El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha continuado sin mostrar avances en la generación de confianza con el sector empresarial, con pocos espacios de diálogo y escasas políticas para incluir a este sector en la toma de decisiones, sobre todo en el tema de reactivación económica, según el más reciente informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), denominado “El Salvador. Año político 2017-2018”.
“En los últimos 12 meses se observan pocos avances en la construcción de confianza entre el Ejecutivo y el sector privado. La recurrencia de problemas a lo largo de la administración del presidente Sánchez Cerén, así como la rigidez de la posición política del partido oficial, son factores que han generado el desgaste de la relación del mandatario con el sector empresarial, situación que se materializa en el magro desempeño de los espacios de diálogo y en una creciente brecha entre el discurso oficial y los resultados observados”, sostiene el informe del tanque del pensamiento, presentado este miércoles.
El análisis de Fusades advierte que esta relación de desconfianza con el sector empresarial ha provocado que el gobierno prefiera tomar medidas temporales a los principales problemas como la inseguridad y la economía, en lugar de debatir verdaderas políticas públicas con todos los sectores.
“El Ejecutivo ha privilegiado la adopción de estrategias temporales ante desafíos como la inseguridad pública y el bajo crecimiento económico, en detrimento de la búsqueda de políticas públicas que aborden de forma integral y permanente los retos del país en estas áreas”, advierte.
Fusades afirma que El Salvador tiene déficit de 54 mil empleos formales al año
El panorama sigue siendo gris para El Salvador con un bajo crecimiento, lenta inversión e incertidumbre.
Pese a que no ha recurrido al tono de confrontación, el Gobierno ha cerrado espacios al diálogo con el empresariado para poder propiciar acuerdos que permitan llegar a soluciones en materia de seguridad y economía, señala el análisis de Fusades.
Baja ejecución
Otro de los aspectos destacados por Fusades en su informe de evaluación del Gobierno es la poca capacidad que, según sostiene, ha tenido este para ejecutar su inversión pública.
“Por cuarto año consecutivo el Gobierno del presidente Sánchez Cerén no ha cumplido la meta establecida al inicio del quinquenio: ejecutar al menos el 70 % de la inversión pública programada anualmente”, advierte el documento.
Fusades se basa en el Informe de Avance del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) del Ministerio de Hacienda (MH), el cual detalla que para 2017 se invirtieron $621.82 millones de un total programado de $1,050.51 millones, lo que representa solo una ejecución del 59.2%.
Otro de los aspectos que señala Fusades es que ha habido una disminución en la ejecución de los programas sociales. “En cuatro años de gobierno del presidente Sánchez Cerén los programas sociales se han visto debilitados. Las dificultades financieras y la ineficacia administrativa han reducido la cobertura de los mismos. Los programas implementados son de corte asistencialista y este enfoque sin oportunidades de empleo limita su impacto en la mejora de la calidad de vida. Es difícil que en el último tramo de la actual administración se revierta el círculo de dependencia y pobreza”, sostiene el análisis.
La focalización de los subsidios aún es ineficiente, dice Fusades
La institución afirma que se necesitan “nuevas formas de focalización” de este dinero.
En este aspecto cabe destacar que el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ha destacado que la falta de financiamiento y el bloqueo en algunos créditos en la
Asamblea Legislativa ha provocado que estos programas no pudieran ser ampliados y mejorados.
En uno de los apartados del informe, Fusades también destaca aspectos sobre los comicios del pasado 4 de marzo, en los que considera algunas de las deficiencias por parte del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) para la ejecución de dichos comicios.
“El TSE continúa bajo un modelo concentrado que lo obliga a organizar y administrar las elecciones y, a su vez, a aplicar justicia electoral, con un déficit importante en esta última área y una creciente desconfianza hacia la primera producto, principalmente, del caos en las elecciones de 2015”, consideró.
En esa misma línea, señalaron que los procesos de elección de 2015 y 2018 dejaron en evidencia la necesidad de discutir una reforma electoral integral en la que participen todos los sectores involucrados y en la que se analice el impacto de los cambios al sistema, tanto en el Código Electoral como en la Constitución de la República.