La posible cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) afectaría tanto a los salvadoreños que lo poseen como a quienes viven en El Salvador.
El país no cuenta con las condiciones necesarias para lograr que los 195,000 salvadoreños con TPS y sus más de 192,000 hijos nacidos en Estados Unidos logren restablecer sus vidas en El Salvador.
Además, por años, los salvadoreños con TPS han ayudado a la economía del país a través del envío de remesas. Una encuesta realizada por el Centro para Investigación de Migración de la Universidad de Kansas, detectó que el 76.7% de los salvadoreños y hondureños con TPS envían remesas a sus países de origen.
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Según la encuesta, en promedio, el envío mensual es de $269. Las mujeres, aunque ganan menos que los hombres, envían el 11% de sus salarios al mes, mientras que los hombres envían el 8% de sus ingresos mensuales.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016 indicaba que 382,734 hogares en El Salvador reciben remesas. Ese año el país recibió $4,576 millones en remesas, de acuerdo a datos del Banco de Central de Reserva.
Según un estudio del Center for Migration Studies (CMS), 45,500 hogares de salvadoreños con TPS tienen hipoteca. El perder los permisos para trabajar legalmente podría llevar a juicios hipotecarios.
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Pero además del impacto económico, la separación familiar es una de las principales preocupaciones de las comunidades de salvadoreños con TPS y de las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes.
Óscar Chacón, director de Alianza Américas, una importante red que reúne organizaciones de migrantes y promigrantes, explica los riesgos que corren las familias. “En el caso hipotético de que los padres de familia enfrentaran una deportación inminente, lo mas prudente sería hace arreglos legales que transfieran la tutoría de los menores de edad a una persona especifica”, dice. Ya que en caso de que no haya ningún mayor de edad que pueda quedar legalmente a cargo de los hijos menores de edad de beneficiarios del TPS, la autoridad legal o estatal podría hacerse responsable de los niños.
El CMS destacaba que solo el hecho de enfrentar el miedo a la separación familiar, puede generar efectos negativos en los niños. Chacón añade que aún no saben a ciencia cierta cuáles serán las implicaciones en cuanto a responsabilidades financieras que podría enfrentar una persona deportada. “Considerando la concentración de poseedores de TPS, eliminar el TPS puede conllevar repercusiones económicas negativas para comunidades enteras”, destacaba el artículo del CMS.
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