueron consultadas, esto tiene que ver con el nivel de educación de las menores de edad y sus familias, así como el grado de confianza que hay entre padres e hijos.
“En algunos casos, los padres aceptan la relación de noviazgo, pero se oponen a la relación sexual. Un padre no espera que sus hijos tengan relaciones sexuales a tan corta edad”, asegura Flores.
Por su parte, Recinos considera que es, sobre todo, en las áreas rurales del país donde es bien visto por la ciudadanía que una jovencita inicie una relación de pareja con un hombre adulto.
Esta es otra de las razones por las que los agresores no suelen ser castigados, pues la percepción de normalidad entre la población es general.
El problema es más grave cuando entre el adulto y la adolescente hay hijos de por medio; según las fuentes, curiosamente, la víctima acude a las autoridades en busca de una cuota alimenticia y no para denunciar el estupro.
Según la fiscal Marleny Recinos, con la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (Lepina), cualquier ciudadano que sepa que se está dando un caso de estupro está obligado a denunciarlo para que se aplique la ley.