Participar en la Mesa Nacional de Transporte ha rendido frutos para los dueños de buses y microbuses de gremiales como Casit y Fecoatrans. Algunos de ellos están muy cerca del proyecto de tarjeta prepago en el que Alba Petróleos está dispuesta a invertir plata fruto de la venta de combustibles venezolanos.
Rodrigo Contreras Teos, de Casit; Catalino Miranda y William Cáceres, de Fecoatrans, ocupan cargos en la directiva de la sociedad anónima de capital variable Sistema Integrado Prepago (Sipago). Según consta en el Registro de Comercio, los primeros dos ostentan el cargo de director propietario y el tercero es director suplente.
La sociedad fue constituida en diciembre de 2010 con un capital social de dos mil dólares. Entre sus finalidades están: “(…) Administrar y explotar el sistema prepago en las distintas actividades mercantiles en las que esta se aplique. (…) Brindar asesoría en materia de transporte de personas, y administrar empresas dedicadas al transporte de personas”. Y “(…) Suscribir convenios con personas nacionales y extranjeras para el desarrollo de sus fines”, entre otras.
En ese momento, el capital de Sipago se dividió en ocho acciones con un valor de $250. Cada una fue adquirida por Contreras Teos, Miguel Ángel González Díaz Castañeda, Catalino Miranda, José Manuel Gómez, Eduardo Mendoza García, Luis Alfonso Valencia y René Alfredo Velasco Martínez.
En mayo de 2011, ante un notario, González Díaz Castañeda informó que en Sesión de Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas celebrada ese mes se acordó “disminuir el valor nominal de las acciones”.
Así fue cómo estas pasaron de tener un valor de $250 a tener un valor de $50, por lo que las acciones se multiplicaron: ya no eran ocho sino 40.
Catalino Miranda reconoce que lo aportado por cada uno de los fundadores de Sipago ha sido insuficiente para echar a andar una empresa que solo para el primer tramo del proyecto necesita entre 26 y 30 millones de dólares.
“Esa es una inversión bastante elevada, esto equivaldría a que cada empresario tuvo que haber proporcionado un capital accionario mayor para ser propietario de todo eso”, afirma.
Pero hay más fuentes de financiamiento. En octubre de 2011, Sipago firmó un convenio con el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI). Según el acuerdo, este institución proporcionó 10 mil dólares para un fideicomiso que es administrado por Bandesal y que serviría como capital semilla para Sipago.
Miranda asegura que esta empresa ha logrado vender 2 mil 500 acciones de las 4 mil 400 que pretenden vender. De acuerdo con esos datos, Sipago ha vendido el 56 % de las acciones que ofrece a los dueños de buses. Estos pueden adquirir tantas acciones como unidades del transporte público autorizadas por el VMT sean de su propiedad.
Miranda considera que ante la falta de fondos de Sipago han surgido “otros interlocutores”. Según él, la empresa Subes (que pretender venderle las máquinas y las tarjetas prepago a Sipago) “debe andar tocando las puertas de posibles inversionistas”. Esta es la oportunidad para que Alba Petróleos “impulse” el sistema de transporte público que el gobierno pretende ver funcionando antes de las próximas elecciones.
Miranda considera “válido” que Alba Petróleos invierta en este rubro. “No cualquier institución nacional o internacional va a poner $ 30 o 40 millones. Por ende, creo que por ahí viene que Alba se haya mostrado interesado en invertir en un capital semilla para que Subes desarrolle un proyecto tecnológico en materia de transporte”.
En palabras de Miranda: “Ahora el trabajo de la Sipago es de reorganización y de venta de acciones”. Él está consciente de que no pocos transportistas tienen dudas respecto a Sipago: “Los proyectos nacen sanos, pero a veces los seres humanos los corrompemos cuando nacen las ambiciones personales y no pluralistas”.
Eso ha hecho que muchos no quieran participar. “Ahí entra el gobierno y comienzan las fricciones”, agrega.