El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador emitirá el 9 de marzo próximo el fallo que corresponde a la audiencia preliminar del supuesto caso de corrupción conocido como Infocentros.
Por el mismo el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci, y el exdirector de los Infocentros, Sigfredo Figueroa, son acusados de haberse apropiado de 6.1 millones de dólares del BMI a través de transacciones supuestamente ilegales a los Infocentros.
El Juzgado Cuarto de Instrucción decidirá si Angelucci y Figueroa serán enjuiciados o son exonerados de los cargos penales de peculado y negociaciones ilícitas.
La lectura de la resolución estaba prevista para el 27 de febrero pasado, pero por lo voluminoso del proceso, el juzgado decidió posponerla para el 9 de marzo, según voceros del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.
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Los fiscales del caso han señalado que Angelucci lanzó el proyecto “Red de Desarrollo” para trasladar los fondos de forma ilegal del BMI hacia los Infocentros.
El proyecto Red de Desarrollo pretendía facilitar, a través de nuevas tecnologías de la comunicación, la divulgación y acceso a los servicios del Gobierno para agilizar los trámites de la pequeña y microempresa.
Lo anterior sería posible con la suscripción de siete convenios de cooperación con instituciones públicas que facilitarían esos servicios a través de los Infocentros, según Angelucci.
Señala a Funes de “fabricar” el caso
En su defensa, Angelucci señala que el supuesto caso de corrupción por el que se le procesa fue “fabricado” por el expresidente Mauricio Funes y el exfiscal general Luis Martínez para desviar la atención en relación con las investigaciones que se llevaban en contra del exmandatario.
“La acusación (en mi contra) es una aberración jurídica”, dijo Angelucci, quien agregó que “no tiene lógica ni sustento probatorio porque no existió delito…Este caso es una herencia de los tiempos y extorsiones políticas”.
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Agregó que la acusación en su contra “no es más que un caso viciado heredado de la Fiscalía de Luis Martínez”.
Aseguró que “es un caso de supuesta corrupción donde no hay ni un cinco que haga falta”, y remarcó que “no hay acusación de apropiación de dinero ni de mal uso de fondos”.
Angelucci señala que la acusación fiscal está sustentada en que el BMI no tenía facultades para poder suscribir convenios de cooperación entre la referida institución, entidades públicas y los Infocentros.
“Lo que extraña es que la acusación de la Fiscalía en los medios es distinta a la que presenta en los tribunales”, dijo Angelucci y agregó que “ese doble discurso parece estar diseñado para enlodar mi reputación, en vista de que mi caso no tiene pruebas (en contra)”.
Señala que la Red de Desarrollo a través de los Infocentros fue una política de Gobierno y que la acusación de ser el artífice del proyecto para beneficio personal es falsa.
La Fiscalíaseñala a Angelucci que conocía que la junta directiva del BMI estaba actuando fuera de la Ley y aún así lo permitió.
Para desvirtuar ese señalamiento, Angelucci señala que el presidente del BMI está en una posición jerárquicamente inferior a la Junta Directiva según el artículo 13 de la referida ley, por loque no estaba en su poder permitir o no permitir la ejecución de una decisión acordada por la Junta Directiva.
“Es jurídicamente inaceptable que la Fiscalía acuse a quien lo permitió y no a quien cometió el supuesto ilícito”, dijo Angelucci.
La Corte de Cuentas supervisó muchos convenios que suscribió el BMI con entidades públicas y privadas y nunca observó ningún incumplimiento de ley, señaló. De igual manera el Banco Central de Reserva tampoco hizo observaciones de incumplimiento a la ley, sostuvo.
Cuestionó que la Fiscalía hiciera caso omiso de que el ciento por ciento de supervisión, control y autorización de desembolsos en el BMI cuentan con documentos que respaldan cada una de las operaciones.
Angelucci destacó que hasta el actual el ministro de Educación, Carlos Canjura, ha respaldado la buena ejecución del convenio que el BMI suscribió con esa cartera de Estado al destacar que “los servicios fueron brindados tal como lo expresa el convenio, pero solamente se cuenta con la base de datos de las personas que se certificaron durante el período del convenio, para lo cual se adjunta el listado con las sedes autorizadas”.
Las peritos juramentadas por el juzgado Cuarto de Instrucción también concluyeron que los desembolsos se realizaron según lo estipulado en el convenio, señala Angelucci.