Entre los más de 400 pandilleros recluidos en los presidios de Izalco, en Sonsonate, y de Zacatecoluca, en La Paz, a quienes ayer se les notificó que serán procesados por nuevos delitos, hay cuatro cabecillas de la MS a nivel nacional.
El Ministerio Público sumó a Eduardo Erazo Nolasco, (a) Mustage de Wester; Borromeo Henríquez Solórzano, (a) Diablito de Hollywood; Saúl Antonio Turcios, (a) El Trece de Teclas, y Dionisio Arístides Umanzor, (a) El Sirra, los delitos de homicidio y organizaciones terroristas.
Ellos están recluidos en el penal de Máxima Seguridad y gozaron de los beneficios que el gobierno de Mauricio Funes les brindó a los cabecillas de las pandillas en el marco de la tregua.
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Ayer fueron detenidos los dueños de ranchos Las Tunas y Clemente. Héctor Melgar, uno de los detenidos dijo que todo se trata de un show.
Las autoridades señalaron ayer que a algunos de los convictos -a quienes se les imputan nuevos delitos- saldrían en libertad próximamente, porque están por cumplir sus condenas.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, reconoció que estar recluidos no les impidió a los jefes de la pandilla seguir ordenando hechos delictivos.
Él agregó que el rol de las personas que fueron detenidas durante la Operación Cuscatlán era hacerse pasar como propietarios de negocios que aparentaban estar legalmente establecidos, pero que eran sostenidos con dinero obtenido de forma ilícita.
“El contacto (entre los reclusos y sus colaboradores en libertad) fue porque durante mucho tiempo se permitió que los cabecillas tuvieran comunicación hacia afuera”, señaló Ramírez Landaverde.
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Para evitar que los jefes de las pandillas continúen girando órdenes a sus bases desde la prisión, el ministro señaló la necesidad de que la Asamblea Legislativa prorrogue las medidas extraordinarias en las cárceles.
Según él, la puesta en marcha de estas acciones ha permitido cortar la comunicación entre los pandilleros.
“Sin mayor dilación es necesaria la prórroga de medidas extraordinarias, para que el sistema penitenciario no continúe constituyendo un peligro para la seguridad de los salvadoreños”, dijo.
