La Fiscalía General de la República (FGR) buscará despojar de bienes e inmuebles por un valor de 15 millones de dólares del patrimonio familiar del fallecido expresidente Francisco Flores en el proceso de extinción de dominio.
La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía pidió la mañana de este martes al Tribunal Quinto de Sentencia los informes financieros sobre el patrimonio del exmandatario para anexarlos al referido proceso.
“Son pericias financieras del patrimonio del expresidente (Flores) y las pericias de unos donativos que se han realizado”, dijo uno de los fiscales de extinción de dominio.
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Hasta el momento, la Fiscalía ha intervenido nueve propiedades a la familia del expresidente. El valor de los inmuebles oscilan entre uno y dos millones de dólares, según el fiscal.
El Tribunal Quinto de Sentencia ha programado para el 20 de abril próximo el juicio por responsabilidad civil en contra del Francisco Flores. Este juicio es distinto al proceso de extinción de dominio.
El 9 junio de 2017, el mismo tribunal había pospuesto la audiencia por tiempo indefinido para concluir diligencias pendientes y para que los juzgadores pudieran conocer y evaluar el valor de la herencia del exmandatario, fallecido el 2 de febrero de 2016 a los 56 años.
La Fiscalía de El Salvador comenzó el 6 de junio pasado el proceso de extinción de dominio de 9 propiedades dejadas por el difunto expresidente y que quedarán bajó la tutela temporal del Consejo Nacional de Administración de Bienes.
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Las propiedades intervenidas, que suman más de 1,84 millones de metros cuadrados, están ubicadas en los departamentos de Usulután (sureste), Ahuachapán (oeste), Santa Ana (noroeste) y La Libertad (centro).
El exmandatario se apropió, según la Fiscalía, de 5 millones de dólares y otros 10 fueron depositados en cuentas de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), bajo cuya bandera gobernó el país centroamericano.
Tras el fallecimiento de Flores concluyó su responsabilidad penal, pero no la obligación civil por los cargos de corrupción de los que fue acusado, “que tendrá que ser determinada”, explicó en su momento la parte querellante, que además señaló que “en caso de existir, hay que seguir un procedimiento para la recuperación, por parte del Estado, de esos bienes”.