La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por las muertes “naturales” que se dan en las prisiones de El Salvador por el recrudecimiento del régimen de seguridad como parte de una ofensiva contra las pandillas, dijo este miércoles el fiscal general, Douglas Meléndez.
“Hemos iniciado una investigación” porque “tenemos información de cantidades de muertes naturales en los centros penales por enfermedades e inanición. Debe revisarse esa parte porque deben hacerse prevalecer los derechos de los imputados”, apuntó escuetamente Meléndez en una rueda de prensa.
Esta situación también ha sido denunciada por organizaciones sociales, que piden el cese de una serie de medidas “extraordinarias” de seguridad en las cárceles que, a su juicio, vulneran los derechos de los presos.
Eugenio Chicas considera que es importante sostener las medidas extraordinarias
Agregó que respetan todas las opiniones, pero que para el gobierno la presión más importante es el clamor de la población por mejorar las condiciones de seguridad en el país.
En esta misma línea, la relatora de la ONU, Agnes Callamard, pidió el fin de estas medidas “crueles e inhumanas” en las cárceles con pandilleros porque son “ilegales” y riñen con los parámetros de respetos a los derechos humanos.
“Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos”, señaló Callamard al dar cuenta a la prensa sobre sus hallazgos en el país durante su visita entre el 25 de enero y 5 de febrero.
Dichas medidas, que fueron aprobadas por el Congreso en 2016 y tienen vigencia hasta el próximo abril, incluyen la suspensión de las visitas de las familias y el aislamiento total en las celdas, entre otras.
Funcionarios y analista a favor de continuidad de medidas seguridad
Presidencia, diputados y exministro consideran que esta iniciativa ha reducido el accionar de las pandillas.
Un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dado a conocer a inicios de julio pasado, señala que existe una “grave crisis de salud al interior de los centros penitenciarios”, principalmente por el incremento del 400 por ciento en los casos de tuberculosis desde 2016 por el recrudecimiento del régimen carcelario.
Datos del Ministerio de Seguridad detallan que hasta mediados de diciembre los casos de tuberculosis superaron los 700 en las prisiones, que tienen una sobrepoblación superior al 300 por ciento.