El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó este martes a 30 años de cárcel a cuatro delincuentes por el delito de secuestro en perjuicio de una víctima protegida con la clave “Arnulfo”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho fue cometido el 26 de enero de 2016 a la altura del desvío de El Delirio, sobre la Carretera del Litoral, Usulután, dijo la entidad fiscal en un comunicado.
De acuerdo a las investigaciones, “Arnulfo” fue engañado para realizar un viaje en horas de la noche a dos mujeres desde la ciudad de Usulután hasta San Miguel; sin embargo, en el sector antes mencionado el automóvil fue interceptado por una camioneta todo terreno de la cual se bajaron dos individuos, encapuchados quienes lo privaron de libertad.
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El sujeto, de 60 años de edad, fue condenado a 14 años de prisión. Hechos ocurrieron en febrero de 2016 en el municipio de Juayúa, Sonsonate
Los delincuentes le quitaron a la víctima un total de $1,500, que llevaba en el momento y a sus familiares les exigieron como rescate $13,000 más, los ofendidos posteriormente acordaron entregarles otros $900 a los imputados por lo que de forma rápida liberaron a “Arnulfo” en horas de la madrugada del siguiente día.
Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado
FGR logró que cuatro secuestradores del oriente del país sean sentenciados a 30 años de cárcelhttps://t.co/QcTBgf3ZZl— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 22 de mayo de 2018
Tras negociar con los delincuentes, tanto “Arnulfo”, como sus familiares se comprometieron a pagar en cuotas la cantidad de $5,000. Los ofendidos se vieron obligadas a realizar entregas del dinero en efectivo e incluso hubo hasta un depósito bancario, este último sirvió para que las autoridades dieran seguimiento al caso.
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Los agentes fueron condenados por el delito de fraude procesal, indicó la Fiscalía
Los involucrados, quienes responden a los nombres de Gerardo Francisco Flamenco Flores, Abraham Arturo Sánchez Zelaya, Ana Daysi Romero Lozano y Geovanni Alexander Flores, fueron detenidos mediante órdenes administrativas el 18 de mayo de ese mismo año.
La abundante prueba (documental, pericial y la testimonial) con la cual se demostró la participación criminal que cada uno de los implicados en el caso facilitó su remisión ante la justicia, señaló la entidad fiscal.