La Asamblea Legislativa dejó ayer en firme la Ley de Usura al superar con 53 votos seis de las siete observaciones que el presidente Mauricio Funes le hizo la semana pasada a la normativa. En síntesis, los diputados ratificaron la fórmula que según ellos reducirá hasta en un 50 % los intereses que hoy se pagan por los distintos tipos de préstamos, tanto en el sistema financiero formal como el informal.
La decisión contó con el aval de todos los partidos, excepto el PDC. Además, algunos legisladores de Gana tampoco apoyaron superar las objeciones del Ejecutivo.
La Ley contra la usura había sido avalada en días pasados por el Congreso, pero fue devuelta posteriormente por el presidente con 7 reparos.
Los legisladores de la Comisión Financiera decidieron que de las observaciones del Ejecutivo, la única que debía ser avalada era la de ampliar el plazo de entrada en vigencia de la normativa a 30 días más.
Con esto, las instituciones financieras formales y los denominados prestamistas, así como el Banco Central de Reserva (BCR), tendrán 120 días para ajustar sus operaciones a la aplicación de la nueva ley.
En el resto de observaciones de Funes, las fuerzas políticas mayoritarias ARENA y el FMLN lograron en común acuerdo usar el factor de conversión del 1.6 para fijar el techo de las tasas de interés en los 18 tipos de créditos establecidos en la normativa.
Anteriormente, habían efectuado una diferenciación del multiplicador para establecer el techo de interés en las tarjetas de crédito en 1.5 y para el resto de préstamos en 1.6; sin embargo, los diputados acordaron homologarlo en 1.6 pese a la petición de Funes de elevar dicho factor de conversión a 1.8.
En este punto es el único que la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) dijo estar de acuerdo con Funes de acuerdo a una nota enviada a la Comisión Financiera de fecha 15 de enero de este año.
En el resto de reparos y de acuerdo con la carta de Abansa están a favor de mantener la redacción tal como la plasmaron los diputados, entre ellos, el de mantener la segmentación de los créditos tal como los aprobó la Asamblea y no dejarlo a discreción del BCR, como lo pedía Funes.
Según Abansa, de haberlo aceptado podría provocar una exclusión de los segmentos de la población de más bajos recursos a los préstamos.
En la ley ratificada ayer, los legisladores clasificaron los distintos tipos de créditos en personales, hipotecarios y productivos, entre otros, y cada uno de ellos conlleva una subsegmentación distinta.
El diputado del FMLN, Antonio Echeverría, explicó que de ahora en adelante cualquier persona que considere que se le está cobrando una tasa arriba del techo máximo establecido, podrá acudir a la Defensoría del Consumidor e incluso a la Fiscalía a denunciar el hecho.
El diputado de ARENA, Edwin Zamora, explicó que la ley también regulará al sector informal, registrándose en el BCR para informarse cada seis meses del máximo de interés a cobrar a sus usuarios.
Una vez entre en vigencia, la ley aplica para todos los saldos en créditos que estén pendientes a ese momento. Echeverría lo ejemplificó así: si se había firmado un crédito de $5,000 y al aplicar la ley sólo cuenta con un saldo pendiente de $1,000, a ese monto se le fijará la nueva tasa de interés.
El único que tildó que la Ley de Usura “legalizará” la usura fue Rodolfo Parker, del PDC.