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Sala de lo Constitucional ve en reformas a Extinción de Dominio indicios de “fraude a la Constitución”

Añade que Asamblea se contradice al emitir una ley contra corrupción y luego debilitarla.

A inicios de marzo de este año, la Fiscalía le incautó 12 propiedades al diputado Reynaldo López Cardoza, días después que fue absuelto de enriquecimiento ilícito. Foto EDH / Archivo

Por Ricardo Avelar

Ago 12, 2017- 19:23

El viernes 11 de agosto, la Sala de lo Constitucional suspendió la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen y Destinación Ilícita (LEDAB)que el 18 de julio 43 diputados aprobaron.

Estas reformas, que contaron con el aval del FMLN, GANA, algunos diputados del PCN y la legisladora Claudia Rodríguez de ARENA, debilitan el alcance de la ley y fueron ampliamente criticadas por organizaciones de sociedad civil, la Fiscalía General de la República y la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes.

Sala suspende reformas a Ley de Extinción de Dominio

Sin embargo, en su resolución la Sala de lo Constitucional va más allá y además de criticar que las reformas debilitan el alcance de la ley, considera que su aprobación puede constituir un fraude a la Constitución.

En curso un proceso de inconstitucionalidad

El 7 de junio de 2013, se aprobó la Ley de Extinción de Dominio, la cual busca socavar la base económica del crimen organizado por medio de la persecución de bienes y capitales adquiridos ilícitamente.

En 2014, el abogado Luis Mario Pérez Bennett interpuso una demanda en contra de esta ley, abogando que esta viola preceptos constitucionales como la garantía a la propiedad privada o la no retroactividad de la ley.

En el examen de constitucionalidad iniciado a raíz de la demanda, la Sala ha notado los preceptos en que se basa la ley, los cuales giran en torno a al persecución del crimen organizado y el cumplimiento de normativas internacionales en la materia.

Reformas a extinción de dominio generan polémica

Sin embargo, a juicio del máximo tribunal constitucional, las reformas aprobadas en julio establecen una contradicción, pues la Asamblea se comprometió con esos principios tras la LEDAB pero años después debilita su capacidad de perseguir la corrupción y los bienes ilícitos.

“Si bien la incoherencia institucional de la Asamblea Legislativa no es una razón suficiente para invalidar las reformas a la LEDAB, sí puede ser considerada como un indicio de fraude a la Constitución”, reza la resolución de la Sala.

Sobre esta incoherencia, el tribunal añade: “se afirma que se ejerce la competencia atribuida por la Constitución para perseguir la adquisición o destinación ilícita de los bienes, pero luego se debilitan o anulan las herramientas legales de las que puede disponer tanto la FGR como los tribunales competentes para combatir el crimen organizado y la corrupción”.

Asamblea aprobó reformas con un voto de ARENA

Es decir, a juicio de la Sala es inconsistente emitir un instrumento que permite perseguir los bienes o el dinero surgidos de actividades ilegales, y luego debilitarlo y “quitarle dientes”.

Según la resolución del pasado viernes, esta contradicción es suficiente para que la Sala empiece el estudio de constitucionalidad de las polémicas reformas aprobadas el 18 de julio.

Esto, pues a pesar de no haber sido solicitado por el ciudadano demandante, Pérez Bennett, la Sala tiene la facultad de decretar por iniciativa propia medidas cautelares.

En este caso, explica el tribunal que las reformas cambian la LEDAB de tal manera que el estudio de constitucionalidad que se encontraba realizando se dificulta.

“Esta circunstancia obliga al tribunal a entrar en el análisis de si es posible ejercer control constitucional” a una normativa que ha sido modificada. Además, algunos de los cambios, dice la Sala, “establecen regulaciones opuestas a las que se encontraban vigentes en el momento de la formulación de la pretensión de inconstitucionalidad”.

“Debieron haber esperado”

De acuerdo a Luis Mario Pérez Bennett, quien interpuso la demanda contra la LEDAB, los diputados debieron haber esperado a que la Sala resolviera para hacer los cambios. De lo contrario, explica, era lógico que el tribunal constitucional encontrara un posible fraude a la Constitución.

El jurista considera que esta ley se puso de moda a raíz del estudio del patrimonio de varios políticos, por lo que no le sorprende “el oportunismo” de quienes le quitaron cambiaron la ley “sin estudio técnico y basaos en intereses particulares”.

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