La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General está en contra de que los magistrados de la Cámara a Primera de lo Civil dejen de conocer el proceso que se le sigue al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, y su esposa Gloria de García, quienes son acusados de enriquecerse ilícitamente con más de $193 mil.
Los apoderados legales de la pareja acusada han pedido la recusación de los magistrados Henry Edmundo Macall Zometa y Saúl Ernesto Morales por considerar que están “parcializados”. Esto a raíz de que el 10 de enero interrumpieran la audiencia probatoria en contra del exfuncionario y su cónyuge a petición de la Fiscalía.
La solicitud de los fiscales fue para darle un plazo prudencial a un profesional que está completando un informe pericial relacionado a puntos que ya habían sido admitidos en la audiencia previa.
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Acusación fue respaldada en el juicio civil contra el exfuncionario con dos auditorías de la Corte de Cuentas
La resolución de los magistrados fue cuestionada por los abogados de García Calderón y han pedido que no sigan conociendo la demanda.
“Como Fiscalía nos oponemos a la solicitud de los apoderados en virtud que la denegatoria de una solicitud de cualquiera de las partes en audiencia no representa causal para promover recusación, ya que no se puede advertir la parcialidad de un juzgador”, dijo un fiscal que el jueves presentó el jueves el escrito en la Cámara.
El delegado de la Fiscalía señaló que la decisión de los magistrados de mandar a ampliar el informe pericial tiene fundamento legal, pues la legislación civil establece que no se podrá realizar la audiencia probatoria, sino “se ha evacuado o producido en su totalidad toda la prueba admitida previamente”.
Fiscalía con 42 pruebas contra García Calderón
Pidió a la Cámara Primera de lo Civil realizar un peritaje financiero contable. El monto de $183 mil, demandado al expresidente de la CSJ, podría incrementar.
García Calderón estuvo al frente del máximo tribunal entre 2000 y 2009. En febrero del año pasado, los magistrados de la CSJ ordenaron congelar las cuentas bancarias y el secuestro de varios vehículos del exfuncionario tras considerar que existían indicios razonables de enriquecimiento ilícito.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público están dos auditorías de la Corte de Cuentas de la República (CCR), hechas entre 2002 y 2007, las cuales establecen que la CSJ contrató seguros médicos y de vida sin seguir procesos legales.
Durante la gestión de García Calderón, la Sección de Probidad fue limitada en sus funciones para investigar a funcionarios o exfuncionarios por indicios de enriquecimiento ilícito.