Las pandillas siguen involucrando a menores en la comisión de delitos en las diferentes comunidades del país, aprovechándose de la crisis económica y de la desintegración familiar, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y otros organismos oficiales.
De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), en el país hay un millón de niños que viven sin su padre o madre.
Mientras los frágiles programas de prevención del gobierno son insuficientes para atender a una población juvenil, las maras siguen atrayendo a niños para encomendarles ilícitos a nivel nacional, sostienen las autoridades.
“Los menores son víctimas de la desintegración de los hogares y de las pocas oportunidades de trabajo que la gente tiene en el país”, afirmó el jefe de la oficina fiscal de Apopa, Froilán Coto.
En las comunidades es bastante común ver a niños de 10, 12 y 15 años circulando en pequeñas bicicletas, quienes no necesariamente andan jugando, sino cumpliendo funciones específicas como controlar el ambiente y avisar a grupos de maras de cualquier movimiento extraño, ya sea policial o de la mara contraria.
Los niños son utilizados de mensajeros o como “antenas” en las comunidades, para avisar a los pandilleros de la presencia policial. También les asignan el cobro de la “renta” o extorsión y, conforme avanzan en su actuar, los premian con celulares para que sean más versátiles en su contribución.
Además, cumplen tareas como transportar armas o paquetes con droga, tomando en cuenta que los niños menores de 12 años son inimputables (no pueden ser acusados ni procesados judicialmente); y, en caso de ser mayor es de 12 años, gozan de beneficios penales, es decir, pueden ser sentenciados a condenas menores de un máximo de 15 años de prisión.
Las autoridades policiales y fiscales actuales no han revelado, en la actualidad, cifras sobre la cantidad de menores que colaboran con las pandillas, pero antecedentes sobre el tema reflejan que hace unos siete años atrás las mismas autoridades calculaban que el número oscilaba entre los 3,000 y 5,000 menores.
Estudios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revelan que entre el 6 y el 7 por ciento de los delitos cometidos en El Salvador son atribuidos a menores de edad.
Los cuatro centros de rehabilitación de menores a escala nacional albergan a entre 600 y 800 adolescentes, procesados y condenados por diferentes delitos.
La Fiscalía General sostiene que el fenómeno de El Salvador es preocupante, porque las condiciones en que se desarrolla el niño no son las más adecuadas y esto abona a que ellos incrementen su participación en hechos delictivos.
Esta realidad es sustraída de las diferentes investigaciones criminales que la Fiscalía a diario realiza en el país.
Niños solos
En una buena parte de los casos, la evaluación del perfil de los niños afectados coincide en que se trata de hijos de madres solteras, parejas separadas por violencia intrafamiliar o por migración a los Estados Unidos.
En mejores condiciones están los infantes que tienen a sus dos padres, pero las finanzas en varios de estos hogares no cuadran y los dos deben salir a trabajar, mientras los pequeños quedan en manos de una servidumbre, un pariente de avanzada edad o igual edad o, en el peor de los casos, solos. Lo mismo sucede con las madres solteras.
Entre tanto, una buena porción de la infancia salvadoreña pasa entre ocho y 16 horas diarias en sus hogares, mientras su padres trabajan en una maquila u oficina. Además de la soledad, que es la peor consejera, la niñez salvadoreña debe subsistir en condiciones precarias con 25 centavos al día, y en algunos casos sin esos pocos centavos.
De esas dificultades emocionales y económicas se valen las pandillas para acorralarlos en los pasajes y calles de comunidades y colonias.
“Ejemplo de estos hogares es uno en Apopa, donde hay una esposa y un esposo con dos hijos. El hombre trabaja en una fábrica y la mujer en otra, o se va a planchar ajeno, son personas humildes, que de eso viven. Sus hijos no quedan del todo desprotegidos, porque están a dispensa de algún adulto, pero este no ejerce la autoridad parental como debiera”, afirmó el fiscal Coto.
Apopa es una de las zonas donde más se anidan las pandillas, solo en ese municipio operan cuatro diferentes grupos de maras: la Máquina, MS, M18 y Mao Mao.
El entorno de estos niños es una casa pequeña y para jugar deben salir al pasaje o a la calle. “lo que el hogar o el Estado no le da, la calle se lo da. Un pandillero sabe que ese niño necesita un churro, una gaseosa, bananos, zapatos, ropa, juguetes bonitos, y él se los da”, añadió.
A juicio del jefe fiscal, el pandillero es astuto: va haciendo que el niño gane más afinidad en la calle que en su propio hogar, porque se acostumbra a estar más en la calle que en su propia casa y cuando viene a sentir, la pandilla lo ha absorbido porque le da lo que en el seno de la familia no le dieron y le hacen creer que ellos son su verdadera familia y que con ellos va a tener protección y podrá solventar todas sus necesidades.
“Es un trabajo fino, de poquito en poquito, el que hacen las maras, y cuando el infante viene a sentir ya es parte de la pandilla. Como le dan calzado, dinero, teléfono, comida y otras cosas, el niño se convierte en la antenita de la pandilla. Además está pendiente de cuándo la Policía entra a la comunidad, él llama y avisa”, ahondó.
Por su actitud, el niño se vuelve rebelde con sus padres, no colabora en los trabajos del hogar, no oye consejo, no va estudiar ni se involucra en actividades sanas de su edad, que a futuro marcarán su desarrollo social y económico. Por otra parte, cuando el infante empieza a llevar objetos de valor, alimentos y dinero a la casa, muchos padres, en vez de preocuparse por el origen de los bienes, se alegran en lugar de cuestionarles la procedencia de los objetos y corregirles hacia buenos valores.
Escasa prevención
Este fenómeno no es exclusivo de populosas colonias como Altavista, Valle del Sol, Soyapango, Ilopango, Apopa ni de Distrito Italia, sino de todo el territorio nacional. Las autoridades sostienen que de no prestarle atención a este problema, se va a complicar, “porque las autoridades no damos abasto”, afirmó el fiscal.
Una de las iniciativas gubernamentales de prevención es la que se realiza en 78 comunidades en los 14 departamentos de San Salvador.
José Rolando Majano, subdirector de Empleo Juvenil del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), afirmó que están desarrollando el programa Formación e Inserción Laboral, el cual beneficia a un miembro de cada una de las 78 comunidades calificadas como de alto riesgo. Los jóvenes son becados por seis, 12 y 24 meses, con la cooperación de la comunidad económica europea.
Este programa tiene como propósito la formación vocacional de jóvenes, quienes más tarde realizan sus prácticas en empresas afiliadas. Algunos, por su capacidad y desempeño, son contratados por la misma compañía. —EDH