Diputados de las distintas fracciones legislativas dicen desconocer el fondo del fallo judicial que les manda a volver a elegir a los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República, pero sugieren que están dispuestos a acatarla. De todas maneras, a juicio de tres reconocidos abogados, es el único camino que les queda: cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El jefe de la bancada de ARENA, Donato Vaquerano, aseguró que ellos ya habían advertido esa irregularidad.
“Nosotros siempre hemos señalado que fue inconstitucional su nombramiento, que no tienen la idoneidad, que no tienen la moralidad notoria que exige el cargo; fueron magistrados electos con cuestionamientos serios que tenían reparos en algunas instituciones que les impedían, el hecho de aceptar ese tipo de cargos”, apuntó Vaquerano.
Agregó que “no es posible que el presidente de un partido esté metido auditando a los alcaldes de todo el país”.
Lo anterior lo dijo Vaquerano, en referencia directa a Andrés Rovira, quien es el secretario general del partido Gana. Junto a él se eligió a Tránsito Bernal y a Gregorio Sánchez Trejo, actual titular de la Corte de Cuentas.
Francisco Merino, del PCN, dijo que el Congreso ya ha dado muestras anteriormente de cumplir con los fallos.
“La Asamblea ha sido respetuosa de la institucionalidad del Estado y da cumplimiento a esos fallos que son de cumplimiento obligatorio”, argumentó.
Para el diputado del FMLN, Benito Lara, no se le puede inhibir a alguien que esté afiliado a un instituto político a optar a un cargo público. No obstante, dice que deberán cumplir.
“Para nosotros fue hecha la elección con todas las leyes constitucionales, pero bueno, si la Sala dice lo contrario nosotros estamos obligados a cumplirla. Creo que a ningún ciudadano le podemos prohibir que sea miembro de un partido y que eso sea obstáculo para optar a un cabildo”, manifestó.
En cambio para el diputado de CD, Douglas Avilés, no hay lugar a ninguna objeción. “Como sea hay que acatar la sentencia, me parece que la presidencia de la Corte de Cuentas estaba haciendo un buen esfuerzo pero el estado de derecho señala que deberemos desarrollar un nuevo proceso y hay que ver en qué términos viene la sentencia”, apuntó.
El legislador de Gana, Mario Tenorio, lamentó “que desde un inicio se cuestionó la idoneidad y competencia notoria de los magistrados electos”. “Va a ser decisión de la comisión política si se abre nuevamente una lista o si van a ser personas que ya estaban en lista como aspirantes y por lo tanto no podemos adelantar criterio”, indicó.
El diputado del PDC, Mario Arnoldo Marín, dijo que habrá que analizar el contenido del fallo. “Hay que hacerle el estudio respectivo para acatarla, para evitar otro conflicto de poderes; aceptar la sentencia ya sea para elegir a los mismos magistrados o a otros, dependiendo del caso”, planteó.
Deben acatarla
Por su parte, los abogados Francisco Bertrand Galindo y los exmagistrados de la CSJ, Mario Solano y José Domingo Méndez, consideran que todo fallo de la Sala de lo Constitucional es inapelable y es de obligatorio acatamiento por parte de las partes involucradas en el proceso judicial.
“Yo no creo que después de la experiencia (con la elección de los magistrados de la CSJ de 2006 y 2012) la Asamblea diga que no va a cumplir la sentencia, tiene que cumplirla. A partir de que tiene que cumplirla, lo que tiene que hacer es elegir los magistrados, respetando los principios que la misma Sala dice que deben de respetarse”, manifestó.
Recalcó que en el nuevo nombramiento los diputados deben de tener el cuidado de que se cumplan todos los requisitos que se exigen para desempeñarse en esos cargos.
Para Solano, este fallo no debería de generar ningún problema de acatamiento por parte de la Asamblea Legislativa que ya ha dado muestras, aún en contra de su voluntad, de respetar las sentencias y el estado de derecho.
“Esta es una nueva oportunidad para mostrar a la sociedad nacional e internacional de que en El Salvador hay la motivación y el interés suficiente de establecer de nuevo el estado de derecho que se había perdido ante el incumplimiento de las sentencias anteriores de la Sala de lo Constitucional, estamos ante este reto”, planteó el ex magistrado de la CSJ.
Agregó que inclusive la Corporación Cuenta del Milenio tiene los ojos puestos en nuestro país para verificar si se respetan las leyes y sentencias como requisito indispensable para decidir si se otorga al país un segundo Fomilenio.
Domingo Méndez, miembro de los Aliados por la Democracia, dijo desconocer el fondo de la sentencia, pero manifestó que es un paso importante para despartidizar las instituciones del Estado.
“Marca un precedente porque debe haber idoneidad, capacidad, moralidad notoria y desvinculación partidaria en las instituciones del estado, de lo contrario estamos sujetos a una influencia partidaria que en este país no ha sido verdaderamente saludable”, externó el extitular de la CSJ.