El magistrado de la Corte de Cuentas, Andrés Rovira, tiene dos posibilidades, luego del fallo judicial que declaró inconstitucional su nombramiento: renunciar al cargo de presidente de Gana si quiere ser electo de nuevo como magistrado, o desistir de optar al cargo si prefiere seguir dirigiendo el partido político.
Así lo sintetizó el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González. “Las dos opciones son posibles”, acotó.
Para el subjefe de fracción de Gana, Guadalupe Vásquez, Rovira no tiene por qué dejar su cargo en el partido para seguir como magistrado (leer nota aparte).
La Sala cuestionó el procedimiento de la Asamblea Legislativa para elegir a tres magistrados de la Contraloría en junio de 2011, entre ellos Rovira, porque lo hizo a pesar de que tenían procesos de cuentas abiertos al momento de ser nombrados, aunque en varios fueron absueltos.
Pero además con la sentencia, la Sala sentó un precedente al vetar a militantes de partidos políticos al frente de instituciones del Estado.
“La existencia de tal vinculación (política) podría significar un obstáculo para la realización de su función, ya sea por favorecer a las entidades de sus mismos partidos o por ejercer deficientemente las competencias que se atribuyen”, estableció el fallo.
Por eso González reiteró que en la resolución hicieron referencia a las denuncias que había en contra de la afiliación partidaria que “públicamente” sabían de Rovira.
Sin embargo, aclaró que la sentencia no es contra personas sino contra el procedimiento de elección.
“Nosotros lo que hemos intentado es señalar la necesidad constitucional derivada del artículo 218 de que no haya vinculación partidaria en aquellos cargos donde es más importante el control de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, el control del crimen organizado, la corrupción”, declaró.
Pero el magistrado González advirtió que se debe tener “cuidado” con que el rompimiento del vínculo partidario no sea un mero formalismo.
“Estuve afiliado y luego me voy a desafiliar, sino que el tema es más de fondo, la independencia del funcionario que no esté allí para representar intereses de un partido sino los intereses del país”, dijo.
El funcionario judicial explicó que con la sentencia no han cerrado opciones a la Asamblea para elegir a una u otra persona, tal como sucedió con los fallos de inconstitucionalidad contra la elección de magistrados de la CSJ de las generaciones 2006 y 2012, y contra el nombramiento del Fiscal General.
“Nosotros damos algunos criterios a partir de la interpretación de la Constitución, no le decimos a la Asamblea elija a esta persona o no elija a esta otra”, añadió.
Con ello, aseguró, no están vetando a nadie, pero lo que quieren dejar claro es que no debe haber nexos partidarios.
“El partido puede darle órdenes o ciertos lineamientos a su afiliado y cuando un afiliado se sale de los lineamientos se le sigue un procedimiento de sanción o expulsión por los tribunales disciplinarios de los partidos”, apuntó.
Por eso González insistió en que en una institución que debe velar por el control de los fondos públicos como la Corte de Cuentas no debe haber dirigentes políticos, “porque el funcionario que está en esta instancia ya no va a responder a los intereses nacionales sino a intereses partidarios”.
Otro funcionario en similar condición a la de Rovira es Javier Tránsito Bernal Granados, segundo magistrado en la Corte de Cuentas, quien fungió como secretario municipal de San Salvador durante la gestión edilicia de Violeta Menjívar con el FMLN.
De allí que González cuestionó que si en el país hay 24 o 25 mil abogados, “¿por qué la Asamblea tiene que escoger de esos abogados a personas vinculadas con partidos?”.
Para el magistrado constitucional no se necesita ser demasiado suspicaz para advertir que “lo que se busca es poner en esas instituciones de control a personas que estén al servicio de los partidos políticos y eso no va en la lógica de la Constitución”.
El magistrado sostuvo que la Asamblea tampoco supo explicar por qué escogió a personas contra las que había tantos procedimientos abiertos y otros ya fenecidos con condenas en la Fiscalía General, Tribunal de Ética y en la misma Corte de Cuentas.
Otros abogados
Otros abogados y ex magistrados de la CSJ como René Hernández Valiente, señaló que si Rovira deja el cargo en Gana por tal de seguir en la Corte de Cuentas sería una burla legal.
“A lo que tiene que renunciar es a aspirar a ser magistrado porque decir dejo de ser secretario general de un partido político para poder ser candidato es una burla a la ley, puede llegar a ser hasta un fraude de ley”, afirmó Hernández.
Pero acotó que si por el contrario dice que no va a aspirar a magistrado porque el ejercicio político le inhibe de optar para un cargo público, eso sí sería ético.
“La sentencia de la Sala dice que no deben pertenecer a partidos políticos y Rovira claramente es el secretario general (de Gana) y el otro es del FMLN. Allí habría una inhibición subjetiva si se quiere pero como esto sería por mayoría simple pueden elegir. La elección es más sencilla”, opinó Hernández Valiente.
Pero consideró que la propuesta partidaria no es mala si es con base en la idoneidad de los candidatos, pero lo malo es que se designe a alguien por su pertenencia política para que tenga un comportamiento de acuerdo a los postulados o intereses de un partido.
El abogado Francisco Bertrand Galindo también destacó que ser militante de un partido no debe ser obstáculo para aspirar a un cargo público, pero “ya ser un cuadro orgánico y depender de las líneas que le diga el partido eso sí ya es un problema”.
Y subrayó que “quien sí tiene una limitación real es Rovira por su cargo de secretario general del partido”, aunque no piensa lo mismo en el caso del magistrado Bernal.
El ex magistrado Mario Solano señaló que la Asamblea tiene que investigar a cada uno de los miembros de la Corte de Cuentas, si acaso decide mantener a los mismos en la lista de los candidatos, “porque unos tienen procesos pendientes en la misma Corte de Cuentas y otro tiene una vinculación directa con un partido político”.
La otra posibilidad que ve Solano es retomar la lista inicial de aspirantes o ampliarla y de allí elegir a los magistrados, pero excluyendo a los que su nombramiento ha sido objetado.
Aunque Solano y Bertrand coincidieron en que si los diputados deciden reelegir a los magistrados, lo pueden hacer siempre que estén subsanados los señalamientos de la Sala de lo Constitucional.
Bertrand Galindo añadió que lo delicado es que los magistrados tengan procesos abiertos dentro de la Corte de Cuentas porque se vuelve una limitante ya que son altos funcionarios de esa entidad.