Desalojo de las familias de El Espino enfrenta al Idhuca con el juez

La entidad universitaria pide la destitución del juzgador por violar derechos humanos, pero él asegura que actuó apegado a derecho.

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Para soportar la lluvia y el sol, las familias desalojadas de la finca El Espino, han levantando champas provisionales en el arriate del bulevar cercano al edificio de la Cancillería. Foto EDH/ René Estrada

Por Gadiel Castillo

2018-05-25 8:54:32

A raíz del desalojo de las familias de la comunidad El Espino el 18 de mayo, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) presentó el pasado lunes una denuncia ante la sección de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia contra el juez de paz de Antiguo Cuscatlán, José Palma Trejo por vulnerar derechos de los desalojados.

De acuerdo con José María Tojeira, director del Idhuca, con esta denuncia pretenden la destitución del cargo del juzgador, pues incumplió sus deberes respecto a las personas y de actuar con el debido cuidado, eficiencia y responsabilidad. “Desempeñó su cargo con actitud e ineficiencia manifiesta”, asegura.

“Un juez que no cumple la Constitución es un juez que debe ser destituido de su cargo”, añade el director del Idhuca.

Según el Idhuca, el juez antes de ordenar el desalojo no estimó que varios de los derechos de las familias estaban en riesgo y no le “importó” que el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano(VVDU) no hubiese cumplido “efectivamente” con la obligación de buscarles un lugar para su reubicación.

“Él, como funcionario judicial, es parte del Estado y por ello no podía desatender lo que la Sala de lo Constitucional declaró en su sentencia definitiva, la cual detallaba que el Estado debía velar por los intereses de los grupos vulnerables, así como garantizar a las personas vivir en condiciones dignas”, manifestó Tojeira.

Para el Idhuca, el juez solo se inclinó a favor de la devolución del terreno. “El juez fue negligente al no verificar si las familias necesitaban sacar alimentos, ropa, medicina, productos de limpieza personal entre otros”, criticó Tojeira.

La defensa del juez

Pero el juez José Palma dice que la orden de desalojo que emitió fue apegada a derecho y que si se violaran derechos, la misma Sala de lo Constitucional no hubiera respaldado la resolución dada. “No puedo antojadizamente decir: ‘no cumplo la sentencia’, sino incurría en un delito”, afirma el juzgador.

A decir de Palma, la denuncia interpuesta por el Idhuca solo refleja desconocimiento del proceso, pues no tomaron en cuenta que la sentencia ya había pasado por todos los filtros procesales.

“Había sido confirmada la apelación, incluso llegó a casación a la Sala de lo Civil y tampoco hubo efecto favorables para ellos; en la Sala se conoció doblemente y fue confirmada la sentencia”, asegura.

Con respecto a que el Vivienda no tenía un lugar para reubicar a las familias, dice que esas no eran sus funciones, sino que del gobierno.

“El buscarle vivienda, alimentación, algún terreno, medicina, no es facultad del juez. El padre Tojeira y el Idhuca no han hecho nada por estas personas durante 4 años y de forma hipócrita ahora que finalizó el proceso quieren velar por los derechos ellos”, cuestionó Palma.

Sobre la crítica del Idhuca de que solo se inclinó a devolver el terreno, el juez le reitera la crítica: Idhuca tuvo la oportunidad de actuar en la audiencia y defender los intereses de las personas y no lo hicieron.

“No lograron probar todo lo que se ha dicho: ‘que tengo derecho porque tengo tantos años, porque nací y trabaje ahí; no pueden probar eso en el proceso y si no lo pueden hacer después vienen a querer decir que el juez esta parcializado. Solo he cumplido con mi obligación”, responde el juez.